Gatillo fácil

Caso Blas Correa: “El comisario Cumplido no es el techo de la cadena de responsabilidades”

Existe todo un modus operandi para garantizar la impunidad del aparato represivo.

El jueves 18 se dio a conocer la imputación del comisario mayor retirado Gonzalo Cumplido (exsubdirector de Seguridad Capital de la zona sur de Córdoba) en la causa que investiga la muerte de Valentino Blas Correa, ocurrida el 6 de agosto de 2020. Se le atribuye el delito de violación de los deberes de funcionario público, en un caso de gatillo fácil que expuso todo un modus operandi para garantizar la impunidad.

El caso cuenta con alrededor de 15 policías imputados por diferentes delitos, que van desde homicidio agravado, encubrimiento y ahora también la violación de los deberes de funcionario público por parte de Cumplido. Según La Voz del Interior, el excomisario declaró que ‘‘si bien no fue hacia la escena del crimen, él dio cuenta de lo sucedido a otras personas que se encontraban más arriba en el organigrama policial’’. Agregó además que ‘‘siempre quiso hablar con los padres de Blas’’, y no lo hizo porque sus superiores le indicaron que no lo hiciera.

Según el citado medio, el expediente “advierte que se borraron llamadas y que no hubo comunicaciones formales”. Cumplido deberá ir a declarar a la Fiscalía la semana próxima ¿Ratificará lo publicado en La Voz? De ser así complicaría la situación de policías del alto rango. Cabe recordar que el día del hecho Cumplido encubrió el accionar policíaco sosteniendo la tesis de que Blas y los jóvenes que se encontraban con él estaban armados.

Ya el 10 de agosto Prensa Obrera ubicaba al Comisario Mayor entre los responsables. “La policía, a través de declaraciones del comisario Gonzalo Cumplido, continuó hablando de un arma, incluso con el repudio al accionar asesino de la policía en ascenso’’. La Voz del Interior además manifiesta que Cumplido era uno de los altos rangos de la policía con mayor relación con el gobierno provincial de Juan Schiaretti. Esa es una de las explicaciones de por qué tardo en caer la imputación del exsubdirector general de Seguridad en la capital provincial.

Cabe resaltar que el comisario inspector Jorge Ariel Galleguillo, acusado de encubrimiento, declaró haber comunicado a sus superiores que “un móvil le había disparado en un control sobre la avenida Vélez Sársfield”. De ese modo, el mencionado policía complicó aún más a Gonzalo Cumplido y a Gustavo Piva, por entonces director general de Seguridad de la capital cordobesa. Sin embargo, Piva fue pasado a retiro 48 horas después del crimen y todavía no está acusado por la Justicia.

Soledad Laciar, madre de Blas, declaró a los medios que “necesitamos que todos digan la verdad. Que esto no funciona: no fueron responsables sólo los dos policías que dispararon con sus armas. Si esto no cambia en serio, va a seguir pasando”, planteó que “Cumplido no es el techo de la cadena de responsabilidades. Sigo esperando que la Justicia acuse a todos los responsables. Y que el ministro de Seguridad (Alfonso Mosquera) explique cómo pasó esto, qué fue lo que se hizo mal’.

El caso de Blas Correa fue el hecho que llevó a una escala superior la crisis en la política de (in)seguridad del gobierno provincial, como se manifestó en una masiva movilización en agosto del 2020 que reclamó “¡justicia por Blas!”. Ello se vería profundizado en la madrugada del 25 de octubre, cuando la policía se llevó la vida del joven de 15 años Joaquín Paredes, tras lo cual se dictaron nuevos protocolos, se cambió al jefe de policía y a varios altos cargos de la fuerza, e incluso el ministro Alfonso Mosquera deslizó la posibilidad de su salida del gabinete.

Sin embargo, las medidas que propuso el gobierno no solucionaron nada. A inicios de febrero a causa del asesinato de Abel Nicolás Suarez llegaron nuevas imputaciones a policías por coautoría y encubrimiento. El caso de Blas Correa sigue demostrando la profunda descomposición del aparato represivo del Estado, que no solo participa del gatillo fácil sino también del negocio narco, la trata, loa robos y el delito organizado. El gobierno del PJ es responsable de los crímenes y la represión de la policía, que tiene a la juventud como uno de sus blancos.

Este miércoles 24 de marzo, en una nueva movilización por el aniversario del golpe de Estado del ’76, debemos levantar bien alto las consignas: ¡Basta de femicidios y de gatillo fácil! El Estado y los gobiernos son responsables! ¡Desmantelamiento del aparato represivo del Estado! ¡Basta de ajuste y de represión! ¡Contra la impunidad de ayer y de hoy! Y, por supuesto, ¡justica por Blas!