Este jueves se cumplen 47 años de la Noche del Apagón, la cual comenzó el 20 de julio de 1976 en Jujuy. A cuatro meses de iniciada la dictadura militar, la policía jujeña, la Policía Federal, la Gendarmería y el Ejército sitiaron la ciudad de Libertador General San Martín, Calilegua y El Talar, dando lugar a una serie de cortes de luz que dejaron a oscuras estos distritos con excepción del Ingenio Ledesma, que estaba en plena cosecha. El cometido fue secuestrar a 400 personas, entre ellos los delegados del ingenio, activistas y estudiantes, para luego torturarlos en un predio de la empresa. Hoy 33 de ellos continúan desaparecidos.

Como dijimos en Prensa Obrera: “El operativo, que se prorrogó por una semana, reveló el ADN mismo de todo el golpe: una gesta ejecutada por los militares pero orquestada por la burguesía para ahogar en sangre al activismo obrero que levantó cabeza en el Cordobazo y no pudo ser domado por la represión onganista, tampoco por el regreso de Perón con la Triple A bajo el brazo ni con los grupos de tareas que ya comenzaban a operar como en los años del Navarrazo”.

Ninguno de estos crímenes de lesa humanidad fue resuelto en el transcurso de estos 47 años; nadie pagó con prisión por los 400 detenidos. Esto producto de los lazos que se extienden entre los políticos capitalistas, que nos vienen gobernando los últimos 40 años, con Blaquier y el grupo Ledesma.

Sus vínculos con los Kirchner y con los Macri lo grafican a la perfección. En 2011 fue “premiado”, por ejemplo, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner le otorgó más del 20% del cupo total de producción de bioetanol para el abastecimiento interno, además de que fue ampliamente subsidiado y eximido impositivamente durante la “década ganada”, al punto en que se comprobó que entre 2006 y 2012 le permitieron evadir el pago del impuesto a las ganancias.

En 2012, Carlos Blaquier y Alberto Lemos, quien fuera administrador de Ledesma entonces, fueron procesados en las causas y se produjeron allanamientos en sus oficinas que constataron la continuidad de un accionar propio de la dictadura: en 2005, los Blaquier habían impulsado tareas de espionaje ilegal entre los participantes de las movilizaciones en conmemoración de las víctimas de la Noche del Apagón. Esto no es menor, pues representan aún en democracia lo más descompuesto de la herencia de la dictadura militar. Incluso un año antes de este allanamiento tuvieron una participación activa en organizar junto a la policía el desalojo de un asentamiento al interior del Ingenio Ledesma que dejó como saldo el asesinato de tres personas.

Con el macrismo, Luis Blaquier, el sobrino de Carlos, asumió en 2015 en un área sensible de la Anses, siendo nombrado subdirector del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) y se vieron beneficiados con la baja de retenciones. A su vez, el propio Luis Blaquier es uno de los ejecutivos a nivel local del fondo de inversión yanqui Lone Star, que en 2019 compró bajo el macrismo la empresa de equipos de perforación petrolera más grande del país, San Antonio Internacional. Como se ve, se trata de una de las familias más poderosas de la burguesía nacional que ha hecho nicho con todos los gobiernos.

Con el gobierno de Alberto Fernández fueron beneficiarios del programa ATP,  a pesar de haber consumado una serie de despidos, congelamiento de paritarias y recortes salariales aún cuando nunca detuvieron su actividad. La Corte Suprema y la Cámara Federal de Casación Penal protegieron a Blaquier hasta el momento de su muerte, en complicidad con el gobierno del Frente de Todos, puesto que la secretaría de Derechos Humanos de Nación, a cargo del kirchnerista Horacio Pietragalla, apoyó la suspensión del proceso judicial en contra del empresario con el argumento de que padecía una supuesta insania mental. Queda claro que los intereses de clase que estuvieron detrás de la dictadura continuaron bajo el régimen democrático.

Blaquier murió impune, y su familia se sigue llenando los bolsillos, con un trato preferencial del Estado. La causa judicial se encuentra “eternamente demorada”, y otras causas que recayeron sobre el grupo Ledesma y los Blaquier han sido cerradas de manera absolutamente irregular. En el Jujuy de hoy, el gobernador Gerardo Morales emprende una continuidad de la represión al servicio de los capitalistas que dominan la provincia, persiguiendo a quienes protestan por salarios y buscando ilegalizar el derecho a manifestar con su reforma constitucional reaccionaria.

Es por eso que el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, junto a organizaciones sociales y políticas, movilizará este jueves exigiendo juicio y castigo a los culpables por los crímenes de lesa humanidad durante la Noche del Apagón, la libertad de los presos políticos de Morales y el fin de la persecución.

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