El día de ayer, Salta se conmocionó por la aparición de los restos de Santiago Cancinos, joven trans que desapareció en mayo del 2017, cuando tenía 14 años. El caso refleja las dificultades a las que se enfrentan las niñeces y juventudes LGBT por el reconocimiento de nuestras identidades autopercibidas, en una provincia donde la injerencia de la Iglesia hace estragos sobre las diversidades sexuales y las mujeres.

Desde el momento de la desaparición, el padre denunció que hubo demoras en activar la búsqueda por parte de la policía. “Nunca se fijaron en los accesos de la ciudad, si vieron a un menor. Nada. En un principio se recibieron miles de llamados. La Fiscalía Penal 2 de Salta se hizo cargo de la investigación, pero no dio resultados. Se hicieron rastrillajes pero no sirvieron de nada. Un año y medio después la causa se reactivó y hubo un cambio de fiscal, que amplió la zona de la búsqueda, pero tampoco hubo resultados”, dijo.

No es nada muy alejado de lo que está sucediendo hoy en día con el caso de Tehuel, en el que la búsqueda estuvo plagada de irregularidades, y ahora el estado en vez de buscarlo con vida pretende buscar un cuerpo a tres meses de su desaparición.

Lo cierto es que en mayo de 2017, cuando desapareció Santiago, había 42 personas desaparecidas. La policía daba cuenta de que por día se sumaban unas ocho denuncias, que finalmente se esclarecían en su mayoría porque eran fugas del hogar. Sin embargo, muchas desapariciones terminaron en casos de femicidios como el de Paola Álvarez, o de trata de personas. Durante el mandato de Urtubey fue de tal envergadura que hasta creó la división de Trata de Personas de la policía, supuestamente especializada en búsquedas, pero nunca resolvieron los casos graves que siguen estancados, y al igual que sucedió con Cancinos siguen ocurriendo las demoras para iniciar la búsqueda.

Lo concreto es que la Justicia salteña tiene que rendir cuentas de por qué un niño de 14 años desaparece y es hallado sin vida 4 años después. El procurador, Abel Cornejo, también armó una demagogia con dos casos, el de Jimena Salas que quedó impune y el de Cancinos.

Separación de la iglesia y el Estado, basta de oscurantismo

El gobierno de Gustavo Sáenz, y antes el de Urtubey, rechazaron históricamente la implementación de una ESI laica, científica y que contemple a las diversidades sexuales y de género, en consonancia con la voluntad del clero que sostiene una educación para la opresión a través de los colegios confesionales. Así lo hicieron por tantos años con la materia religión en las escuelas.

En su momento, cuando Cancinos desapareció, se cargaron las tintas en el colegio Belgrano, por ser conocido como una institución conservadora dirigida por la Iglesia. Rápidamente la institución sacó un comunicado diciendo que respetan la identidad de sus alumnos, que allí se dicta educación sexual en el marco del ideario institucional, lo quiere decir no ayuda si une niñe necesita apoyo para poder autopercibirse si así lo siente y lo desea. Las instituciones confesionales son represoras y expulsivas por naturaleza. Así vimos en otro colegio confesional la separación de un alumno por ir con una pulsera con los colores de la diversidad, y cuando un compañero lo defendió también fue separado. Ni que hablar de lo ocurrido con Tiziana Contreras, niña trans que tuvo que cambiarse de escuela por ser discriminada.

La falta de ESI laica y científica también se refleja en la falta de herramientas de las familias para poder entender y acompañar los procesos que atraviesan las niñeces y juventudes trans a la hora de comunicar y compartir su género autopercibido, y de comenzar su transición. No es llamativo que a Santiago se lo comience a buscar por su nombre a partir del reclamo de un influencer trans uruguayo, que pidió que no lo buscaran como Gala sino como Santiago. Y es que al no tener un espacio para poder vivir nuestras identidades de manera segura, muchas veces les jóvenes y niñes recurren a las redes sociales, encontrando una vía de escape para manifestar sus identidades refugiades en el anonimato que ofrece internet.

La falta de una educación sexual integral y del cumplimiento de la ley de identidad de género es lo que aparece como telón de fondo en la expulsión temprana de nuestros hogares y del ámbito educativo. Los medios de comunicación burgueses, en consonancia con los intereses de las iglesias y el Estado, refuerzan este ataque hacia las diversidades sexuales y de género al no difundir la noticia del caso con los pronombres y nombres correctos.

No queremos más casos como el de Santiago ni como el de Tehuel. El Estado es el principal responsable de que no se implementen ni se financien las leyes vigentes como la ley de identidad de género, y que otorga concesiones a las iglesias (como el famoso artículo 5 de la ley de ESI) para que bajen su línea oscurantista, excluyendo, criminalizando y persiguiendo a las diversidades sexuales y de género. Un Estado que utiliza a la policía como herramienta para regimentar a toda persona que se ubique por fuera de la lógica capitalista cisheterosexual, en línea con la voluntad de las iglesias, promoviendo la misoginia, la heteronorma y la criminalización de las diversidades sexuales y de género.

¡Justicia para Santiago! ¡El Estado es responsable!