Patricia Bullrich se valió de la desesperante situación que viven los vecinos de la ciudad de Rosario, sitiada por la descomposición del narco Estado, para anunciar un nuevo reglamento de armas de fuego para las 5 fuerzas federales de seguridad. El mismo repone la resolución ministerial conocida como “doctrina Chocobar”, entre otras flexibilidades a la hora de utilizar armas letales. Es lisa y llanamente la promoción del gatillo fácil, el que se lleva diariamente la vida de los pibes en los barrios.

Este protocolo es casi idéntico al que regía durante su anterior gestión como ministra y que fue autorizado en defensa de aquel agente la policía bonaerense, Luis Chocobar, que fue condenado por asesinar por la espalda a un joven de 18 años en 2017, y luego de que las fuerzas federales terminaran con la vida de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado mediante el gatillo fácil, dos luchadores que defendían el derecho a la tierra de los pueblos originarios contra los lobbys capitalistas.

A su vez, Bullrich anunció que el ministerio está en un proceso de compra de armas Byrna -armas de aire comprimido que disparan proyectiles cinéticos o químicos irritantes-, que se sumarán a las Taser. No es casual que, a medida que se incrementa la presión de la caldera social, al ritmo del empobrecimiento de la población, el gobierno refuerce el carácter represivo otorgándole mayores libertades y armamento a las fuerzas federales.

Recordemos que el presidente, Javier Milei, aseguró este martes 12 que está evaluando el envío de un proyecto al parlamento para modificar la ley de Seguridad Interior, esto con el propósito de ampliar las atribuciones de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en ese terreno. Esto constituye un ataque peligrosísimo contra las libertades democráticas que va de la mano de otras iniciativas, como el protocolo antipiquetes de Bullrich o la modificación del decreto reglamentario de la ley de defensa nacional, de 2006, que ya anticipó el ministro de Defensa, Luis Petri.

Este programa represivo no está orientado a combatir el delito ni llevar seguridad a los barrios, sino que da carta blanca a las fuerzas, que son socias del narcotráfico y el crimen organizado, para avanzar contra todos aquellos que luchen contra las políticas hambreadoras de este gobierno. Es lo que se demostró con la brutal represión en la que incurrieron las fuerzas federales durante varios días a jubilados, asambleístas, piqueteros, artistas y trabajadores en general frente al Congreso.

Para llevarlo adelante, el gobierno aprovecha el temor y la angustia generada en la población trabajadora por la crisis narco. Sucede que al narcotráfico no se lo enfrenta empoderando a los militares (consúltese, si no, las experiencias dramáticas de México y Colombia), algo en lo que incluso ya ha incurrido el gobierno anterior con el desembarco de Gendarmería en Rosario, la militarización de los barrios y el anuncio de que intervendría el Ejército con apoyo logístico, en boca de Alberto Fernández.

El hecho de que ahora las bandas usen armas y municiones de la Policía de Santa Fe para asesinar trabajadores y así paralizar servicios esenciales como el transporte, es todo un mensaje mafioso sobre el entrelazamiento profundo entre bandas y fuerzas de seguridad y es una expresión de la profundización de una crisis sistémica frente a gobiernos que protegen a los dueños del negocio narco.

Para combatir al narcotráfico hay que desarticular la red de complicidades dentro del aparato de seguridad y del poder político y económico, algo que ni Pullaro ni Bullrich, ni Milei piensan hacer, al contrario, buscan reforzar a las fuerzas de seguridad que amparan desde el Estado este flagelo.

Abajo el protocolo antipiquetes y la doctrina Chocobar. Fuera Bullrich.