En el Concejo Deliberante del partido bonaerense de General Madariaga, que cuenta con mayoría de Juntos por el Cambio, se está por tratar un proyecto de ordenanza para establecer el cupo laboral travesti-trans.

El proyecto, presentado por el Frente de Todos, fue impulsado por la comunidad Lgbti+ y recoge la lucha desarrollada por ese colectivo y otras organizaciones que han visibilizado este y otros reclamos y han llevado la lucha por el mismo a las calles. Se trata de una de las luchas más urgentes para el movimiento Lgbti+, especialmente en el cuadro de la pandemia que ha agravado notablemente la crisis económica preexistente. El colectivo travesti-trans es arrojado en masa a la pobreza por responsabilidad del régimen social y de su Estado y a un genocidio silencioso resultante de los crímenes de odio, el hostigamiento por parte de las fuerzas represivas y la exclusión social que se manifiesta en una expectativa de vida de 35 años y el forzamiento a la prostitución como única fuente de ingreso.

El debate por el cupo a nivel local se da en el marco del reciente decreto presidencial, que establece un cupo laboral de un 1% para la asignación de cargos en la administración pública nacional. La norma (que aún está pendiente de reglamentación ministerial) enfrenta importantes limitaciones, tanto porque al no haber pasado por el Congreso puede ser derogada, como por el hecho de que las reparticiones nacionales, provinciales y municipales mantienen congeladas nuevas contrataciones -y con cero ingreso de nuevos trabajadores, el cupo se convierte en nulo. A su turno, las plantas actuales se ven golpeadas por la precarización laboral (ingreso como monotributistas, contratos basura) y las bajas vegetativas, que no son cubiertas con altas. Todo ello como parte de la agenda de ajuste concedida al FMI y los acreedores buitres. En este contexto, es claro que habrá que batallar para la efectiva implementación del cupo.

Resulta urgente a la vez poner en pie una oposición obrera y popular contra el enorme ajuste. Al efecto general de crisis sanitaria que tiene el ajuste y la privatización de la salud, se suma para les compañeres travestis trans la suspensión del tratamiento de hormonas (contra lo establecido en la Ley de Identidad de Género), que se viene desarrollando desde el último año del macrismo y es continuado y profundizado por el gobierno de Alberto Fernández. El mandatario asumió comprometiéndose a mejorar la calidad de vida de las mujeres y de todo el movimiento Lgbti+, pero desestimó aquella ley, con las consecuencias que esto implica para los cuerpos que se hormonizan.

Por último, vale la pena recordar que el derecho al Cupo Laboral Travesti Trans fue sistemáticamente cajoneado (como sucediera con el aborto legal y con una reforma progresiva de la ESI) por todos los partidos políticos patronales y por los mismos sectores que hoy lo impulsan, debido al reforzamiento de sus alianzas con las iglesias, a las cuales necesitan como factor de contención social. El Partido Obrero ya había presentado el proyecto de Inclusión Laboral Travesti Trans tres veces a nivel parlamentario nacional. Sin la conquista de la separación de las iglesias del Estado, el ejercicio pleno de los derechos sigue quebrantado.

En este cuadro de agudización de la crisis llamamos al conjunto de las organizaciones madariaguenses a reforzar la lucha para conquistar el cupo laboral travesti-trans y una auténtica inclusión laboral del sector, con independencia política del Estado, de sus gobiernos y de las iglesias.

Exigimos la real implementación del cupo laboral travesti-trans a nivel nacional, provincial y local. Es clave que el cupo se implemente sin conductos hacia la flexibilización, la precarización laboral o los ingresos de hambre, teniendo presente que la mayor parte de los compañeros municipales cobran salarios por debajo de la línea de pobreza.

La real igualdad e inclusión del colectivo Lgbti+ sólo podrá darse en el marco de un nuevo ordenamiento social. A la vez que luchamos por el mismo, vamos por la aprobación del cupo laboral travesti-trans sin restricciones; la capacitación y formación en servicio; y el ingreso mínimo inicial igual al valor de la canasta familiar para todos los municipales y con plenos derechos.