El gobierno de Javier Milei está llevando adelante un ataque en regla a los derechos de LGBTI+. Si bien esto es una cuestión que caracterizó a su gobierno desde su asunción, en este último tiempo ha cobrado un nuevo salto. En esta última semana, el gobierno ha sacado una serie de resoluciones puntualmente sobre la Ley de Identidad de Género, que ya viene sufriendo la falta de financiamiento y de aplicación real por parte de los gobiernos anteriores. Desde que fue sancionada no se frenó el ajuste sobre las garantías que consigna la ley. Como resultado, vemos el faltante de hormonas en los dispositivos de salud a lo largo y ancho del país, situación que no se revirtió bajo el gobierno de Alberto Fernández a pesar de existir un Ministerio de Mujeres y Diversidades.

La libertad que atrasa

En primer lugar, el presidente anunció que, por decreto, eliminaría el DNI no binarie y no permitiría el cambio registral en infancias. Esta cuestión ataca de fondo uno de los principios fundamentales de la ley, que es el acceso a la identidad: permitir la adecuación registral acorde a la identidad autopercibida de la persona, y respetar la autonomía progresiva de las infancias que tienen derecho a expresar su identidad de género. 

Esto acarrea consecuencias muy graves para las diversidades de género en un contexto de recrudecimiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora, que llevan a un aumento de los críomenes de odio, y que muchas veces se termina con el asesinato de compañeres de nuestra comunidad. Mientras tanto, el gobierno profundiza sus lazos con la iglesia a través de concesiones, como lo hizo con la formación docente en Educación Sexual Integral. El Ministerio de Capital Humano contrató a la organización del Opus Dei “Teen Star”, a quien le encomendó la tarea de impartir formación en educación sexual, obviamente desde una perspectiva que estigmatiza y excluye a las diversidades sexuales y de género. Este combo niega directamente la posibilidad de que existan infancias libres de violencia, lo cual deriva en expulsiones de las diversidades de sus hogares, empujando a temprana edad a buena parte de la comunidad TTNB a caer en situación de prostitución.

Otro de los anuncios del gobierno apunta directamente a la criminalización de nuestras identidades, a partir de negar el cambio registral a las personas que se encuentran detenidas mientras estén privadas de su libertad, bajo la excusa de que, supuestamente, el líder de la banda “los monos” pidió dicho cambio con el objetivo de poder recibir visitas masculinas. 

De fondo lo que pretende hacer es criminalizar a las identidades diversas que ya somos perseguidas por las fuerzas represivas, y ligar a la comunidad TTNB al narcotráfico y la delincuencia poniendo un signo igual entre ser una persona trans y cometer un delito. Esto es grave teniendo en cuenta el aumento de la violencia de las fuerzas represivas hacia nuestra comunidad (como deja en evidencia el caso de Sofía Fernández), y que muchas personas trans son criminalizadas por estar en situación de prostitución o por narcomenudeo (regimentado por las mismas fuerzas policiales). Dejar a las compañeras trans femeninas en cárceles masculinas pone en riesgo su integridad.

La profundización de la persecución y la criminalización de nuestras identidades por parte del gobierno se suma a la lista de argumentos que utiliza el gobierno para utilizarnos como chivo expiatorio frente a la crisis económica, y que también responde a un alineamiento de la agenda política con la del presidente de Estados Unidos recientemente asumido, Trump.

¿Y el progresismo dónde está?

La oposición al gobierno tampoco opone resistencia alguna no solo frente a este ataque, sino también al sistemático bloqueo al acceso de derechos plenos por parte de la comunidad. Los despidos del cupo trans pasaron como agua abajo del puente, el peronismo “de derecha” que tiene como vocero a Guillermo Moreno dice que no es momento de ocuparse de los derechos de las diversidades porque las demandas de nuestro movimiento condujeron a la presidencia de Milei, y el progresismo K llamándose al silencio, encubriendo las violencias hacia nuestra comunidad en las provincias en las que gobiernan. Lo que estas declaraciones pretenden ocultar es la responsabilidad del fracaso del gobierno anterior, que ni con el Ministerio de Mujeres y Diversidades hizo una diferencia sustancial para enfrentar la opresión y violencias que sufre el movimiento de mujeres y diversidades. Los mismos que en el pasado se adjudicaban la conquista de nuestros derechos hoy no solo nos dan la espalda, sino que son los mismos sectores que le dan gobernabilidad a Milei para poder desplegar su programa de ajuste y represión.

Copemos las calles para que se vaya Milei 

Motivos para salir a la calle nos sobran, tenemos que ir por ese camino. El movimiento LGBTI+ no puede ni debe seguir soportando los ataques del gobierno, ni tampoco depositar sus expectativas en los partidos patronales supuestamente opositores, que entregan nuestra lucha por dos pesos acordando con el gobierno para que pase el ajuste impunemente, y que actualmente tienen la mirada puesta en las elecciones 2025, mirando para otro lado frente a la miseria que va aumentando exponencialmente. 

Somos nosotres quienes tenemos que romper con esos discursos de odio organizándonos de manera independiente a todos los gobiernos que han sido partícipes en aumentar la miseria y la pobreza que azota triplemente a nuestra comunidad.

Un gobierno que apunta al exterminio de las identidades y sexualidades diversas es un gobierno que se tiene que ir, no por un recambio electoral, sino por la fuerza de la clase obrera organizada por todos los reclamos de todos los movimientos y sectores en lucha que enfrentan a este gobierno. Fuera Milei

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