16/07/2020

A 10 años del matrimonio igualitario

No basta con el simbolismo demagógico.

El miércoles 15 de julio se cumplieron 10 años de la aprobación de la Ley de matrimonio igualitario, conquista arrancada a través de la organización y contra las presiones de las Iglesias sobre el Estado. Esta ley, en conjunto con la Ley de identidad de género aprobada dos años después, presentaron una perspectiva de avance y mejora en materia de derechos para el conjunto de la población LGBTI+. Sin embargo, en los hechos se evidenció el carácter demagógico del propio Estado que, arrogándose la conquista de estas leyes, logró cooptar a todo un sector del movimiento mientras que hubieron muy pocos cambios en la vida material de la población LGBTI+ trabajadora.

En el 2010 encabezados por el cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco, los sectores oscurantistas y antiderechos se organizaron contra de este derecho en todo el país, dedicando misas y movilizando hasta a les niñes de colegios confesionales. Con el argumento de que era una unión “antinatural” y que atenta en contra de la institución familiar, defendieron y siguen defendiendo la heteronorma capitalista y el matrimonio entre hombres y mujeres cis como única unión válida. Solo a través de la familia heterosexual se puede reproducir la clase obrera, por ende, todo lo que vaya en contra de los intereses del capitalismo debe ser erradicado. Estos y otros argumentos fueron los más blandidos por este sector con su correspondiente representación dentro de la cámara de diputados y senadores, de la misma manera que se organizaron contra el aborto legal para “salvar a las dos vidas”. Esta ley fue una gran conquista para el movimiento LGBTI+ contra la presión de los lobbies clericales en el Congreso Nacional. Las masivas movilizaciones lograron que sea colocado en la agenda nacional y presionaron por el voto afirmativo de la ley.

En este sentido, la separación de las Iglesias y el Estado es un reclamo que sigue vigente y sigue siendo primordial para parte del activismo LGBTI que no fue cooptado por el oficialismo de ese momento. Los mismos sectores que se adjudican la victoria del matrimonio igualitario, un sector del peronismo y el kirchnerismo, en ese momento gobierno y mayoría en ambas cámaras, son los mismos que hoy día se postran frente al Vaticano y llaman a juntar a los pañuelos celestes y verdes, impidiendo que avancen reclamos urgentes para las personas LGBTI+ como el aborto legal y el cupo laboral travesti-trans. Nada puede esperarse de una fuerza política que busca alianzas con los que caracterizaron al matrimonio igualitario como “la pretensión destructiva del plan de Dios”.

El apoyo de las iglesias al gobierno de Alberto Fernández se tornó fundamental a la hora de justificar y profundizar el ajuste. La orientación fondomonetarista del Estado nacional y los gobiernos, apoyada por el mismo Papa, ha devenido en una profundización de la miseria para les trabajadores a nivel general y hacia las diversidades sexuales y de género en particular. Sin ir más lejos, las cifras de desempleo entre las personas trans llegan hasta un 98%, empujándoles a una vida de supervivencia a través de la prostitución. Mientras, el Estado intenta tapar ese bache con planes sociales que no llegan ni a 9 mil pesos por mes.

Los gobiernos se vanaglorian de ser el país “más avanzado en materia de derechos” por haber sido el primer país latinoamericano en habilitar el matrimonio igualitario y en sancionar una ley de identidad de género que les permite a las personas trans el reconocimiento de sus identidades sin necesidad de una intervención quirúrgica u orden judicial previa. Pero esta “vanguardia” es ficticia frente a la situación material en la que se encuentran las personas LGBTI+. El ataque hacia nuestras orientaciones sexuales e identidades es una política sistemática del Estado, que no implementa las mismas leyes que demagógicamente se arroga y que no puede tapar proyectando la bandera del orgullo sobre el Congreso.

La violencia que sufre el conjunto de la población LGBTI+ no mitigó con la presencia de la ley de matrimonio sino todo lo contrario. El aumento de la pobreza trajo consigo un reforzamiento del aparato represivo, particularmente ensañado en perseguir a las personas LGBTI+, para atacar cualquier expresión que rompa con la cisheteronorma capitalista, como sucedió con Marian Gómez, quien fue detenide y procesade con una condena en suspenso por besarse con su esposa en una estación de subte. En esta situación, le pidieron a su esposa que mostrara la libreta de casamiento para acreditar el vínculo. Por más ley de matrimonio que haya, esta no nos protege de la violencia que las fuerzas represivas ejercen sobre nuestro colectivo. Hoy, a pesar de que la actual ministra de seguridad Sabrina Frederich haya derogado el protocolo de detención para personas LGBTI que promulgó la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, las fuerzas represivas siguen manteniendo el mismo accionar de amedrentamiento a las diversidades sexuales y de género, con el aval del Estado y la aprobación de las Iglesias, que difunden estas ideologías a través de su accionar punteril en los barrios y su profunda inserción en el sistema educativo y de salud.

La pandemia y el recrudecimiento de la crisis pusieron en evidencia no solo estas situaciones sino también el inmovilismo de las organizaciones burocráticas que conforman la FALGBT, en su mayoría del ala oficialista, quienes luego de esas conquistas dieron la batalla por ganada y se dedicaron a paralizar el movimiento, en pos de profundizar una “batalla cultural”, orientando la lucha a una transformación individual de la conciencia de cada une y responsabilizando a la “sociedad” para no señalar a los verdaderos responsables del conjunto de las violencias que debemos padecer las diversidades sexuales y de género. En vez de luchar contra el Estado y el sistema que nos oprime, actúan acorde a la conveniencia del gobierno de turno. En esta ocasión, utilizan la fecha para hacer un festival y un facebook live por los 10 años del matrimonio igualitario con Aníbal Fernández, responsable político del asesinato de Kosteki y Santillán, poniendo de manifiesto cuáles son sus verdaderos compromisos políticos.

La experiencia de la lucha por el matrimonio igualitario, aún a 10 años, nos deja una conclusión: la movilización callejera y la organización por el conjunto de nuestros reclamos es fundamental para arrancar cualquier conquista progresiva al Estado. Hoy estamos frente a una nueva batalla contra la cooptación del Estado, la parálisis de la burocracia, y la injerencia de las iglesias. Luego de haber sido cajoneada múltiples veces, desde la Agrupación 1969 impulsamos el proyecto de ley presentado en la cámara de diputados por Romina Del Plá de inclusión laboral travesti-trans, con el objetivo de conquistar nuevamente un derecho para comenzar a cambiar la realidad material de la población travesti-trans.

A 10 años del matrimonio igualitario exigimos la aprobación del proyecto de ley de inclusión laboral trans presentado por Romina; real financiamiento de la ley de identidad de género. Frente al faltante de hormonas, que el estado se haga cargo de la producción y distribución de las mismas. Por una ley de identidad de género que no excluya a las identidades no binarias. Solo a través de la organización independiente del Estado, las Iglesias y los gobiernos, vamos a arrancarle al Estado todos nuestros derechos.