El línea con las decisiones tomadas por Donald Trump, el gobierno anunció este miércoles que ya no se permitirán los traslados de cárceles por cuestiones de cambio de género y la prohibición a menores de 18 años a realizarse tratamientos hormonales para modificar sus cuerpos según se autoperciben. Esto forma parte de la política del gobierno de negar la libre expresión de las diversidades sexuales en todos los terrenos.

En cuanto a las cárceles, para justificar la medida el gobierno sostuvo: “el año pasado en Córdoba, por ejemplo, un hombre condenado por un delito que incluía violencia de género dijo autopercibirse mujer y luego de ser trasladado a una cárcel de mujeres abusó de otras internas. Esto demuestra que el sistema actual se convirtió en una herramienta para que esas personas condenadas incluso por violencia a las mujeres puedan volver a cometer delitos aberrantes cuyas víctimas también son mujeres”.

Se trata de un caso absolutamente aislado que en ningún punto marca una tendencia estadística. En cambio, en Argentina se denuncian más de 50 violaciones por día, casi todas por parte de hombres cis género, eso sí marca una tendencia estadística. Mientras tanto, el gobierno vacía los programas de asistencia a las víctimas y elimina todo tipo de dispositivo orientado a contener física y psicológicamente, además de mantener las cárceles en condiciones paupérrimas donde prima el hacinamiento y la falta de higiene.

Es claro que poco le importa al gobierno la seguridad de las mujeres, mucho menos de las mujeres que están presas. Utiliza una preocupación genuina de la población para avanzar en la eliminación de los derechos de la comunidad LGTBI.

Por otro lado, la modificación a la Ley de Identidad de Género que impulsa el gobierno pretende que los procesos de hormonización, que en la actualidad se habilitan a partir de los 16 años (con autorización de los padres y en base a un proceso integral de evaluación de parte del equipo médico) pasen a ser a permitirse dos años más tarde, desde los 18 años. 

"Esta medida lejos de afectar a un sector en particular tiene como fin garantizar el interés superior del niño y proteger la integridad física y mental de los menores, es responsabilidad del estado nacional garantizar los derechos del niño y este es un paso en esta dirección", sostuvo el vocero presidencial.

A su vez, en la entrevista que dio el lunes por la noche a LN+, Milei afirmó que en la provincia de Buenos Aires funcionan 240 centros de hormonización donde "amputan los genitales a una criatura", información que fue desmentida por el ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak.

Por un lado, las declaraciones hablan de una ignorancia absoluta sobre el tema, que además no posee ningún asidero científico. La Ley de Identidad de Género no permite cirugías de reasignación. Ni en la Argentina ni en ninguna parte se opera a niños o niñas trans. Tampoco se les hacen tratamientos hormonales. Al llegar a la pubertad pueden tomar bloqueadores hormonales, que retrasan el efecto de las hormonas. Esos tratamientos son reversibles. Los tratamientos hormonales en general comienzan en la adolescencia tardía. Para ese entonces, los y las adolescentes trans pueden tomar decisiones informadas sobre su propio cuerpo.

Además, la palabra "menores" pone una trampa dentro de la alocución porque considera que desde el nacimiento hasta los 18 años la capacidad de tomar decisiones informadas sobre el propio cuerpo es la misma, algo que contradice el propio Código Civil argentino. Tal es así que hoy muchos adolescentes cis toman hormonas para desarrollar características sexuales secundarias "esperadas", como anticonceptivos, anabólicos o hasta cirugías, algo con lo que parece que el Ejecutivo no tiene ningún problema. Tampoco dice ni una palabra de los tratamientos que sí se hacen en Argentina en niños y niñas intersex, es decir, que nacieron con variaciones de las características sexuales. A ellos sí se los hormoniza y sí se los opera.

Si a Milei le interesaran realmente los niños no le negaría el alimento a los comedores populares que albergan a miles de niños que no tienen para comer; no cerraría la Secretaría de Niñez y Adolescencia dejando desamparados a miles de beneficiarios de asistencia social y no arremetería contra la ESI, principal herramienta para detectar abusos en las infancias, por citar algunos ejemplos.

La realidad es que la tasa de suicidio, depresión y ansiedad de niñxs y adolescentes trans es muy alta. Y se vio que desciende significativamente si se respeta su identidad. Lo que el gobierno postula como una medida para "salvar menores" es en realidad una operación para avanzar sobre los derechos sexuales y reproductivos de las personas LGTBI, sobre todo como represalia a la enorme movilización del sábado en defensa de los derechos conquistados y contra el plan de guerra del gobierno. Tenemos que profundizar ese camino.

Esto recién empieza

Hay que llevar la rebelión a los lugares de trabajo y estudio, colocando a los sindicatos y centro de estudiantes en estado de asamblea, -

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