La excursión de seis diputados de La Libertad Avanza a la cárcel de Ezeiza y dos funcionarios de Defensa a Campo de Mayo para visitar genocidas que están presos, con el afán de abrirle paso a su liberación, abrió una fuerte crisis política dentro del gobierno, producto del repudio generalizado.

Entre los represores quienes aparecen en la foto que circuló se encuentran Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Mario Marcote, Miguel Britos, Honorio Martínez Ruiz, Adolfo Donda, Marcelo Cinto Courtaux, Julio César Argüello, Manuel Cordero, Gerardo Arráez, Antonio Pernías y Carlos Suárez Mason (hijo). Veamos quiénes son, cuál fue su rol durante la última dictadura militar y por qué están presos.

Astiz cumple condena a prisión perpetua por secuestros, torturas y asesinatos. Fue responsable del secuestro de los doce activistas que se reunían en la Iglesia de la Santa Cruz y que fueron raptados entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977. Entre ellos se encontraban tres Madres de Plaza de Mayo que en 1977 buscaban a sus hijos desaparecidos (Azucena Villaflor, María Eugenia Ponce de Bianco y Esther Ballestrino de Careaga); también las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. Los doce fueron llevados a la ESMA y arrojados al mar en un vuelo de la muerte.

Guglielminetti y Honorio Carlos Martínez Ruiz están cumpliendo una pena de 25 años de prisión y prisión perpetua respectivamente. Al primero se le impuso la misma por 5 homicidios, y su intervención en 25 casos de secuestro y en 21 casos de tortura cometidos durante la última dictadura en el centro clandestino de detención conocido como “Automotores Orletti”. Entre sus víctimas estuvieron las víctimas de lo que se conoció como los cinco tambores del río Luján. Martínez Ruiz fue condenado por el secuestro y tortura de dos niños y su madre.

Mario “el Cura” Marcote es conocido por sus víctimas por las violaciones y abusos sexuales que cometía en la esquina de San Lorenzo y Dorrego, el centro clandestino de detención más grande de Santa Fe. Miguel Britos integraba la Policía de la Superintendencia de Seguridad Federal y fue condenado a perpetua por el homicidio calificado de Eduardo Edelmiro Ruival y la privación ilegal de la libertad agravada de Adriana Claudia Marandet, en el circuito ABO.

Adolfo Donda fue condenado a quince años de prisión por el secuestro y apropiación de su sobrina, Victoria Donda, luego del asesinato de su hermano y su cuñada en la ESMA, donde era jefe de operaciones del Grupo de tareas 3.3.2. La menor de 10 años fue sustraída durante el cautiverio de su madre María Hilda Pérez, en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó una maternidad clandestina en el contexto del plan sistemático de apropiación de niños y niñas, que fue probado judicialmente.

Marcelo Cinto Courtaux fue condenado a prisión perpetua por los crímenes contra militantes montoneros que participaron de la Contraofensiva. Estuvo tres años prófugo y recién lo encontraron en mayo de 2017, durante el gobierno de Macri, días después de que la Corte Suprema dictara el fallo del 2×1 que abría una puerta para la liberación temprana de los genocidas de la última dictadura, pero que luego fue volteado por la movilización popular. Su hijo es asesor de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, en la Cámara de Senadores. 

Julio César Argüello fue condenado a prisión perpetua por más de 80 casos de homicidio, secuestro, tortura, entre ellos el de Claudia Falcone de La Noche de los lápices, Emilce Moler y Adriana Calvo. Manuel Juan Cordero Piacentini fue condenado a 25 años de prisión por los secuestros de once ciudadanos uruguayos durante el denominado Plan Cóndor. Gerardo Arráez fue condenado a 25 años de prisión por 352 hechos de privación ilegal de la libertad y tormentos en el circuito represivo ABO (Centros Clandestinos Atlético, Banco y Olimpo).

Antonio Pernías fue condenado a perpetua por la mega causa Esma. Integró los sectores operaciones e inteligencia en el Grupo de Tareas de la ESMA entre 1976 y 1980, participó en operativos de secuestro, robo de vehículos y saqueo de viviendas, así como en interrogatorios bajo tortura y en el control de los detenidos-desaparecidos. Durante 1977 estuvo a cargo de los cautivos obligados a realizar trabajo esclavo en el sector Pecera.

Carlos Guillermo Suárez Mason fue condenado a prisión perpetua por treinta y cuatro delitos de lesa humanidad, cometidos también en la ESMA. Su padre fue el genocida Carlos Guillermo Suárez Mason, alias “Pajarito”.

La visita de los funcionarios a estos genocidas, condenados por los crímenes más aberrantes contra toda una generación de trabajadores y militantes, sumado a los desfiles militares y el desmantelamiento de los sitios de memoria, apuntan a preparar las condiciones para dictar la impunidad. Eso, en función de ofrendarle una carta blanca a los militares del presente y así volver a adjudicarles a las Fuerzas Armadas la tarea de reprimir al pueblo que lucha. Esto es lo que plantea el proyecto presentado por el gobierno en la Cámara de Diputados para volver a otorgarle a las FFAA un rol dentro de la represión interna. Se trata de un objetivo clave para un gobierno empeñado en destruir las condiciones de vida de la población trabajadora.

En ese sentido también viene protagonizando un ataque en regla contra las libertades democráticas, reprimiendo las movilizaciones, encarcelando luchadores e ilegalizando el derecho a huelga por medio de la Ley Bases. Quieren llevar adelante un cambio de régimen político para hacer pasar sus planes antiobreros.

Como luchamos incansablemente para llevar a la cárcel a los represores y como luchamos contra el 2×1 a los genocidas, tenemos que derribar este nuevo intento de exonerarlos por parte del poder político. Hay que volver a demostrar en las calles que no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos y que los 30.000 están presentes, como lo hicimos el último 24 de marzo de forma masiva.

Los alcances de la crisis económica y política

Para el pueblo trabajador Milei es hambre, desocupación y represión. –

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