Acorde al último informe semestral del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT, desde el 1° de enero hasta el 30 de junio este año se registraron 69 crímenes de odio, en los cuales se atacó a las personas por su orientación sexual, identidad y/o expresión de género. Del total de las víctimas el 78% fueron mujeres trans, el 16% varones gays, 4% lesbianas y 2% varones trans.

El 46% de esos hechos (46) concluyó con la muerte de las víctimas -“lesiones al derecho a la vida-, mientras que el 54% restante (37) corresponden a “lesiones al derecho a la integridad física” (es decir, violencia física que no terminó en muerte).

En relación con esas 46 muertes, el 19% de los casos son asesinatos y el 6% suicidios, mientras que el 75% restante son resultado de las políticas de Estado, como parte del genocidio silenciado al que es sometido el colectivo. Un número que sin dudas no es exacto, ya que la mayoría de los casos ocurren en situación de desocupación y prostitución, que en enorme medida no son levantados por los medios de comunicación y en algunos casos se tiene registro por la denuncia directa de familiares de las víctimas o por otres compañeres.

Otro dato clave es que la mayoría de los ataques fueron hacia personas de entre 30 a 39 años, lo que se condice con la expectativa de vida de 35 años que tienen las personas travesti trans. La violencia que sufre a diario nuestro colectivo y la marginalidad a la que nos condena el Estado se ha profundizado en este contexto de pandemia y aislamiento social, al no contar con trabajo genuino ni una vivienda digna, y ser excluides en el ámbito de la salud y educación.

A pesar de vivir en el país catalogado como “gay friendly” y más avanzando en materia de legislación de derechos LGBT+ de América Latina, según el último observatorio publicado el 91% de las lesiones al derecho a la vida fueron dirigidas a mujeres trans (29), en quienes se descarga con especial énfasis el odio promovido por el Estado y las Iglesias hacia nuestras identidades y sexualidades. El 13% de tales asesinatos son perpetuados por las fuerzas represivas.

Esta violencia estatal también se manifiesta en el desconocimiento de nuestras identidades, incumpliendo la Ley de Identidad de Género no solo en el ámbito laboral, educativo y en la salud, sino también en detenciones arbitrarias con armados de causas, violaciones y torturas, tanto en la vía pública como en comisarías y penales.

Mientras continúa el desfinanciamiento a la educación y a la salud y no hay respuestas para docentes y profesionales de la salud, el gobierno nacional continúa sin dar una palabra sobre Sergio Berni y la responsabilidad de la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro, envalentonado a las fuerzas represivas como esenciales y aumentándoles el 40% de sus sueldos para reprimir a la clase trabajadora en contexto de crisis. Esta misma “maldita policía” es la que lleva ya más de 100 muertes a nivel nacional, la que detuvo a Marian Gomez en Constitución por besar a su esposa, la que condenó a Higui por defenderse de una violación correctiva y la que hoy, junto a la justicia burguesa, intentan incriminar a Luz Aimé por un crimen que no cometió.

A la contención del Estado la combatimos con organización

Como “respuesta” a las violencias hacia las mujeres y el colectivo LGBT+, el gobierno lanzó el programa Acompañar, que da un subsidio por seis meses igual al salario mínimo, a mujeres y personas LGBTI en situación de violencia. Asimismo lanzaron el programa Potenciar Trabajo, con un salario miserable de $8.500 que no alcanza a cubrir la canasta básica familiar (en el orden de los $40.000). Lejos están estos planes de ofrecer una salida real a las necesidades y reclamos del movimiento de mujeres y el movimiento LGBTI.

Si bien hace unos días Alberto Fernández decretó el Cupo Laboral Travesti Trans, una conquista de la lucha de años que llevó el movimiento por ese reclamo, este gobierno ha asumido prometiendo mejores condiciones de vida para la población LGBT+, pero en la práctica todas esas problemáticas se han agudizado, de la mano de políticas fondomonetaristas.

Es por este motivo que destacamos la urgencia de que se reglamente el DNU del cupo por parte del Ministerio de las Mujeres Géneros y Diversidad, y se garantice su implementación, para brindarles un trabajo genuino a les compañeres y que puedan salir de la situación de extrema pobreza y vulnerabilidad a la que el Estado les somete día a día, exponiendo sus vidas a crímenes de odio.

Frente al intento de cooptación del Estado y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, debemos levantar un programa independiente y de lucha del movimiento LGBTI, contra todos los gobiernos de turno y los organismos del Estado. Vamos por la real implementación del cupo laboral travesti-trans a nivel nacional y la efectiva aplicación de la ESI laica y científica, de la mano de una Ley de Identidad de Género financiada y aplicada también a nivel nacional.