Libertades democráticas
3/7/2026
Detenciones, traslados irregulares y amedrentamiento por parte de Bullrich, Lijo y Pollicita
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Un nuevo intento de amedrentamiento. Franco Matías Javier Oscari, un joven campesino de 24 años, se encuentra detenido desde el jueves 25 de junio por orden del juez federal Ariel Lijo. Dicha detención, realizada durante la madrugada y a punta de pistola, se debe a una denuncia de Patricia Bullrich por supuestas amenazas.
Según la su abogada María José Castillo, luego de su detención Franco fue sometido a un verdadero periplo. En Jujuy, durante la audiencia le negaron la excarcelación con el falso argumento de que no trabaja y de que como vive en un paraje rural podría fugarse a Bolivia, para más tarde mantenerlo desaparecido durante tres días. Una vez aparecido en Tucumán gracias a la constante acción de familiares y la comunidad, fue trasladado a Salta donde intentaron enviarlo a Buenos Aires, cosa que fue suspendida y luego de una semana de incertidumbre será regresado a su provincia.
Los dos responsables de la situación procesal en extremo irregular de Franco son, por un lado, el juez Ariel Lijo, tristemente célebre por su laxitud y benevolencia en los casos de corrupción de funcionarios como es el de Adorni, a quien aún ni siquiera llamó a indagatoria a pesar de la contundencia de las pruebas en su contra. Por el otro lado, quien se encarga de negarle la excarcelación con argumentos absolutamente falsos y antijurídicos es el fiscal Pollicita, tradicional ejecutor de la persecución estatal a los luchadores populares, como lo muestra sus desvaríos e imposturas (y las de Casanello) en la causa contra los compañeros del Polo Obrero.
El atropello ni siquiera tiene sustento legal: existe una flagrante falta de competencia territorial, ya que la Justicia Federal de Buenos Aires (Comodoro Py) toma un caso por un hecho que supuestamente fue cometido a través de redes sociales por un residente de la provincia de Jujuy por lo que deberían ser jueces de esa provincia los que tomen el caso. Además el rechazo de la excarcelación, que está basado en un pretendido "riesgo de fuga" por su condición de habitante rural en una zona (relativamente) próxima a la frontera, configura un razonamiento discriminatorio y arbitrario: la defensa ha acreditado fehacientemente su arraigo familiar, territorial y laboral como productor campesino desvirtuando cualquier peligro procesal, lo que es más grave aún cuando se le imputa un delito cuya escala penal admite holgadamente la ejecución condicional. Por último, los sucesivos e intempestivos traslados interprovinciales sin notificación oficial a su defensa ni a sus familiares son una restricción ilegal y abusiva de la libertad.
La violenta detención de Franco, que integra el Movimiento Nacional Campesino Indígena, se da en un marco de fuerte conflictividad en la zona y no tiene otro objetivo que la criminalización de quienes se oponen a los desalojos de familias promovidos por empresas que intentan hacerse con sus tierras.
Sin ir más lejos la propia madre de Franco Oscari es una de las firmantes del amparo de la comunidad de Palma Sola (el municipio donde reside) contra el Estado de Jujuy y la minera Mom Mining que intentaba arrasar con los bosques y el agua de la zona.
En un contexto en el que el gobierno de Milei y Bullrich intentan sancionar el super Rigi y avanzar aún más en la entrega de los recursos naturales y la tierra al capital extranjero, se acentúa la represión y las represalias a activistas y militantes populares. Es entonces que sobre la base de presuntas amenazas se abre el intento de avanzar mediante un proceso abusivo e irregular contra la libertad de expresión y habilitar el ciberpatrullaje con el fin de cercenar también el derecho a la protesta.
Libertad inmediata de Franco Matías Javier Oscari y cese a la persecución de quienes defienden sus territorios y los recursos naturales del pueblo.
