El pasado lunes 27, mediante un comunicado firmado por la ministra de seguridad Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete del ministerio, Carlos Manfroni, se hizo público el rechazo de requerimientos que le fueron remitidos en 70 expedientes por parte de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI), por los cuales se le solicitaba al Ministerio de Seguridad legajos de integrantes de las fuerzas, una práctica habitual de dicho espacio desde su creación para la investigación del destino de las más de 400 personas apropiadas en la última dictadura cívico-militar-eclesiástica que no han recuperado su identidad.

El gobierno nacional, a través de su Ministra de seguridad, niega las atribuciones conferidas a la CoNaDi, durante su creación, en cuanto a sus poderes de investigación: “debemos señalar -dice- que un decreto no tiene entidad suficiente para generar un organismo de investigación que pueda intervenir o requerir informes fuera del área del ministerio en el que ha sido creado”, ya que la CoNaDi depende de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación.

Seguidamente, expresa que “la investigación y promoción de las acciones judiciales orientadas al juzgamiento de delitos ante el Poder Judicial de la Nación corresponde al Ministerio Público Fiscal, mientras que el Poder Ejecutivo tiene vedado el ejercicio de funciones jurisdiccionales, de conformidad con lo establecido en los artículos 109, 116 y 120 de la Constitución Nacional”, con fundamento en que “la seguridad de una nación es algo sumamente sensible y del mismo modo los datos del personal que está a cargo de ella. Por ese motivo, las leyes orgánicas de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales asignan a los legajos de los efectivos el carácter de reservado.”

Es decir que Bullrich, cínicamente, fundamenta el rechazo a la entrega de los legajos citando los artículos 19 y 43 de la Constitución Nacional, que garantizan el derecho a la intimidad, y la ley 25.326 de Protección de Datos Personales.

La doble cara del gobierno, que funda el rechazo de la colaboración que legamente tiene que cumplir el Ministerio de Seguridad con la CoNaDi en el respeto a la intimidad y protección de datos personales para integrantes de las fuerzas que cumplieron funciones en la útima dictadura militar, se pone de manifiesto en el hecho de que, mientras tanto, realiza un espionaje y persecución sobre las organizaciones sociales que se organizan frente al hambre.

La CoNaDI fue creada en 1992 gracias a la lucha de los organismos de derechos humanos, en particular de Abuelas de Plaza de Mayo,  para restituir la identidad a sus nietos y nietas apropiados en la última dictadura genocida, que junto al Banco Nacional de Datos Genéticos han logrado recuperar la identidad de 137 niñes, garantizando el cumplimiento de la Convención Internacional por los Derechos del Niño, respecto al derecho a la identidad (artículo 7, 8 y 11).

El planteo de Bullrich es un nuevo ataque a la lucha contra la impunidad de los delitos de lesa humanidad de la dictadura genocida, por parte de un gobierno no solo cómplice sino apologista de la tortura, violación, secuestros, desapariciones sufridas por más de 30.000 compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos.

Más que nunca, reforcemos la lucha contra la impunidad de los delitos de lesa humanidad y las violaciones actuales de los derechos humanos contra quienes nos organizamos para enfrentar a este gobierno hambreador, represor de la lucha popular y  defensor de genocidas.

Apertura de todos los archivos de la dictadura. Restitución de las más de 400 personas  apropiadas.