A dos años de la enorme marea verde que despertó una ebullición en la juventud, uno de los reclamos que el movimiento LGBT+ puso en agenda fue el de visibilizar que el aborto no es un hecho que concierne solo a las mujeres cis, sino a toda persona con capacidad de gestar.

Este hecho se da ante un Estado que financia a las Iglesias y defiende los intereses de las mismas, dejando la ESI en sus manos y promoviendo la invisibilización y patologización de cualquier tipo de identidad autopercibida que disienta la cis-heteronorma capitalista, repercutiendo así en la no formación científica de les profesionales; esto concluye en discriminación y exclusión en todos los ámbitos, siendo el de la salud uno de los lugares más hostiles para la población LGBT+.

Si bien existe una gran desinformación en cuanto a relaciones cisheterosexuales o personas cis (personas identificadas con su género asignado al nacer), esto se agudiza cuando se trata con diferentes formas de relacionarse y expresiones de género por fuera de lo binario: se genera un clima de violencia y discriminación para las personas trans, travestis, no binaries, lesbianas y gays que recurren al sistema de salud.

Un ejemplo claro de esto es el desconocimiento de les profesionales de la salud sobre la fertilidad de una persona que está realizando un tratamiento de hormonización cruzada, producto de que en plan de estudios de las carreras de salud no están incluidos este tipo de procedimientos, dejando la responsabilidad a le profesional de formarse por su cuenta. El mito de que la testosterona bloquea las posibilidades de embarazos se ha instalado como consecuencia de la poca investigación y formación sobre el tema, así como también lo que concierne a la reacción que produce el misoprostol en una persona hormonizada.

El yugo de la doble clandestinidad

Les activistas trans, no binaries y lesbianas han luchado por visibilizar la situación de doble clandestinidad que deben atravesar cuando se ven obligades a someterse a una interrupción del embarazo: no solo deben transitar la gestación y su interrupción en silencio, sino también muchas veces mantener secretas sus identidades autopercibidas para evitar situaciones de violencia y discriminación por motivos de género.

Si bien no hay estadísticas exactas de personas trans, no binaries y demás identidades autopercibidas que abortan en la clandestinidad (los cálculos no son certeros ya que se generan a partir de la cantidad de personas internadas por complicaciones post aborto) podemos deducir que una parte de esa cifra no son mujeres cis. En Argentina ni siquiera hay censos de cuántas personas trans hay en el territorio nacional ni se contempla la identidad de la persona que ingresa al sistema sanitario por la falta de la aplicación de la Ley de Identidad de Género en los hospitales. A su vez, el bloqueo por parte del Ministerio del Interior y el Renaper hacia la registración de todas las identidades autopercibidas por fuera del espectro binario imposibilita este registro.

La cuestión del aborto legal no solo atañe a un problema de salud pública sino un problema de clase y disciplinamiento social. Lo podemos ver en el hecho de que casi la totalidad de la población LGBT+ vive bajo la línea de pobreza, sin acceso al trabajo, la vivienda y mucho menos una obra social, donde se ausenta el asesoramiento médico y psicológico.

Aborto legal ¿para todes?

A pesar de que se ha integrado en el proyecto del oficialismo “gayfriendy” el acceso al aborto legal para toda persona con capacidad de gestar, aparece como una maniobra demagógica frente a una realidad que va en sentido opuesto: el casi nulo acceso a la información y al sistema de salud para varones trans, no binaries, lesbianas y otras identidades autopercibidas.

En el debate en curso, cabe destacar que se hicieron presentes las Iglesias y los sectores antiderechos -que mucho tienen en común con los intereses patronales- como la excusa de promover un “debate paritario”. Estos sectores, que hablan de una supuesta “ideología de género” y reclama “con mis hijos no te metas” bloqueando la posibilidad de la ESI laica y científica, son los que promueven la violencia hacia las identidades y sexualidades. Estas campañas por parte de los sectores reaccionarios buscará como mínimo que haya modificaciones en la ley y concesiones que permitan una mayor penetración de las iglesias en la salud y la educación, como la objeción de conciencia y la preservación de la criminalización del aborto en el código penal, aunque con penas más leves, lo que defiende el proyecto presentado por el Gobierno Nacional.

Es fundamental la intervención del movimiento LGBT+ junto al movimiento de mujeres en la lucha por la aprobación del aborto en vistas de arrancar una ley sin concesiones clericales, de la mano de una ESI laica y científica que contemple a todas las identidades autopercibidas y sexualidades.

De cara a la votación del dictamen, desde la Agrupación LGBTI 1969 llamamos a teñir las calles de verde y continuar movilizades por este derecho y todas nuestras reivindicaciones, sin confianza en los gobiernos tributarios de las Iglesias católicas y evangélicas que cajonean nuestros derechos. La pelea es ahora y en las calles, en las filas de la independencia política.