Los dirigentes de Atech Regional Sur, Daniel Murphy y Carlos Magno, así como Félix Curapil, Verónica Rosales y Gerardo Coronado, de ATE, irán a juicio por dos causas que se acumularon en un solo expediente: una que remite a una movilización en ruta 3 y 26, el 19 de abril de 2018 en Comodoro Rivadavia, y otra por la caravana docente a Cerro Dragón el 23 de mayo de 2018, donde se encuentra la base de Pan American Energy, ambas en la provincia de Chubut, en el marco de reclamos salariales contra el pago escalonado, la falta de transporte educativo gratuito y el deterioro edilicio. La causa, a días de caerse, fue tomada por el juez subrogante Guido Otranto, conocido por sus atropellos en la causa Maldonado, donde fue recusado, acusado de “imparcialidad, prejuzgamiento y enemistad manifiesta” por el CELS, entre otros.

Según declaraciones del fiscal federal Bellver, atrás de esta causa hay denunciantes de las operadoras petroleras (Radio 100.1, 29/7). Otro de los denunciantes es Federico Massoni, en ese entonces ministro de Gobierno de la provincia. El Estado, como querellante, muestra al servicio de quiénes gobierna. Mientras la justicia no considera ilegal el no pago de salarios en tiempo y forma, actúa rápidamente bajo la batuta de quienes saquean la provincia, como reafirma la impunidad que rodea a Ávila, secretario general del Sindicato Petrolero, y la patota que se hizo cargo del violento desalojo de las rutas 3 y 26 en 2019, en el marco de una protesta docente cuyos reclamos tenían, y tienen al día de hoy, continuidad con los de 2018.

Estamos ante un nuevo intento de la Justicia federal de regimentar las luchas obreras mediante la aplicación del Código Penal y la persecución judicial. Esta causa se suma al procesamiento del secretario general de la Atech (estatales de Chubut), Santiago Goodman, junto a los dirigentes sindicales Schierloh, Ancaleo y Castro, por la pueblada de Rawson en 2019. También hay antecedentes de detenciones al secretario general del sindicato de la salud SISAP, Carlos Sepúlveda, o el secuestro del auto de Daniel Murphy mientras realizaba actividades gremiales.

Los intentos de solucionar los reclamos sociales por la vía de la represión y la criminalización de las protestas van de la mano de una hoja de ruta que implica una reestructuración de la deuda provincial, usuraria, ilegítima y fraudulenta, sobre la base de una mayor entrega de los bienes comunes de la provincia; un plan de retiros voluntarios y débitos laborales con salarios del 70%, o menos, para reducir la planta estatal; congelamiento de los salarios y una depreciación salarial del 40%.

Rechazamos la criminalización de la protesta social. Para derrotar esta judicialización, la docencia de Chubut tiene que dar una respuesta integral y de conjunto con el resto de los trabajadores contra los planes ajustadores y represores del gobierno de Mariano Arcioni. Por un plan de lucha para el cierre de todas las causas y el triunfo de nuestros reclamos, urge conquistar nuevamente un plenario provincial docente que tome en sus manos estas campañas y promueva un congreso de bases de todos los sectores para articular un plan de lucha en unidad.

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