Sindicales
6/8/2026
La rebelión de judiciales de Córdoba obligó a Llaryora a dictar la conciliación obligatoria
La ofensiva contra los salarios encontró una respuesta sostenida desde las bases. El plan de lucha que pone nervioso al gobierno.
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Las masivas movilizaciones de miles de judiciales a Tribunales I, realizadas el jueves y el lunes, marcaron el punto más alto de un conflicto salarial que el gobierno de Martín Llaryora, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la burocracia sindical ya no pudieron contener. La respuesta fue el dictado de la conciliación obligatoria, un intento por frenar una rebelión que venía ganando fuerza en cada asamblea, en cada paro y en cada movilización. La ofensiva contra los salarios judiciales encontró una respuesta sostenida desde las bases, quebrando la política de resignación que pretendían imponer el gobierno y las autoridades del Poder Judicial.
La derrota de la burocracia sindical y la presión de las bases
Pero la crisis no alcanza solamente al Ejecutivo y al TSJ. También expone la profunda debilidad de la conducción del gremio encabezada por Federico Cortelletti. Luego de militar la aceptación de la primera oferta salarial del gobierno e intentar imponer el miedo a los descuentos como mecanismo para desmovilizar a los trabajadores, la burocracia sindical sufrió un duro revés político al ser derrotada en las dos últimas asambleas extraordinarias por el voto de las bases.
Ese cambio en la relación de fuerzas dejó a la conducción sin margen para seguir monopolizando las decisiones del conflicto. La convocatoria al resto de las agrupaciones para participar de la mesa de negociación no fue una decisión voluntaria ni una apertura democrática impulsada por la dirección sindical. Fue el resultado de la presión de las bases y de la crisis política abierta tras las derrotas sufridas en las asambleas extraordinarias.
Conciliación obligatoria y mesa de negociación
En ese marco, el próximo viernes a las 10 de la mañana se realizará la primera audiencia de la conciliación obligatoria. De la reunión participarán representantes del gobierno provincial, del Tribunal Superior de Justicia y de las tres agrupaciones que hoy intervienen en el conflicto: Confluencia, A16N y La Judicial. La presencia de todas las agrupaciones en esa instancia constituye una conquista política de las y los trabajadores, que con su movilización lograron quebrar el intento de la burocracia de concentrar la representación del conflicto.
El mandato de la asamblea
Lejos de significar una desmovilización, las y los judiciales llegarán a la mesa de conciliación con un mandato votado en Asamblea Extraordinaria que fija objetivos precisos: una recomposición salarial mínima del 25%, con un aumento inicial, inmediato y remunerativo del 15% para todas las categorías y un adicional del 2% mensual sobre los incrementos que otorgue la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta alcanzar esa meta; el cumplimiento efectivo del acuerdo de equiparación firmado en 2025; y que ningún trabajador o trabajadora perciba un salario inferior al valor de la Canasta Básica Total.
Además, se exige la devolución de todos los descuentos salariales y el compromiso de no aplicar nuevos descuentos; la derogación del Memorando 1/2026 de la Fiscalía General, por constituir un ataque al derecho de huelga; y garantías de igualdad de trato para que cualquier mejora salarial otorgada a otros sectores del Poder Judicial alcance también a empleados y empleadas. Asimismo, la Asamblea resolvió que las medidas de fuerza solo podrán levantarse ante una propuesta concreta del Tribunal Superior de Justicia, la cual deberá ser considerada inmediatamente por una nueva Asamblea Extraordinaria.
Un plan de lucha en ascenso, el temor del gobierno
Este programa estuvo acompañado por un plan de lucha en ascenso que contemplaba 60 horas de paro, paros activos con asambleas, radios abiertas y carpas, clases públicas, una movilización provincial y una nueva Asamblea Extraordinaria para resolver la continuidad del conflicto. La conciliación obligatoria irrumpió cuando esa perspectiva comenzaba a desarrollarse. El temor del gobierno de Llaryora no radica únicamente en el conflicto judicial, sino en que esta experiencia se transforme en un punto de apoyo para el conjunto de los trabajadores estatales cordobeses, demostrando que es posible enfrentar el ajuste salarial mediante la organización desde las bases.
La conciliación obligatoria no resuelve ninguno de los reclamos que originaron el conflicto. Por el contrario, abre una instancia de negociación en la que el gobierno y el TSJ deberán responder a un mandato votado democráticamente por las y los trabajadores. El resultado dependerá de la capacidad de sostener la organización y la movilización, y de impedir que la conciliación se transforme en un mecanismo para dilatar las respuestas.
Por eso es indispensable rodear esta lucha de la más amplia solidaridad. Cada sindicato, cada cuerpo de delegados, cada organización estudiantil, social y política tiene el desafío de apoyar activamente a quienes hoy están enfrentando el ajuste salarial impuesto por el gobierno provincial y las autoridades del Poder Judicial.
Las y los judiciales han dado una lección para todo el movimiento obrero. Demostraron que es posible derrotar el inmovilismo de la burocracia sindical, imponer un programa votado democráticamente en asamblea y obligar al gobierno y al Tribunal Superior de Justicia a retroceder y sentarse a negociar. Si ganan las y los judiciales, ganamos todos.
