El pasado lunes 27, por la noche, Zulma Lobato fue atacada cerca de su domicilio en el barrio de Munro, Vicente López. No solo fue golpeada brutalmente, sino también asaltada y dejada tirada en la calle semidesnuda. Los mismos medios que históricamente se dedicaron a estigmatizarla y ridiculizarla rápidamente colocaron este ataque en el marco de la “inseguridad”, sin mencionar que Zulma es una mujer trans y que la violencia que sufrió en el día de ayer es una más de toda la cadena de violencias que atraviesan las diversidades de género y sexuales en todo el país.

Luego del ataque Zulma fue brevemente hospitalizada, donde le dieron diez puntos en la cabeza, pero no le realizaron los controles pertinentes para cerciorarse que no haya sufrido mayores consecuencias en su salud física y mental. La expulsión de personas trans del sistema de salud es moneda corriente: sólo en la zona norte del Conurbano bonaerense nos encontramos con el caso de Tamara, una mujer trans de Malvinas Argentinas, que fue dada de alta tempranamente y apareció muerta en una zanja.

En un país donde se detecta que hay (registrados) un crimen de odio cada 96 horas, y donde sólo en el 2019 hubieron 177 crímenes motivados por esta causa, el ataque a Zulma Lobato no es una excepción. Ella se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad, siendo una mujer desempleada de 62 años, subsistiendo a través de una pensión de 15 mil pesos por mes.

En sus últimas declaraciones en los medios, a principios de año, Zulma ya había contado que se encontraba viviendo en un refugio para mujeres trans, sin trabajo y pidiendo alimentos para poder comer. Así mismo, en varios medios contó que tuvo que recurrir a la prostitución, más de una vez, para poder sostenerse económicamente, como más del 85% de las personas trans y travestis. La total desprotección a la que el Estado expone a las mujeres, en particular a las mujeres trans, funciona como caldo de cultivo para la proliferación de todas estas situaciones que empeoran la vida de las personas de la población LGBT+.

Al mismo tiempo que Alberto Fernández hace demagogia en los medios sobre la situación de la población travesti trans, no hay ni una sola política estatal de asistencia a las personas violentadas o de prevención de situaciones de violencia. El histórico bloqueo al tratamiento del cupo laboral travesti trans da cuenta de esto mismo.

A pesar de que esta falta de asistencia por parte del Estado no es una novedad, el aumento de la pobreza, generado por el avance de la crisis y la pandemia, deja a millones de trabajadores a la deriva. La exclusión de millones de desocupades del cobro del IFE, y los anuncios del gobierno de su suspensión, son causa de una política más general de cómo el Estado desvía el ahorro nacional hacia subsidios millonarios a empresas y al pago de la deuda externa usuraria.

Desde la Agrupación LGBTI+ 1969 y el Partido Obrero nos solidarizamos con Zulma, exigimos que el gobierno municipal de Jorge Macri, y los gobiernos provincial y nacional se hagan cargo de su situación, salud y bienestar y de las miles de personas travestis y trans que deben atravesar estas situaciones todos los días. Exigimos la implementación de un seguro al parade de $30.000 para toda persona que lo necesite.

Aprobación e implementación inmediata del cupo laboral travesti trans. Justicia por Zulma. El Estado es responsable.

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