Pasado un mes de la aprobación de la ordenanza municipal aprobada por el Concejo Deliberante que trasladó la zona roja, se siguen haciendo sentir los reclamos contra la criminalización y persecución del colectivo trans-travesti en nuestra ciudad. El decreto que prohíbe la libre circulación debutó con un enorme despliegue de las patrullas municipales, de personal de tránsito y de la policía bonaerense en las avenidas Luro y Champagnat, que permanece hasta el día de hoy. Cada dos por tres, la policía confronta e intima a las personas travestis-trans que se movilizan en la zona para repudiar las medidas bajo la consigna “caminar no es delito” y denunciar su temor por el accionar policial. Estas denuncian también el abandono del Ministerio de Género Provincial y Nacional, de la subsecretaria de Derechos Humanos, de Desarrollo Social y de organizaciones de la diversidad sexual alineadas con el gobierno nacional, señalando “nos dejaron solas con la policía”.

Días previos a la entrada en vigencia de la ordenanza, las personas que ejercen la prostitución en la vía pública, nucleadas en la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual Mar del Plata, y la Red de Personas con HIV, se declararon en rebeldía ante el decreto de Montenegro, aludiendo a la lejanía, la falta de seguridad, lo inhóspito y poco transitado de la nueva zona roja, así como a lo arbitrario del decreto que busca perseguir y criminalizar a quienes ejercen la prostitución. Así mismo, lxs vecinxs de la nueva zona roja hicieron llegar sus protestas, denunciando también la falta de seguridad, de luminarias y de higiene del lugar, que pone en riesgo tanto a quienes viven de la prostitución como a lxs propios vecinxs.

Unxs y otrxs reclamaron ser escuchadxs por Montenegro, aunque no obtuvieron ninguna respuesta. Claramente la solución municipal solo agrava las condiciones de lo que dice querer combatir en nombre de lxs vecinxs, favoreciendo el narcotráfico (que se entrelaza hasta los tuétanos con el negocio de quienes regentean la explotación sexual y actúan en connivencia con las fuerzas de seguridad nacional y bonaerense) y la impunidad de la violencia contra las personas que están en una situación de prostitución.

En un primer intento de regimentación del ejercicio de la prostitución en la vía pública, en marzo del 2021, el concejal Nicolás Lauria (en ese entonces parte del oficialismo, hoy parte del bloque Crear Juntos) presentó en el Concejo Deliberante un proyecto que contemplaba el traslado de la denominada “zona roja” de Mar del Plata. Además, el mencionado proyecto establecía días y lugares fijos para “la oferta de sexo en la vía pública”, así como también consideraba multas y sanciones para quienes incumplieran dichas normativas. Este proyecto no progresó, dado que fue fuertemente repudiado por el colectivo travesti-trans y diversas organizaciones sociales, por su carácter criminalizante y vulnerador de derechos.

Lxs vecinxs continuaron realizando denuncias acerca de las situaciones de violencia, pasaje de drogas en la “zona roja”, actividades que sin duda se promueven y sostienen, insistimos, con la connivencia policial. Esto dio lugar a que el municipio de General Pueyrredón convocara a una audiencia de tipo consultiva para tratar el conflicto, en un intento de lavarse las manos en cuanto a su responsabilidad en la penetración del narcotráfico en la ciudad, las “zonas liberadas”, y la perpetuación de la marginalidad de uno de los grupos más vulnerados como es el colectivo travesti-trans. Las personas LGTBI en nuestra ciudad no escapan a la situación más general de nuestro país: sufren sistemáticamente la vulneración de sus derechos, la falta de acceso a la educación, a la salud, a la vivienda y al trabajo genuino. En el distrito no se aplica el cupo laboral trans-travesti. Todo esto se suma a la permanente persecución policial que tiene rienda suelta luego de aprobado el decreto que prohíbe la libre circulación junto con el traslado de la zona roja.

