En un crimen con un sello narco, asesinaron a Eduardo Trasante, exconcejal de Rosario, pastor evangélico e integrante de la red de familiares de las víctimas del crimen narco. Dos hombres tocaron la puerta de su casa, ingresaron y lo acribillaron en su habitación, y se retiraron sin robar nada.

Trasante era padre de uno de los tres jóvenes asesinados en el Triple Crimen del barrio rosarino de Villa Moreno. En 2012, mientras jugaban al fútbol en una canchita de un barrio de Rosario, Jeremías Trasante, de 16 años, Claudio “Mono” Suárez, de 19, y Adrián “Patom” Rodríguez, de 21, integrantes del Frente Popular Darío Santillán, fueron asesinados a balazos por otro grupo de jóvenes, protegidos por la narcopolicía santafecina. A Jeremías lo mataron con disparos provenientes de una ametralladora.

El Triple Crimen, que se investigó dos años después y por efecto de las movilizaciones populares reclamando justicia, fue emblemático porque apuntó directamente al poder policial. “Encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes de funcionario público” fueron los cargos parciales contra un comisario, un suboficial y un agente, que fueron denunciados por los representantes de las víctimas como responsables de querer encubrir el atentado bajo el manto de un “ajuste de cuentas entre bandas narco” que no existió. Porque, como quedó demostrado, Jere, el Mono y Patom eran militantes sociales.

Recientemente se produjo una protesta enorme en San Lorenzo por el asesinato de Brian Sánchez, de 16 años, mientras pedía monedas. La policía también presentó este crimen contra la juventud como un ajuste de cuentas entre bandas y a Brian como un “soldadito”, hasta que la movilización popular clarificó ante la opinión pública que Brian era un pibe que mendigaba para comer y que la comisaría 7ª de la localidad es la que organiza a los narco.

El entramado entre narcos y policías recorre toda la región. En lo que va del año se produjeron en Rosario más de 100 homicidios, gran parte de ellos ligados al enfrentamiento entre bandas por la venta de drogas, la lucha por el territorio, los búnkers y la recaudación.

El Concejo de Rosario, impotente

Dos años después del asesinato de Jere, asesinaron  a otro hijo de Trasante, Jairo, a la salida de un boliche. Una familia destruida por el narcoestado santafecino.

En una conferencia de prensa dada por todos los bloques políticos que están en el concejo de Rosario y que encabezó Ciudad Futura, grupo político al que pertenecía Eduardo Trasante, se caracterizó este hecho “como un punto de inflexión”, dado que el exconcejal era miembro de la red de familiares de víctimas que impulsa movilizaciones contra el delito narco y de la violencia estatal. Lo cierto es que no es la primera vez que un familiar que lucha por justicia por sus hijos es asesinado por denunciar. En 2008, Norma Bustos convocó a todos los medios de comunicación al Barrio La Tablada y mostró el entramado narco que opera en el sur de Rosario; en 2013 su hijo Lucas Espina (25) fue acribillado con una ametralladora por traficantes de drogas a metros de su casa y en 2014 la asesinaron a ella, en ese mismo lugar: salió a atender su quiosco, un sicario fingió querer comprar cigarrillos y luego la liquidó de tres tiros certeros.

El verdadero punto de inflexión es muy previo al crimen de Eduardo Trasante y tiene una base material que remonta a la privatización de los puertos que operan sobre el Paraná en los ’90 y que han sostenido todos los gobiernos desde el menemismo a esta parte.

En su alocución, la cabeza del bloque de Ciudad Futura, Caren Tepp, reclamó contra “la carroña política” frente al asesinato de Trasante sin explicar a qué se refería. Pero acá deben dejarse de lado los compromisos políticos y es necesario ir a fondo, la investigación debe proceder con independencia de los responsables políticos y policiales del estado de cosas que gobierna Rosario y Santa Fe. Es indisociable de este crimen el hecho de que Trasante fuera víctima de un homicidio intencional y direccionado luego de perder la investidura que revestía como concejal, un cargo que tuvo que dejar tras una denuncia de abuso sexual de parte de una asesora del bloque de Ciudad Futura en su contra. El concejo de Rosario fue baleado el año pasado, en una seguidilla de atentados contra distintas instituciones, incluidos los Tribunales provinciales.

