La Cámara Federal de Casación Penal realizó una capacitación titulada “La libertad de expresión y la garantía de no discriminación”, organizada en conjunto con la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina (AAJRA). Infobae da cuenta de la publicación de un cuadernillo con exposiciones y los trabajos realizados, enmarcando la actividad “a 30 años de la Amia”, en donde “se debatió sobre qué lugar tienen hoy los discursos de odio y la urgencia de ponerles un freno”.

Es decir que desde el comienzo vemos cómo la cantinela de la libertad de expresión es solo el caballo de Troya para pasar rapidito a los bifes: poner límites, desde los poderes del Estado, a los discursos que ellos consideran “de odio”. En el marco de la actividad, Hernán Najenson (presidente AAJRA) y Jorge Knoblovits (presidente Daia) entregaron una placa en reconocimiento a los jueces de la Cámara por haber adherido a la definición de “antisemitismo” aprobada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés) y adoptada también por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación.

La definición, acuñada por una organización de promoción de la memoria del Holocausto, que en teoría no sería jurídicamente vinculante según su propio preámbulo, fue transformada por el lobby sionista en todo el mundo en un arma política-judicial de primer orden. Sucede que de once ejemplos que se mencionan siete no son sobre la discriminación judeófoba, sino sobre el Estado de Israel. Así, se dedican en todo el mundo a lograr la mayor cantidad de adhesiones de organismos oficiales a la definición, y de imponerla como criterio para definir al antisemitismo, en términos de un blindaje de Israel de todo tipo de críticas y denuncias sobre sus crímenes de guerra. Existe, en cambio, la Declaración de Jerusalem de Antisemistimo (JDA) una definición mucho más seria, respaldada por centenares de académicos judíos, estudiosos del holocausto y de la historia de Medio Oriente, que justamente apunta a evitar la instrumentalización del antisemitismo como arma de censura.

Con la herramienta de la definición de la IHRA, diversas organizaciones sionistas en todo el mundo censuran y judicializan a todo aquel que pronuncie posiciones antisionistas. Es el caso de nuestra compañera Vanina Biasi, denunciada penalmente por el fiscal Carlos Stornelli, por cuenta y orden de la Daia. Buscan amedrentar y silenciar a todo un movimiento de solidaridad con el pueblo palestino por la vía de atacar a una de sus referentes más consecuentes.

Cuando las organizaciones adictas a Israel confuden intencionalmente al antisionismo con antisemitismo incurren en una banalización total del mismo. El antisemitismo existe, es real, y debe ser enfrentado con determinación, al igual que la islamofobia y cualquier discriminación racial, cultural, ideológica, o sexual. Pero sucede que no hay mayor generador de odio y prejuicio hacia los judíos en la actualidad que un Estado que comete un genocidio en la Franja de Gaza en nombre de nuestro pueblo. Las bombas y tanques con la Estrella de David son el mayor refuerzo que puede haber hacia el prejuicio y la discriminación. Por supuesto, el Estado de Israel hace un negocio redondo, pues cualquier expresión de judeofobia refuerza el relato que buscan imponer sobre la necesidad de un “Estado judío” para la seguridad de todos los judíos del mundo, y su campaña de migración para seguir avanzando en una mayor colonización sobre las tierras palestinas.

Somos miles de judíos y judías que rechazamos al Estado de Israel, sus crímenes, su banalización del antisemitismo y que decimos “No en nuestro nombre”. En defensa de la libertad de expresión, y por un verdadero combate contra los discursos de odio que busca insertar la clase capitalista en los pueblos del mundo, es necesario enfrentar al imperialismo, su política en Medio Oriente, la colonización y el genocidio sionista. No nos van a callar.

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