El pasado 31 de diciembre la policía de Santa Cruz asesinó a Santiago Díaz (25 años), en la comisaría segunda de Caleta Olivia. Santiago estaba detenido hace un poco más de un mes por un crimen ocurrido en la zona de chacras de la ciudad.

Con el correr de las horas la información que trasciende en los medios es la que brindó la misma policía. Santiago pidió ir al baño, forcejeó con los efectivos, se fugó de la comisaría y murió de un paro cardiorrespiratorio a una cuadra de la seccional. Esta versión quedó truncada cuando la familia de Santiago se manifiesta en las puertas de la Seccional Segunda pidiendo la detención inmediata de todos los policías que habían estado de guardia esa madrugada. Es que la familia había sido contactada por Prefectura Naval para entregarles el resultado de la autopsia, donde certificaban que el joven había muerto por asfixia mecánica por compresión en el cuello. Denunciando que era mentira que su familiar había muerto de un paro y que él no podía estar detenido como un preso común porque padecía esquizofrenia.

El rápido accionar de la familia que dudó de la versión policial logró que al día de hoy haya siete policías separados de sus funciones y tres de ellos detenidos, se tratan de: Adrián Ramiro Cardozo (41), Oscar Ezequiel Melgarejo (30), Franco Ramón Mamani (29).

Evidentemente la familia descreyó porque entre el 2020 y 2021 seis presos solo en comisarías de Caleta Olivia, han sido hallados muertos y caracterizados de “suicidios”, siendo el caso más renombrado el de Rodrigo Curaqueo, un joven asesinado con la misma metodología por policías de la Seccional Tercera. El asesinato de Santiago Díaz marca un precedente para la policía de la provincia. Ya nadie cree que los presos se suiciden y las familias salen a buscar una respuesta urgente a las máximas autoridades, hoy con una autopsia como prueba.

La denuncia que hacemos en contra del gatillo fácil y el abuso de autoridad hoy más que nunca cobra relevancia porque los hechos lo demuestran, no es un policía asesino sino la institución que encubre por todos los medios a cualquiera implicado en un crimen.

Por lo tanto debemos seguir exigiendo la renuncia de Lisandro De La Torre, ministro de Seguridad de la provincia y el desmantelamiento de las fuerzas represivas.

Justicia por Santiago Díaz, Rodrigo Curqueo y Gustavo Gerez.