Histórica lucha de judiciales de Córdoba desafía el ajuste salarial de Llaryora

La lucha de los trabajadores judiciales de Córdoba por una efectiva recomposicion salarial atraviesa un momento decisivo. Luego de meses de medidas de fuerza, asambleas y movilizaciones, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) junto al gobierno de Martín Llaryora persisten en una política de ajuste, sin ofrecer una respuesta al reclamo de recomposición salarial y profundizando las represalias contra quienes ejercen el derecho constitucional de huelga.

Lejos de retroceder, los trabajadores resolvieron profundizar el plan de lucha. Durante la semana se desarrollan asambleas, retiros y movilizaciones en Capital, el Ministerio Público Fiscal y el interior provincial, con una nueva movilización a Tribunales I y la convocatoria a una Asamblea General Extraordinaria el proximo martes en la que las y los judiciales volverán a debatir colectivamente cómo continuar la pelea hasta conquistar sus reivindicaciones.

La jornada de lucha del pasado jueves fue historica, no solamente por la presencia de más de mil judiciales sino porque expresó al conjunto de las reparticiones que salieron a reclamar enfrentando la orientacion represiva de la patronal. A la protesta se sumaron funcionarios y magistrados autoconvocados, lo que da cuenta del tenor de un reclamo que no pueden doblegar quienes gobiernan.

Precisamente Llaryora sabe que la rebelión judicial puede impactar en otros gremios, y más cuando existe una cláusula que establece que si la Provincia otorga una mejora salarial adicional a otro sector estatal durante la vigencia del acuerdo, ese mismo beneficio debe aplicarse automáticamente a los docentes. La decisión de descontar los días de paro implica, en numerosos casos, quitas que superan un tercio del salario mensual. Se trata de una medida confiscatoria y persecutoria, orientada a quebrar una lucha que lleva dos años de organización.

Además del reclamo salarial hay que tener en cuenta la cuestion de los descuentos compulsivos para la Caja de Jubilaciones de Córdoba, en la que Llaryora “ahorra” a costa de municipales y todos los estatales. Por eso, el Gobierno provincial y el TSJ pretenden disciplinar a los trabajadores mediante descuentos salariales, en lugar de responder al legítimo reclamo por salarios que recompongan el poder adquisitivo.

A esta ofensiva se suma el memorando dictado por el Fiscal General, que impone un régimen de guardias mínimas durante las medidas de fuerza. La disposición constituye un nuevo ataque al derecho de huelga, reconocido por la Constitución Nacional y por los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo.

La respuesta no se hizo esperar. Delegados y representantes de la oposición presentaron notas al sindicato, al Fiscal General y a la Dirección de Recursos Humanos exigiendo que se deje sin efecto este memorando por su carácter inconstitucional y por vulnerar un derecho fundamental de los trabajadores.

El reclamo por la recomposición salarial y por la derogación de los aportes extraordinarios a la Caja de Jubilaciones y al APROSS afecta al conjunto de los trabajadores estatales de Córdoba. La pérdida del poder adquisitivo, el ajuste previsional y los tarifazos sobre la salud forman parte de una misma política de ajuste impulsada por los gobiernos nacional y provincial, cuyos costos recaen sobre quienes viven de su trabajo.

Por eso, resulta indispensable que Federico Cortelletti y el conjunto de las organizaciones sindicales estatales rompan el aislamiento de los conflictos y convoquen a un paro general provincial, con un programa común que unifique los reclamos: derogación de los aportes extraordinarios, recomposición salarial inmediata para los judiciales y el conjunto de los estatales, y el cese de las represalias y los descuentos contra quienes ejercen el derecho de huelga.

La lucha de los judiciales, que ya lleva dos años consecutivos, ha demostrado una enorme firmeza. A pesar de las presiones y las sanciones, miles de trabajadores sostienen asambleas, movilizaciones y paros en defensa de un salario digno. Con medidas de fuerza de hasta 72 horas lograron abrir en dos oportunidades una mesa de negociación que el Gobierno se negaba a conceder.

Sin embargo, la burocracia sindical ha actuado en sentido contrario. Mientras las bases impulsan la continuidad y profundización del plan de lucha, la conducción del gremio ha buscado desmovilizar el conflicto, justificar los descuentos y defender una propuesta salarial completamente insuficiente. El rechazo masivo de esa oferta por parte de las asambleas significó un duro revés para una conducción que pretendía cerrar la paritaria sin conquistar los reclamos.

La conducción de Cortelletti persiste en su orientación derrotista, en las últimas asambleas persistieron las provocaciones y los intentos de responsabilizar a la oposición y a las bases por el desarrollo del conflicto. La lucha de los judiciales marca un camino para todo el movimiento obrero cordobés. Es una verdadera rebelión contra el ajuste del poder político y judicial y contra las direcciones sindicales que administran la pérdida salarial de los estatales.

El gobierno de manera inmediata debe retomar la negociación y hacer una propuesta superadora que incluya: devolución de los descuentos y dejar sin efecto el memo disciplinario, exigimos una recomposición salarial en base a la pérdida del poder adquisitivo. Ningún judicial bajo la línea de la pobreza.

La patronal ha reconocido como legítimo el reclamo, por lo que no se puede restringir el derecho a huelga de los judiciales. Llamamos al conjunto de los trabajadores, a las organizaciones sindicales, estudiantiles, sociales y de derechos humanos, y a toda la sociedad cordobesa a rodear de solidaridad activa esta pelea. La victoria de los judiciales fortalecerá todas las luchas contra el ajuste. Si ganan los judiciales, ganamos todos.