La Sala I de la Cámara de Casación Penal dispuso apartar a la jueza federal María Gabriela Marrón del caso Facundo Astudillo Castro. Con el voto de sus tres miembros, Daniel Petrone, Ana María Figueroa y Diego Barroetaveña, el tribunal hizo lugar así al recurso directo presentado por los tres investigadores de la desaparición seguida de muerte del joven de 22 años, ocurrida entre fines de abril y mediados de agosto de 2020. El apartamiento fue solicitado por la querella y la madre de Facundo. La jueza Figueroa destacó que “la decisión que aquí se adopta, se refiere a que el juez no sólo debe ser imparcial, sino que también debe parecerlo cuando se trata de analizar la imparcialidad objetiva del juzgador”.

Con el apartamiento de Marrón, Casación dispuso enviar las actuaciones a la Cámara Federal bahiense. De allí, irían al Juzgado Federal 1, a cargo de Walter López Da Silva. En febrero pasado, al subrogar a Marrón, el juez autorizó el secuestro de teléfonos a los cuatro policías sospechados de participar en la desaparición seguida de muerte de Facundo y su encubrimiento. Tras comprobarse que faltaban los celulares de dos policías, los fiscales pidieron una nueva requisa y la imposición del secreto de sumario. López Da Silva accedió, pero al retomar la causa, Marrón se tomó doce días para rechazar el planteo de los investigadores y notificar a la defensa de los policías. Estamos frente a un claro operativo de encubrimiento de la criminal Bonaerense, comandada por Sergio Berni, por parte del poder político.

Desde el año pasado, los fiscales federales Andrés Heim y Horacio Azzolin solicitaron el apartamiento de la jueza. Marrón desde un principio se negó a ordenar las acciones más sustanciales: secuestrar celulares de comisarios, oficiales y suboficiales de la Bonaerense y allanar las comisarías donde ya se encontraron objetos y rastros del ADN de Facundo. “Ser policías no los vuelve delincuentes ni culpables, es fácil creer que haya sido la policía pero se necesita prueba”, había dicho la jueza públicamente (Prensa Obrera, 22/10/20). En todo momento, el ministro de Seguridad Bonaerense Sergio Berni defendió el accionar de la jueza, que encubría el crimen de la Policía que comanda.

Desde la confirmación de que el cadáver hallado era de Facundo, la lucha central de la familia, las organizaciones sociales, políticas y de DD.HH. se concentró en impedir que este crimen quedara impune. El encubrimiento a la Bonaerense por parte del gobierno de Kicillof en el caso de Facundo no es aislado.

Según el último informe de Correpi, en 2021, las fuerzas del Estado cometieron un asesinato cada 17 horas, ascendiendo a la cifra escalofriante de 417 crímenes. De los 981 asesinatos perpetrados por el aparato represivo del Estado desde la asunción de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, la enorme mayoría corresponde a hechos cometidos en lugares de detención o bajo custodia (68%) y fusilamientos por gatillo fácil (21,3%), que suman 209. La mayoría de las víctimas son jóvenes menores de 35 años.

Planteamos el desmantelamiento de la Bonaerense, que es una institución represiva y mafiosa. ¡Fuera Berni! Justicia por Facundo y por todos los pibes asesinados por gatillo fácil.