Antes de dejar su banca en el Congreso, Elisa Carrió presentó un proyecto de ley que establece el otorgamiento del beneficio de prisión domiciliaria, de manera automática, para los genocidas condenados mayores de 75 años y a los que padezcan enfermedades terminales o discapacidad. También prevé limitar a 5 años la modalidad de prisión preventiva a los represores. Se trata de un intento de que vuelvan a sus casas los 206 genocidas que hoy están presos.

Entre quienes quedarían por fuera de este beneficio se encontrarían los autores de delitos de “terrorismo […] y delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional”. Se trata de un proyecto hecho a la medida de la impunidad a los responsables de crímenes de lesa humanidad, cuidando que no alcance a los luchadores que fueron condenados por los mencionados delitos.

Ahora, más allá de la suerte que siga, lo cierto es que en los hechos priman mayormente las cláusulas de impunidad planteadas en este proyecto. Según datos del informe estadístico de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, de un total de 884 genocidas condenados casi el 70% de ellos goza del beneficio de prisión domiciliaria. Sobre el total de las condenas, solo 254 de ellas tienen estado de sentencia firme.

Si tenemos en cuenta que el propio informe calcula un promedio de tiempo de 5,3 años entre el requerimiento de elevación a juicio y el último fallo de la Corte Suprema, vemos que no es casual que Carrió sugiera que las preventivas venzan a los 5 años. Este ritmo lleva a que la mayor parte de los genocidas vaya muriendo impune.

Cuando se observa el mapa de conjunto los datos son lapidarios. De un total de 3.295 personas que han sido investigadas en todo este tiempo, solo 1.119 fueron sentenciadas, de las cuales 962 terminaron condenadas. Del total de los investigados, 792 fallecieron, 884 se encuentran “detenidos”, 1.590 están libres y 29 se encuentran prófugos.

Si se estima que existieron unos 600 centros clandestinos de detención, debemos concluir que por cada centro hay 1,5 condenado. Este año hay solo 8 causas con fecha para juicio oral, de un total de 351 causas pendientes. A eso hay que agregar que en la mayoría de los casos las prisiones domiciliarias son vulneradas, como trascendió recientemente cuando el represor Eduardo Eleuterio Ascheria fue sorprendido paseando por la vía pública.

Este entramado de impunidad es una parte clave de un intento de reconciliación de la sociedad con las Fuerzas Armadas, que lleva años y varios gobiernos. En esa línea, recientemente Alberto Fernández planteó como una necesidad “dar vuelta a la página” respecto a la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en materia represiva. Tras pedir disculpas a los organismos de Derechos Humanos, reafirmó en su discurso de apertura de las sesiones legislativas que “celebramos que por primera vez en la historia tenemos Jefes de las Fuerzas Armadas que pertenecen a la generación que ha egresado como oficiales en pleno funcionamiento de la democracia”. Una lavada de cara que busca borra el desprestigio popular de una institución cuestionada por su papel genocida bajo la última dictadura.

En ese mismo discurso, Fernández se comprometido a la desclasificación de los archivos de inteligencia respecto al atentado de la Amia, pero no asumió compromiso alguno sobre la apertura de los archivos de la dictadura, que cuentan con información indispensable para individualizar a los miles de represores detrás de las desapariciones durante ese período, lo cual sería un aporte invaluable en la lucha contra la impunidad y los juicios a cuentagotas.

En este cuadro, el proyecto presentado por Carrió representa la oficialización de una política de impunidad que ha sido la constante de los sucesivos gobiernos en democracia. Es necesaria una contundente movilización independiente el próximo 24 de marzo para cambiar el curso de los acontecimientos y obtener Memoria, Verdad y Justicia.