La policía Wanda Esquivel, una de las responsables del asesinato de Blas Correas obtuvo prisión domiciliaria. Se le otorgó el beneficio por tener una hija de 5 años con dificultades respiratorias. El poder judicial dio lugar al pedido de la defensa de quien está acusada por encubrimiento agravado. La oficial es señalada como la responsable de plantar el arma en el auto donde viajaba Blas para ensuciar a las víctimas, y de ese modo pavimentar la impunidad por el asesinato.

Cabe destacar que el caso de gatillo fácil contra Blas Correa sacudió a la provincia de Córdoba. El joven de apenas 17 años fue asesinado a manos de la policía el pasado 6 de agosto, en un operativo policial repleto de irregularidades e impunidad. El caso expuso toda una cadena de responsabilidades, y un modus operandi en las fuerzas de (in)seguridad en los casos de gatillo fácil.

A la fecha hay nueve policías imputados por el fiscal, cinco de ellos detenidos: Lucas Gómez y Javier Alarcón, están imputados de “homicidio calificado en grado de tentativa”. En sus recientes declaraciones ante el fiscal, Gómez dijo que él siempre pensó que los jóvenes que iban en el Fiat Argo eran delincuentes y que les disparó porque oyó otros tiros antes, con esta declaración apunto contra el policía Alarcón que es el otro señalado de haber disparado.  Este último se abstuvo de declarar. Además están imputados Yamila Martínez y Sergio González, quienes enfrentar cargos por “omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento agravado”.

La versión policial, llena de mentiras

En los últimos días empezaron a realizarse indagatorias a los policías que dispararon contra el grupo de pibes. La versión del cabo Lucas Gómez, autor del balazo que mató a Blas, sostiene que un motociclista reportó un supuesto incidente, entre éste y les pibes; y se acusó a les jóvenes de agresión, por lo que se montó el retén para detenerlos. Sin embargo, la justicia no encontró nunca a ese motociclista y tampoco apareció en la causa tal denuncia o notificación.

Las declaraciones de Gómez provocaron una fuerte respuesta por parte de la madre de Blas, que en un posteo en sus redes escribió: “1- Sr. Fiscal por suerte ahora va a tener los datos del motociclista que no podía encontrar (solo tiene que pedirle los datos al policía que recibió la denuncia). 2- Surgirán nuevas imputaciones por mentir que iban chicos armados, ya que eso nunca existió. 3- ¿Se defendió? ¿Y entonces por qué quisieron ensuciar todo? ¿Por qué plantar un arma? ¿Por qué levantar pruebas? ¿Por qué no los persiguieron? Sr Fiscal con todo el respeto que me merece me parece que siguen tomándole el pelo.”

La madre pidió que se investigue toda la cadena de responsabilidades. En declaraciones a La Voz el padre sostuvo “el arma que tenía Gómez se la puso en la mano el gobernador”.

Una crisis cuya salida no es una cuestión de protocolos

Tras el hecho de gatillo fácil, toda la policía quedó cuestionada. El jefe de la policía, el comisario general Gustavo Vélez pidió perdón, admitió que la población perdió confianza, y llamó a una reconciliación. Horas antes de dar a conocer el comunicado, en Alta Gracia se producía la sexta víctima a manos de la policía. Un hombre de 36 años fue asesinado por el policía Marcelo Barrionuevo, un caso gatillo fácil por el cual el agente fue detenido, y posteriormente se cambió la caratula de “homicidio calificado” a “homicidio por exceso en el ejercicio de su cargo”.

Otra vez, el aparato judicial al servicio de otorgar impunidad a la policía del gatillo fácil. Cabe recordar que los dos policías que tiraron contra les pibes tenían causas abiertas en la justicia; Lucas Gómez por encubrir un violador serial, y Javier Alarcón “por privación ilegítima de la libertad” y “lesiones leves calificadas, y para peor, este último policía consiguió un ascenso, aun cuando tenía causas abiertas.

Además, el caso Blas pone en la mesa la impunidad política y judicial que tiene la policía de Córdoba. Según información de Comercio y Justicia en los últimos años de los 169 imputados de las fuerzas de in-seguridad apenas 16 recibieron una sanción de prisión; siete de cada diez fueron de ejecución condicional. Las fuerzas represivas del Estado tienen vía libre para el gatillo fácil y los vejámenes contra la población.  Hay que desmantelarlas y exigir el juicio y castigo a las responsables políticos y materiales, esto solo se podrá conseguir con la movilización popular y la independencia política de los gobiernos de turno que llevan delante estas políticas represivas.