Abuelas de Plaza de Mayo anunció la recuperación de la nieta 139. Se trata de la hija de Daniel Alfredo Inama y Noemí Beatriz Macedo, secuestrados en noviembre de 1977, en la ciudad de Buenos Aires, con ella embarazada de seis o siete meses.

Ambos se conocieron militando en el Partido Comunista Marxista Leninista, a él sus compañeros lo llamaban Pablo, y su familia y amigos «Pelado» o «el loco», era hincha de Estudiantes, le gustaba bailar y tenía dos hijos tenía dos hijos, Ramón y Paula; a ella su familia le decía «Noe», y sus compañeros «negrita», era muy solidaria. Su familia fue diezmada por el terrorismo de Estado y todos continúan desaparecidos.

Según testimonios de sobrevivientes, los dos fueron vistos en el centro clandestino de detención “Club
Atlético”. En el mismo operativo en el que secuestraron a Daniel también se llevaron a otros compañeros el partido, todos permanecen desaparecidos. La mamá de Daniel, Lucila Ahumada de Inama, fue una de las personas muertas en la inundación que asoló la ciudad de La Plata en 2013. Hasta el último día buscó, junto a Ramón y Paula, al nieto o nieta que debió nacer en cautiverio entre enero y febrero de 1978.

El hecho coincide con la lucha que los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos, (organismo fundamental para la restitución de todos los hijos y nietos apropiados durante la dictadura) están librando contra el gobierno de Milei en defensa de los puestos de trabajo y los sitios de memoria. Los trabajadores denuncian despidos, ajuste y rebaja salarial de miles de trabajadores de planta. El gobierno se apresta a eliminar programas y cerrar los sitios de memoria. Todo esto está en línea no solo con su política de ajuste para achicar el déficit fiscal en beneficio de los capitalistas sino también con su orientación prodictadura.

La aparición del nieto es una bocanada de aire fresco para la lucha en defensa de los derechos democráticos. Sobre todo cuando en Argentina gobierna un elenco de negacionistas del terrorismo de Estado y de fanáticos de Videla y Massera. Milei y Villarruel han demostrado en varias oportunidades su simpatía con los milicos terroristas; la vice solía visitar a Videla a la cárcel.

Bajo Milei, a la vez que se desarrolla esta política reaccionaria, se sostiene la impunidad sobre los represores. Durante 2024, la Justicia produjo solo 14 sentencias vinculadas a crímenes de lesa humanidad. Es el número más bajo de los últimos 10 años. Asimismo, el gobierno nacional disolvió organismos encargados de analizar los archivos de las Fuerzas Armadas, ordenó al Ministerio de Seguridad no entregar archivos de sus integrantes a los organismos que investigan la apropiación de menores y dispuso la suspensión del pago de indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado.

Según el Cels y Memoria Abierta, el Ejecutivo desfinanció los más de 800 lugares que durante la última dictadura funcionaron como centros de tortura, detención y desaparición, y echó a la mitad de la planta de trabajadores de los ocho sitios que dependen de la Secretaría de DD.HH. A la vez, frenó las obras de infraestructura, las excavaciones arqueológicas y las tareas de conservación de lugares que son prueba judicial, y puso en venta terrenos en los que funcionaron centros clandestinos (ElDiarioAr, 27/12).

Además, recordemos que funcionarios del gobierno visitaron a genocidas que hoy están presos y les prometieron buscar la forma para liberarlos, lo que constituye un salto en la provocación progenocida del gobierno, una afrenta a los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, a todo el movimiento de lucha por los Derechos Humanos y al pueblo en general.

La aparición de la nieta 139 es un nuevo impulso para continuar la lucha en defensa de los derechos democráticos. Hay que seguir peleando contra la impunidad y por la apertura de los archivos de la dictadura que todos los gobiernos mantuvieron bajo llaves para saber qué pasó con los niños robados por los milicos.

Continúa la lucha contra la destrucción de las áreas de trabajo y espacios de memoria, verdad y justicia

Los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos se siguen organizando para enfrentar este ataque. –

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