Desde el Partido Obrero-Frente de Izquierda y la Agrupación LGBTI 1969, a través de la banca de Romina del Plá, presentamos un pedido de informe al Ministro del Interior y al Registro Nacional de las Personas (Renaper) ante el incumplimiento de los mismos de la Ley de Identidad de Género, por el que personas no binaries continúan sin poder acceder al cambio registral de su identidad en sus DNI. La presentación lleva también la firma del diputado Nicolás Del Caño, del PTS-FIT.

En el texto, expresamos una serie de problemáticas que viene atravesando el conjunto de la población trans, travesti, transgénero y no binarie, desde la imposibilidad de acceder a un DNI con su identidad autopercibida a las que enfrentamos día a día por el no cumplimiento de la salud pública, completamente desfinanciada y en la que el Estado no cumple con lo dispuesto en la Ley de Identidad de Género (n° 26.743).

Si bien esta norma especifica el derecho de que sea reconocida la “identidad autopercibida” de las personas, el mismo se ve vulnerado, en la medida que el Renaper niega la identidad no binarie como género autopercibido, rechazando esas partidas de nacimiento rectificadas. Cabe destacar que las pocas personas que han logrado tener su DNI con su identidad no binarie o sin consignar sexo lo lograron presionando por la vía judicial.

A su turno, la ley y su reglamentación establecen que el Estado, a través del Ministerio de Salud, debe garantizar los tratamientos hormonales para las personas que así lo soliciten. Sin embargo, este derecho se incumple y se bloquea de manera sistemática, agudizándose en este contexto de pandemia y crisis sanitaria.

En el pedido de informe, solicitamos que se adjunte el listado de las entidades, organismos, laboratorios, privados y/o estatales, que tienen a cargo la producción de bloqueadores y hormonas, como también un informe sobre la nómina de consultorios –públicos o privados-, hospitales y clínicas, obras sociales y demás centros de salud que cuenten con dispositivos destinados a la realización de intervenciones quirúrgicas o tratamientos hormonales para la comunidad LGTBI+. Los pocos “consultorios inclusivos” han sufrido, en su gran mayoría, recortes, de la mano del ajuste en salud dictado por el FMI.

También solicitamos que se detallen los mecanismos establecidos y ejecutados destinados a la aplicación de la Ley de Identidad de Género, adjuntando la evolución presupuestaria destinada a la aplicación de la misma, desde el año de su sanción (2012) hasta el 2020.

Además, se coloca el problema de la aplicación de la Ley de Identidad  de Género en el ámbito educativo, donde las personas travesti, trans, transgénero y no binaries, mayormente no son contempladas con sus identidades autopercibidas y son expulsades del sistema educativo, presionando esta situación hacia la deserción estudiantil.

En este cuadro se hace clara la falta de una Educación Sexual Integral laica y científica, que contribuye a la invisibilización y patologización de las identidades y sexualidades oprimidas, promoviendo una violencia hacia nuestras identidades desde las Iglesias al Estado. Y que repercute en la falta de capacitación de personal y en la información para que las mismas niñeces o adolescencias puedan descubrir sus sexualidades e identidades.

Otro dato a analizar es el marco de avanzada de las fuerzas de seguridad y el aumento de los crímenes de odio contra el colectivo LGBT+, que tienen en esas fuerzas al 13% de sus ejecutores. Un panorama que deja claro los riesgos de no contar con un DNI, o de que el género asignado en el documento no “se condiga” con la percepción física de la persona.

Si bien nos encontramos en el país más avanzado en derechos LGBT+, a nivel de la legislación, en América Latina, en el último tiempo han tenido lugar una serie de casos que revelan el incumplimiento por parte del Estado de la Ley de Identidad de Género, aprobada en 2012 luego de una lucha histórica del movimiento LGBT+ contra los sectores oscurantistas de las Iglesias.

Desde la Agrupación LGBTI 1969 y el Partido Obrero, exigimos una respuesta frente al rechazo de consignar cualquier identidad autopercibida, atentando contra la aplicación de Ley de Identidad de Género. Hacemos responsables al gobierno nacional, al ministro Del Interior, Eduardo de Pedro, y al Renaper dirigido por Santiago Juan Rodríguez, así como al Ministerio de Salud de la Nación, por esta situación.

Exigimos al Estado la verdadera aplicación de la ley y su financiamiento, de la mano de la aplicación efectiva de la ESI, para ser contemplades con nuestras identidades autopercibidas en todos los espacios sin violencia, exclusión e invisibilización.

https://drive.google.com/file/d/19GO8MuYP4OBi3Z_I6eqyPPbgznOaRTFk/view?usp=sharing

https://prensaobrera.com/lgbti/en-argentina-ocurre-un-crimen-de-odio-cada-tres-dias/