Han pasado diez meses desde que Tehuel de la Torre desapareció en la localidad de Alejandro Korn, el 11 de marzo del año pasado. Durante este tiempo tanto el activismo como la familia han denunciado las diversas irregularidades en la causa, y ningún funcionario ha dado respuestas concretas ni rindió cuentas públicamente frente a la desaparición del jóven trans. Tampoco se atendieron las necesidades que sufre la comunidad travesti-trans-no binarie que rodean su desaparición, como la falta de trabajo genuino. La responsabilidad del Estado es total.

El último dato relevante que se dio a conocer sobre la causa fue el cambio de carátula de averiguación de paradero a homicidio agravado por odio de género. Echando por tierra las posibilidades de encontrarlo con vida y dándolo por muerto, aunque no se encontraron pruebas suficientes para hacer dicha afirmación. Esto demuestra que el mismo Estado que no puso a disposición todos los elementos necesarios para encontrarlo con vida, y ahora pretende barrer bajo la alfombra el reclamo sostenido por su aparición con vida y cancelar su búsqueda.

La falta de declaraciones públicas sobre el estado de la causa por parte de la fiscal Karina Guyot, el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni y Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires van en este mismo sentido. Si bien en los primeros meses realizaban alguna publicación por redes sociales, con el pasar de los mismos se han ido llamando al silencio. El último en abrir la boca fue Berni, quien realizó una declaración completamente autoincriminatoria respecto a la tardanza por parte de la policía bonaerense en no haber comenzado inmediatamente su búsqueda.

Bajo la misma línea, las organizaciones LGBT ligadas al oficialismo durante estos 10 meses de lucha y búsqueda han actuado en pos de desarticular la organización del movimiento. Estas fuerzas fueron tributarias a las distintas maniobras que van en el sentido de ocultar la responsabilidad de funcionarios y del gobierno en este caso, y también en ocultar las precarias condiciones de vida que han llevado a la población trans a la miseria.

La marcha del orgullo del año pasado constata esta cuestión: la columna oficialista de la Federación Argentina de Lesbianas Gays Bisexuales y Trans (FALGBT) no denunció las responsabilidades políticas de la desaparición de Tehuel, ni la necesidad del cupo trans y el cumplimiento de la ley de identidad de género. La “ley integral trans” propuesta por la federación no es más que un intento de desviar el reclamo hacia una vía parlamentarista y depositar la confianza que con un gobierno supuestamente “progresista” podemos conquistar derechos. Nada más alejado de la realidad: un gobierno ajustador, cuya intención es pactar con el FMI y pagar la deuda externa con el hambre del pueblo, nada tiene para ofrecer a la población trans y no binarie y sus reivindicaciones.

El ajuste que ejecutará el gobierno durante este año, reflejado en el fallido presupuesto 2022, es completamente incompatible con la puesta en práctica de la ley de cupo laboral trans, que ha sido arrancada al gobierno después de años de movilización. La desaparición de Tehuel puso sobre la mesa la necesidad urgente de la existencia de dicho cupo. Nuestro movimiento no puede depositar su confianza en los partidos patronales que descargan el ajuste sobre nuestras espaldas y después limpian su imagen utilizando nuestros reclamos.

Desde la Agrupación 1969 llamamos al conjunto del movimiento a organizarnos de forma independiente contra este régimen de hambre que nos ajusta y nos condena a la marginalidad, y que no pretende buscar a Tehuel con vida. Proponemos un consejo autónomo de mujeres y diversidades con mandato de base para realizar el control del cumplimiento del cupo laboral trans, la ley de identidad de género y todas las normativas conquistadas con la organización. Sigamos tomando las calles con los métodos de lucha de los trabajadores y las mayorías populares.

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