Patricia Bullrich amenazó con aplicar de hecho el protocolo anti piquete durante la movilización del miércoles convocada por las centrales sindicales, violando el fallo del juez Gallardo quien le otorgó el control de la movilización a la Policía de la Ciudad, y limitó el accionar de las fuerzas federales.

Gabriel Solano, legislador por el Partido Obrero en el FIT-U y presidente de la Comisión contra la Violencia Institucional en la Legislatura afirmó que aplicar el protocolo antipiquete coloca al gobierno en la ilegalidad: "el fallo es claro cuando señala que el Bullrich no puede desplegar las fuerzas represivas federales en territorio de la Ciudad de Buenos Aires en la movilización de este miércoles convocado por las organizaciones de jubilados y la CGT. En la Ciudad de Buenos Aires el protocolo anti piquete no está vigente porque el gobierno local no adhirió”.

Y agregó: “El protocolo anti piquete es claramente ilegal ya que el gobierno nacional se arroga competencias propias del Poder Judicial, como determinar qué es delito y qué no. Con el protocolo el gobierno criminaliza la protesta social impidiendo movilizaciones populares en momentos donde la crisis económica golpea duramente a los trabajadores”.

Solano cuestionó también al jefe de gobierno Jorge Macri por apelar el fallo del juez Gallardo y lo acusó de renunciar a la autonomía de la Ciudad. Todo el arco político cierra filas detrás de la represión a la protesta y de la criminalización a quienes luchan.

Tenemos que llenar las calles mañana para quebrar el operativo represivo y demostrarle al gobierno que la población, que padece el ajuste y las políticas hambreadoras del gobierno nacional, no se va a dejar amedrentar.

Un paro nacional en caliente, en la arena movediza de la crisis mundial

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