Desmantelar la maldita policía

El gobierno nacional y el provincial, de Omar Perotti, vienen de suscribir a principios de año un “convenio de cooperación en materia de seguridad” que pone en pie un “Consejo Provincial de Complementación” integrado por funcionarios de ambas jurisdicciones y referentes de las fuerzas nacionales (la Federal, Prefectura, Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria), la Policía de Santa Fe y la Agencia de Investigación Criminal creada por el nuevo gobernador santafesino. Rubricaron el acuerdo Alberto Fernández, la ministra de Seguridad nacional Sabina Frederic y el ministro de Seguridad provincial Marcelo Sain.

Todo el eje de la política de seguridad consiste en un reforzamiento del aparato represivo y en un intento de concentrar esas atribuciones. Según información oficial, actualmente hay desplegados dos mil gendarmes, herencia de los acuerdos entre el Frente Progresista y Patricia Bullrich de los Operativos “Cosecha Segura”, por los cuales las fuerzas de seguridad se dedican a garantizar el transporte seguro de los granos, contra robos y en particular contra las acciones (mencionan explícitamente los piquetes) que pudieran emprender los obreros del Complejo Oleaginoso Portuarios Agroexportador en época de cosecha. El convenio Copa ya no se cumple, pero las medidas represivas contra las luchas que lo hicieron nacer sí.

Pero el problema no es la falta de policía ni el recambio de sus jefes, sino el entramado económico que liga al aparato represivo del Estado con la soja y el narcotráfico a través de los puertos privados. Así como Vicentin evadía al fisco y lavaba activos transportando los granos a puertos extranjeros en Uruguay y Paraguay, gracias a su control privado sobre los puertos; el narco, en asociación con los sojeros, explota los puertos privados y los ríos interiores para moverse con libertad. La asociación entre ambos negocios está demostrada, ya que con la compraventa de soja se blanquea dinero negro, como sucede también en casinos y negocios inmobiliarios. Los móviles policiales blindan esta asociación, acompañando a los vagones que llevan cereales en su recorrido.

Salta a la vista que la fuerza que debiera combatir el delito es su principal organizadora. El reforzamiento policial equivale a empoderar a una verdadera estructura criminal y los ejemplos, a esta altura, sobran. El problema de fondo es que en Santa Fe existe un autogobierno de la policía, con el que han convivido socialistas, radicales, macristas y peronistas durante años. Esta autonomía se retroalimenta en base a la cooperación sistemática con el crimen organizado. La vinculación de los altos mandos de la Policía de Santa Fe con el narcotráfico no es producto de algunas “manzanas podridas” sino de la naturaleza de una institución que usufructúa el monopolio de la violencia para vincularse con los negocios que más ganancias recogen a nivel mundial: narcotráfico, tráfico de armas y trata de personas.

En Santa Fe existe un verdadero régimen narcosojero que solo puede ser desmantelado nacionalizando la tierra y los puertos, la banca y el comercio exterior, medidas básicas para recuperar el control del territorio y empezar a poner un freno a la violencia cotidiana. La lucha contra el crimen narco debe partir de desmantelar a la institución que anima este negocio capitalista: se debe disolver la policía y organizar su reemplazo por una fuerza electa y revocable por la ciudadanía. Esta medida no será tomada por ningún gobierno que defienda la estructura económica que da origen al gran delito: campos, vías fluviales y puertos privatizados, que son los canales económicos del narcotráfico y la trata de personas y luego “blanqueados” en los casinos, bancos y en la Bolsa de Comercio.

Decir basta es luchar por el desmantelamiento de este régimen que solo depara hambre y violencia para la población trabajadora.

Justicia por el Mono, Patom y Jere. Por Lucas Espina y su mamá, Norma Bustos. Justicia por Brian Sánchez. Justicia por Eduardo Trasante y las miles de víctimas del régimen narcosojero.