Pasados dos meses del asesinato de Blas Correas a manos de la policía de la provincia de Córdoba, las declaraciones y hechos dados a conocer van mostrando toda una cadena de responsabilidades involucradas en un operativo para garantizar impunidad a los policías que tiraron a matar.

Según La Voz del Interior el motociclista, testigo clave en la causa, declaró ante la Justicia. Relató que se acercó a un agente policial, y le dijo que el conductor del Argo iba realizando maniobras “peligrosas”, pero nunca habló de armas ni de delincuentes. Esto hecha por tierra la coartada policial, basada en que esta persona había denunciado que en el vehículo se encontraban delincuentes armados.

El motociclista agregó que en los días posteriores al hecho fue a la comisaría de Villa El Libertador para declarar y dejar en claro qué había dicho a los policías esa noche en el control; pero en la unidad judicial lo hicieron esperar varias horas hasta que finalmente se fue sin prestar declaraciones de lo sucedido.

Las declaraciones de este testigo aportan un nuevo dato en la investigación y pone en jaque el accionar policial, que pretendió encubrir el crimen y sus responsabilidades. El hecho de que a esta persona no le hayan permitido prestar declaración en su momento habla de un esfuerzo por impedir que se conozca la verdad.

Esta declaración deja a la luz algo que desde hace tiempo denunciamos en Prensa Obrera, desde las primeras horas después del crimen: que hubo un intento de encubrimiento sobre lo sucedido para garantizar la impunidad policial. Desde un primer momento, buscaron plantarles un arma a les jóvenes. Ya se conoció que fue una policía quien lo hizo, la cual declaró que un superior le indicó que lo haga.

A la fecha hay nueve policías imputados. Solo tres de ellos cumplen prisión efectiva, dos en prisión domiciliaria y los restantes en libertad, pese a tener todos responsabilidades en este caso de gatillo fácil. Tras el crimen de Blas, la descomposición de las fuerzas de (in)seguridad quedó totalmente expuesta. Es necesario desmantelar todo este aparato represor de las luchas obreras y populares.

Urge desarrollar un frente único de lucha contra la represión y el gatillo fácil , independiente del Estado y sus gobiernos, que cope las calles para levantar el reclamo de juicio y castigo a los asesinos de Blas Correas, y por el desmantelamiento del aparato represivo. En ese camino es que el próximo jueves 8 de octubre nos movilizaremos en todo el país, en una jornada nacional de lucha que aúne todos estos reclamos que están más a la orden del día que nunca.