Los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma, les concedieron el privilegio de la prisión domiciliaria a tres represores condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica, Luis Ángel Firpo, Mario Ocampo y el exdirector de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz, que tiene varias sentencias a prisión perpetua.

Dos de los fallos benefician a represores condenados por el caso conocido como Contraofensiva Montonera, en el que se juzgaron los secuestros, tormentos y homicidios cometidos contra militantes de esa organización política que volvieron del exilio entre 1979 y 1980 para enfrentarse con las Fuerzas Armadas durante la dictadura. En el caso de Etchecolatz, la decisión fue adoptada en el marco de la causa en la que se encuentra procesado por el asesinato de Horacio Alejandro Benavides, un militante de 22 años ejecutado en septiembre de 1976, a metros de la Plaza Moreno de La Plata, por un grupo de represores de la Dirección General de Investigaciones (Télam 8/6)

Firpo y Ocampo ya obtuvieron el beneficio del arresto domiciliario. El primero lo incumplió para hacer las compras y el segundo estuvo prófugo. Por ahora, el beneficio del arresto domiciliario se hará efectivo para ellos y para Etchecolatz todavía no, por no tenerlo otorgado en otras causas.

Para concederle el arresto domiciliario al multicondenado represor, que recientemente obtuvo perpetua en el juicio Garachico Arana Residual, los jueces consideraron que tiene 93 años y que, como planteó su defensa, su salud sufrió un deterioro por la supuesta falta de recursos del Servicio Penitenciario Federal para poder asistirlo debidamente. Pero el hecho de que se encuentre actualmente en el Sanatorio en Merlo es prueba de que se puede garantizar su derecho de acceso a la salud. La edad no puede ser una excusa para conceder un beneficio que, en el caso de estos crímenes contra la humanidad, redundaría en un privilegio. Las personas privadas de su libertad por delitos comunes carecen de estos beneficios, lo que también da cuenta del carácter de clase de la justicia, que además avala los problemas de salud que muchas veces son inventados por los genocidas y sus defensores.

Familiares de víctimas del represor multicondenado Miguel Etchecolatz repudiaron el fallo de la Cámara de Casación que le otorgó la prisión domiciliaria al genocida y afirmaron que con esa resolución los jueces “volvieron a desaparecer a sus familiares”. (GrupoLaProvincia 8/6)

Desde Justicia Ya también repudiaron enérgicamente la resolución de les jueces y sostienen que el único lugar para los genocidas es la cárcel común, perpetua y efectiva. También afirmaron que los problemas de salud realmente existentes pueden tratarse en el marco de la cárcel común como está sucediendo actualmente en el caso de Etchecolatz.

Los crímenes de lesa humanidad siguen siendo perpetrados por el pacto de silencio que hicieron los genocidas. No sabemos cuál fue el destino de la mayoría de nuestras compañeras y nuestros compañeros desaparecidos ni de les hijes apropiades que aún no conocen su identidad, como Clara Anahí que fue secuestrada en el operativo de la casa Mariani Terrugi comandado por Etchecolatz. Además sabemos que es el máximo responsable de la segunda desaparición de Jorge Julio López, quien tan valientemente lo denunció.

Seguiremos exigiendo justicia por las y los 30.000 detenidos desaparecidos. Que se abran los archivos para dar con les hijes apropiades y el destino de las y los desaparecidos

¡Basta de domiciliarias para los genocidas!

https://prensaobrera.com/libertades-democraticas/justicia-por-daiana-abregu