Aquel día, las fuerzas combinadas de la Bonaerense, la Federal, la Prefectura y los servicios de inteligencia nacionales se combinaron para asesinar a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, además de herir a más de treinta compañeros que pertenecían a las distintas organizaciones que convocamos a aquella jornada.

A diez años, la lucha popular logró hacer encarcelar a algunos de los responsables materiales de los hechos: la condena a Fanchiotti es, sin dudas, un triunfo popular, pero la impunidad para los que ordenaron la masacre (Duhalde, Solá, Aníbal Fernández, Atanasoff, Juan José Alvarez y otros) sigue siendo un dedo acusador contra el Estado y los gobiernos K, los que ampararon dicha impunidad escondiendo los archivos de los organismos de inteligencia -los que, sin embargo, se mantienen muy activos en la persecución, seguimiento e infiltración en las manifestaciones populares, como lo muestra el Proyecto X comandado por la ministra de la 'Seguridad Democrática' Nilda Garré.

El décimo aniversario se desarrolla en el marco de un agravamiento de la situación por la que atraviesan los luchadores sociales y populares quienes, como Maxi y Darío, levantan los reclamos de los trabajadores. A los 14 muertos y decenas de heridos en protestas obreras y populares se les suman las más de 5.000 causas penales a luchadores, la criminalización de las luchas y la de sus dirigentes. Esta semana han reprimido nuevamente en Famatina con palos y detenciones a los que enfrentan la megaminería contaminante.

En la misma dirección va la ley antiterrorista, reclamada por Estados Unidos y votada por el Congreso a iniciativa del gobierno nacional. La orientación del régimen kirchnerista para imponer paritarias a la baja y un ajuste contra los trabajadores combina la judicialización de las luchas con la represión directa.

Un pacto de impunidad

El kirchnerismo ha llevado adelante, por nueve años, la paralización completa de la causa federal contra los responsables políticos (Duhalde, en primer lugar). Ariel Lijo, el juez que ha llevado adelante esta instrucción, es hoy el encargado de congelar la causa Boudou-Ciccone, luego de apartar a Rafecas del caso. Este pacto de impunidad ha servido no sólo al kirchnerismo para reciclar en distintos momentos a los políticos implicados por el crimen en sus propias filas (Aníbal Fernández, Juan José Alvarez, Felipe Solá, Carlos Soria), sino -en un sentido más general- para defender las fuerzas de represión contra la movilización popular que lucha para denunciar la masacre y por la condena lograda contra los miembros de la Bonaerense que tiraron del gatillo. Los hechos de estos años muestran la necesidad de los K de mantener en funcionamiento el aparato represivo contra los trabajadores y la juventud.

El asesinato de Mariano Ferreyra muestra otra de las formas de represión que instrumentó el kirchnerismo: la utilización de las patotas de asesinos que reclutan la burocracia sindical o los punteros del Estado. La patota de la Unión Ferroviaria fue amparada por el Estado desde la Secretaría de Transporte y por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien manejaba la policía, la cual primero liberó la zona y luego protegió el retiro de los asesinos. Son responsables también las patronales que otorgaron licencias a la patota y acordaron su ingreso al ferrocarril. Al día de hoy, la presión política en defensa de esta patota asesina sigue demorando el inicio del juicio con la intención de lograr excarcelar a Pedraza y sus cómplices.

El régimen kirchnerista es responsable también del asesinato del Qom Roberto López, a manos de la policía durante un desalojo en Formosa, provincia gobernada por el oficialista Gildo Insfrán. Franco Almirón y Mauricio Ramos murieron en un disturbio en José León Suárez, reprimido por la policía bonaerense al mando del gobernador K Daniel Scioli. Juan José Velázquez, Ariel Farfán y Félix Reyes fueron muertos en Jujuy por la policía provincial y la seguridad privada de los Blaquier. Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas fueron asesinados en Bariloche en una protesta en la que reclamaban por el asesinato de otro joven, acusado de un delito por la policía. Juan Castañares Quispe, Rosemari Chuña Puré y Bernardino Salgueiro fueron asesinados por las fuerzas combinadas de Macri y Cristina durante la toma del Parque Indoamericano. En estos años desaparecieron, a manos de la Bonaerense, Jorge Julio López y Luciano Arruga.

Estos compañeros cayeron peleando por los reclamos populares que aún siguen sin resolverse: el derecho al trabajo y al salario; la lucha contra la tercerización y la burocracia sindical; por la vivienda y el derecho a la tierra; la lucha contra la impunidad de un aparato represivo y mafioso, al servicio del narcotráfico.

El asesinato de Maxi y Darío fue una política de Estado. Es sobre todo una radiografía del régimen político que gobierna al servicio de los intereses capitalistas. El 26 de junio de 2012, a diez años de la masacre, debemos congregarnos en el Puente Pueyrredón miles de trabajadores y estudiantes para enfrentar un régimen incompatible con las libertades democráticas y las reivindicaciones populares.

Vamos por el juicio y castigo a los responsables políticos de los asesinatos de Maxi y Darío, y de todos los compañeros caídos. Vamos para que se le ponga fecha, sin más dilaciones, al juicio a los asesinos de Mariano.