En horas de la madrugada de este martes 21, una integrante de la Policía de la Ciudad efectuó entre tres y cuatro disparos contra un hombre que habría intentado robarle en la localidad de Piñeyro, Avellaneda. Sin embargo, las fuentes judiciales aseguran que el mismo no estaba armado, descartando cualquier acto de defensa propia.

La oficial, a su vez, no estaba en horas de servicio: estaba esperando el colectivo en la intersección de Avenida Cabildo y Aráoz para dirigirse hacia la comisaría donde desempeña funciones. Cuando el presunto ladrón estaba a bordo de la moto en que arribó al lugar para retirarse, allí la misma desenfundó su arma y le disparó.

La causa recayó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 descentralizada de Avellaneda y será investigada por la fiscal Solange Cáceres. En vistas de que la víctima de los disparos se encuentra internado fuera de riesgo, la misma caratuló la causa como “lesiones graves” y la policía quedó inmediatamente en libertad. (InfoRegión, 22/7)

Este caso se inscribe en el aumento exponencial de casos de abusos y violencia policial y gatillo fácil, no sólo en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país. En Avellaneda, basta con recordar el reciente caso del asesinato a sangre fría de Lucas Barrios, donde el policía Nicolás Rendichi le efectuó un total de 18 disparos hasta quitarle la vida y finalmente fue puesto en libertad. En dicho caso, el efectivo tampoco estaba en horas de servicio. Al comienzo de la cuarentena, el hostigamiento por parte de la bonaerense a dos niños que revolvían la basura generó también una enorme conmoción. Ni que hablar entonces del cercamiento y la militarización de Villa Azul ante el crecimiento de casos de Covid-19.

Esta realidad se multiplica, en primer lugar, como política de Estado: la militarización de los barrios y el reforzamiento del aparato represivo ha sido un punto en común de todos los gobiernos. Uno de sus principales impulsores, el ministro de seguridad bonaerense kirchnerista Sergio Berni, ha logrado conformar en su jurisdicción uno de los territorios más hostiles por parte de las fuerzas represivas en todo el suelo nacional.

Sin embargo, tras la vía libre y el envalentonamiento a los agentes policiales para cometer todo tipo de abusos y violencia, es también defensor de la doctrina de la "ilegítima defensa". Su explícito aval a casos como el del jubilado Jorge Adolfo Ríos, que lejos de cualquier acto de legítima defensa remató en el suelo al delincuente que lo había asaltado —y que colocó al ministro prácticamente en la misma vereda que Patricia Bullrich, exministra de seguridad de Macri, no hace más que suscitar una creciente fascistización en la población que respalde el crecimiento y endurecimiento de la escalada represiva.

Este caso cometido en Piñeyro retrata una situación que de ninguna manera puede catalogarse como un acto de “legítima defensa” por parte de la policía agresora. La complicidad judicial es alevosa al momento en que se la libera y se le permite seguir ejerciendo funciones. Independientemente de que la misma pertenezca a la Policía de la Ciudad, no puede dejar de señalarse a su vez que este caso es el resultado de esta misma política represiva ascendente. La campaña por un gran plenario nacional contra la represión y por el Fuera Berni se anotan en este sentido.

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