La ministra de seguridad, Patricia Bullrich, brindó una conferencia de prensa tras la manifestación del 20 de diciembre para celebrar el debut del “protocolo antipiquetes”. Un festejo forzado, si se considera que el descomunal despliegue de fuerzas policiales y de la Gendarmería no pudo impedir la realización de la movilización y el acto masivo en Plaza de Mayo (ni en el resto del país), a 22 años del Argentinazo que derribó al gobierno de Fernando de la Rúa, administración nefasta que integró como ministra de Trabajo.

Bullrich se jactó de que no hubo corte sobre la Avenida 9 de Julio y Puente Pueyrredón, pero lo cierto es que la convocatoria estaba pautada en Plaza Congreso. Ese punto inicial se modificó hacia las diagonales sur y norte, más próximas a la Plaza de Mayo, para sortear las provocaciones oficiales y asegurar la realización del acto en que se leyó un documento conjunto que denuncia el ajuste brutal y la represión del gobierno de Milei. Este ataque oficial, en una Argentina donde casi la mitad de la población está sumergida en la pobreza, es lo que explica tanto el “protocolo” represivo de la ministra como sus bravuconadas en la conferencia de prensa, que trataron de tapar las medidas antipopulares de Javier Milei y crear un chivo expiatorio frente a la crisis en la figura de las organizaciones sociales. Llegado a este punto, volvió a la carga con acusaciones falsas de "punterismo" que ya han sido desmentidas por el Polo Obrero en incontables ocasiones.

La ministra asegura que la marcha se circunscribió a una “militancia cerrada e ideológica”, una definición macartista para no reconocer que se trató de una marcha multitudinaria con la presencia de decenas de organizaciones sindicales, piqueteras, de derechos humanos, estudiantiles, ambientales, de las mujeres y diversidades.

Volvió a mentir cuando dijo que “el único herido (de la jornada) es un policía”. Las fuerzas de seguridad golpearon a manifestantes y a trabajadores de prensa que cubrían los hechos. Incluso desplegó efectivos en áreas que son competencia de la Ciudad de Buenos Aires, no de las fuerzas federales.

Planteó que se revisarán filmaciones para eventualmente tomar represalias contra manifestantes, como quita de planes sociales o apertura de causas judiciales, con lo cual anticipa tareas de espionaje que constituyen un nuevo atropello legal de su “protocolo”. A los que no marcharon este 20, explicó Bullrich, no se le quitarán las asignaciones, pero no dijo que, en la medida en que no hay una actualización de sus montos, con una inflación cercana al 20% mensual, el gobierno aspira a licuarlas hasta su virtual desaparición.

Mientras la funcionaria celebraba la apertura de una “nueva etapa”, en referencia a esta criminalización de la protesta social, un corte de vías de vecinos sin luz sorprendía a la estación Villa Domínico, en el Ferrocarril Roca. Pocas horas después, tras conocerse el decretazo de Milei, resonantes cacerolazos estallaron en el Area Metropolitana y varias ciudades del interior. El ajuste, la pobreza y el hambre que azotan a la Argentina empujarán inevitablemente al pueblo a las calles, mal que le pese al gobierno.

Fuera Bullrich.

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