LGBTI
31/7/2024
Nueva jornada de lucha por justicia para Sofía Fernández
A 15 meses del trasvesticidio, familiares y organizaciones sociales se movilizaron a la puerta de la comisaría.
Seguir
Corresponsal.
Sofía, mujer trans, fue asfixiada y asesinada por miembros de la policía Bonaerense el 10 de abril de 2023 en una celda de la comisaría 5ta de Derqui (Pilar). Su muerte fue informada a la familia como “súbita” y luego como un supuesto suicidio.
La fiscalía caratuló la causa como “homicidio agravado por odio a la identidad de género, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser perpetrado por miembros de la fuerza de seguridad ” y “encubrimiento agravado por presentar el hecho precedente especialmente grave y por ser perpetrado por miembros integrantes de la fuerza policial y falsificación de documento público”. El juez de la causa, Walter Saetone, decidió sin embargo desestimar el gravamen de “odio por identidad de género”, por eso reclamamos enérgicamente que el crimen de Sofía sea colocado como lo que fue: un travesticidio.
La autopsia determinó que Sofía murió por asfixia antecedida de tortura con signos de posible abuso sexual, de la cual formaron parte 2 o más personas. Esto llevó a la detención de los diez policías de los cuales el juez decidió liberar a 9 por supuesta “falta de mérito” y modificar por la misma razón la carátula.
Mientras Mabel Valdez y su familia solicitaban al juzgado la prohibición de acercamiento por parte de los imputados a sus domicilios, y protección y botón antipánico para que los asesinos no se acerquen, el juez rechazaba el pedido con la simple excusa de que en el tiempo transcurrido los acusados de homicidio y encubrimiento no se habían acercado. 9 de los 10 policías ejercieron funciones normalmente y no han sido removidos de sus puestos.
En contraposición a la negativa de las solicitudes de la familia de Sofía Fernández, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires no solo asumió la defensa jurídica, técnica e institucional de los 10 acusados sino que también aportó peritos especialistas en la defensa.
La supuesta “oposición” que dice defender los derechos humanos en la provincia de Buenos Aires, como el gobernador Axel Kicillof y el intendente de Pilar Federico Achával, no solo permiten la asesoría del -Ministerio de Seguridad a los policías asesinos y encubridores, sino que han negado la solicitud de los familiares de Sofía de exponer su caso. También han estado ausentes de todo el proceso el Ministerio de la Mujer de la provincia. No nos sorprende de un sector político que sigue sosteniendo a Sergio Berni y le abre la puerta a un “antiderechos” como Pichetto.
El Ministerio de Seguridad a cargo de Javier Alonso (designado por Axel Kicillof) sostiene y ampara la defensa jurídica, técnica e institucional, de los policías acusados por el travesticidio de Sofía.
La asistencia jurídica en el caso de las fuerzas federales esta vetada mediante la Resolución Nacional 477/2023 (Publicada en Boletín Oficial: RESOL-2023-477-APN-MSG) que dispone que “las Direcciones de Asuntos Jurídicos y/o Divisiones Legales y/o equivalentes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales no brindarán asistencia jurídica a los agentes y/o funcionarios de esas fuerzas federales de seguridad que resulten judicialmente acusados por GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS”. Esto no sucede en la provincia de Buenos Aires.
En los últimos años los casos de violación a los derechos humanos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad provinciales no han cesado. Por caso, la Comisión Provincial por la Memoria publicó un informe (con información provista por órganos judiciales) que dictamina que “desde 2012, al menos una vez por mes, una persona aparece ahorcada (88 casos) o muere por “causas desconocidas” (74 casos) en una dependencia policial de la provincia de Buenos Aires, entre otros fallecimientos que ocurren dentro de las comisarías bonaerenses. En la gran mayoría de estos casos, los familiares de las víctimas denuncian serias irregularidades en las investigaciones y actuaciones policiales por demás cuestionables.
El ataque constante al colectivo de mujeres y diversidades por parte de el gobierno nacional y provincial profundizan los discursos de odio e intentan callar a quienes conquistamos en las calles nuestras reivindicaciones como el cupo laboral travesti-trans con todas las limitaciones que tuvo y tiene su implementación. Frente a un discurso que se corre cada vez más a la derecha debemos reforzar nuestras conquistas y aunar las luchas.
El accionar de la policía no es omiso a esta coyuntura. El encubrimiento por parte del poder político a las fuerzas de seguridad denota la complicidad para infinidades de negocios de los que forman parte, desde las redes de trata hasta el narcotráfico, donde todos están metidos.
Más que nunca debemos levantar el pedido de justicia por Sofía Fernández para ponerle un tope a los travesticidios y torturas ejercidos por la “maldita policía”, como lo viene haciendo la comisión de Justicia por Sofi en las calles y de forma independiente del Estado.