Posterior a la concurrida audiencia y a la gran polémica gestada, los diferentes bloques políticos del municipio presentaron nuevos proyectos con la intención de “regular la oferta y demanda sexual” en la zona cuestionada. Acción Marplatense propuso un dictamen para que el municipio convocara a diversos sectores (Ministerio Público Fiscal bonaerense y federal, policías Bonaerense y Federal, y la Justicia de Faltas y Correccional) con la finalidad de elaborar una norma que “asegure un marco regulatorio” para la “oferta y demanda de sexo” en Mar del Plata.

Por otro lado, los proyectos tanto de Juntos por el Cambio y Crear Juntos (el mismísimo Lauria) como el del Frente de Todos, coincidieron en la creación del cínicamente denominado Programa “Zonas Seguras”. Argumentan que el programa busca la “prevención del delito” en las zonas donde se ejerce la prostitución, y que el traslado de la zona roja a lugares que no sean zonas de residencia deja esa tarea en manos de la Secretaria de Seguridad, es decir, de los mandates de la misma policía que alimenta sus cajas negras con las coimas de la prostitución, la trata, el narco, del gatillo fácil contra lxs pibxs, y del maltrato a mujeres y diversidades, más aún de los barrios y sectores pobres.

Para prevenir el delito, como dicen, en lugar de dar más poder a la policía, se debería comenzar por investigar sus cajas negras y sus delitos, y aplicar medidas como abrir ante toda la población los libros de registros de las comisarías. Pero en una dirección completamente opuesta, lo que muestran “sin grietas” es la hilacha represiva y regresiva de todos los proyectos, más allá de que invocaran la participación de la Secretaría de Derechos Humanos para realizar un lavado de cara. El proyecto impulsado por Montenegro va un poco más allá, pena con multas y con arrestos de 5 a 30 días el incumplimiento de la zona y los horarios establecidos. Fue este el proyecto votado, junto al decreto “express” de Montenegro, que habilita la criminalización y persecución de quienes no se encuentren en la nueva zona establecida.

El sistemático incumplimiento del cupo laboral travesti-trans, desde su aprobación en el 2015 a nivel provincial, y al cual adhirió la municipalidad de General Pueyrredón, es una de las principales causas de que esas personas no tengan otra opción de vida que el ejercicio de la prostitución, y que ante la falta de trabajo genuino, crezcan cada vez más las zonas rojas. Los falsos intentos de hacer pasar como implementación del cupo a contratos basura o incluso a trabajos bajo el régimen del monotributo han sido denunciados por el colectivo travesti-trans en repetidas oportunidades.

Barrer a un lugar completamente inhóspito y alejado como lo es la zona del cementerio a quienes ejercen la prostitución solo tiene la razón de ser una medida que intenta maquillar una realidad de fondo más compleja. La mayoría del colectivo travesti-trans que se prostituye, cuya expectativa de vida no supera los 40 años, permanece allí muchísimo más expuesto a condiciones de inseguridad y violencias que son amparadas y ejecutadas por el Estado. La política de ajuste, con su expresión en que no se implementa el cupo laboral trans y no se crea trabajo genuino, condena a estos sectores a no tener otro camino posible.

El decreto de Montenegro solo busca perseguir y criminalizar al colectivo travesti-trans mientras el gobierno provincial y los concejales del Frente de Todos proponen como salida efectiva otorgarles mayor poder a las fuerzas represivas dejando pasar la implementación de este decreto. Desde el Plenario de Trabajadoras y la Agrupación 1969 en Mar del Plata apoyamos la movilización de les que se organizan para frenar la persecución policial y la suspensión de esta ordenanza. Hacia la próxima movilización del Orgullo el 11 de diciembre, impulsaremos junto a les compañeres de la Red una columna independiente que denuncie esta política y que pelee por trabajo genuino, la separación de la Iglesia del Estado, y la efectiva implementación de una ESI laica y científica y del cupo laboral travesti-trans.

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