Desde la querella de Justicia Ya! de la que Apel forma parte y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), acusamos a los genocidas imputados en la causa solicitando prisión perpetua en el juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos contra siete víctimas detenidas en el excentro clandestino de Pozo de Arana.

Denunciamos la fragmentación de causas de lesa humanidad, la administración de justicia a cuentagotas que constituye una nueva forma de impunidad. Señalamos que este juicio debía contener todos los hechos represivos de la zona R de Arana, con todos los responsables como imputados imputados, ya que fueron aportados el listado con nombre y apellido de los mismos, denunciados por Jorge Julio López en su última declaración en el 2006, previa a su segunda desaparición forzada.

Resaltamos la imperiosa necesidad a 46 años de profundizar esa investigación, determinar el inicio y cierre de cada centro represivo que funcionó en Arana, determinar los roles específicos de las autoridades allí asignadas y la suerte corrida por cada víctima ya que hasta junio de 2021 estaban siendo juzgados 1030 genocidas , teniendo en cuenta que en el país funcionaron 700 centros clandestinos de detención, nos daría un promedio casi de dos genocidas por centro y es ilógico pensar que un centro funcionó con dos personas.

Seguidamente, volvimos a exponer los fundamentos para que se condene a los represores como coautores del delito de genocidio resaltando que la maquinaria represiva estatal tenía por objetivo la destrucción de un grupo humano a los que secuestró, torturó y fueron víctimas de padecimientos psicológicos, físicos, incluidos los delitos sexuales, que no fueron aceptados en este juicio. Pero sin embargo, hay que señalarlos como elementos constitutivos del genocidio ya que los grupos de tareas de la dictadura atacaron a un grupo nacional que la dictadura clasificó como enemigo, un grupo nacional que luchaba por una sociedad igualitaria.

Denunciamos una vez más que las prácticas genocidas impunes se perpetúan, señalando las consecuencias en la actualidad sobre las graves violaciones a los DD.HH. en la actualidad, recordando todos los casos de desapariciones forzadas desde la vuelta a la democracia. Principalmente la de Jorge Julio López caso y querellante en esta causa, como la de Facundo Astudillo Castro y la de Tehuel de la Torre, todos casos que continúan impunes. Asimismo denunciamos el avance represivo durante la cuarentena que produjo el aumento de casos de gatillo fácil y la represión a las familias de Guernica.

Con @PiaGarralda de Apel que va a hacer el alegato junto a otras abogadas de Justicia ya! en el juicio Arana residual. Sobre la base del último testimonio de Julio López se pedirá una nueva condena contra dos genocidas. La fragmentación de los juicios sirve a la impunidad pic.twitter.com/CBFhrfqdDV

— Guillermo Kane (@guillekane) March 14, 2022

Asimismo, resaltamos como una de las consecuencias de la ultima dictadura cívico militar eclesiástica la deuda externa ilegal e ilegitima, amparada por todos los gobiernos constitucionales, denunciando que el nuevo acuerdo con el FMI se aprobó con una represión a quienes estaban ejerciendo su derecho a la protesta.

Finalmente planteamos: a pocos días de cumplirse 46 años del golpe genocida, como expresó Antonio Machado tras tomar conocimiento del asesinato por parte del franquismo de Federico García Lorca, crimen que también continúa impune: decimos que la sangre de nuestros compañeros y compañeras no se seca con el tiempo.

Continúa por el torrente de generaciones actuales y futuras que no se resignan, que continúan y continuarán la lucha firme y tenaz contra toda forma de opresión y explotación.

Y agregamos, en palaras de Roque Dalton:

mis venas no terminan en mí

sino en la sangre unánime

de los que luchan por la vida, el amor,

las cosas, el paisaje y el pan,

la poesía de todos.

No fueron inconductas. Fue genocidio. Son 30.000. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.

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