El miércoles pasado, en el marco del juicio por el crimen de Blas Correas, le tocó a Gonzalo Cumplido dar su testimonio. El excomisario mayor realizó declaraciones contundentes que comprometieron al exministro de seguridad, Alfonso Mosquera. Cumplido aseguró que tanto Mosquera como otros altos rangos de la policía lo obligaron a dar la cara en los medios cuando ocurrió el asesinato. Dijo además que el propio Mosquera le manifestó su preocupación porque habían matado a “un pibito de clase media” y que eso iba a afectar su carrera política. Recordemos que tras el crimen, Cumplido salió a justificar ante los medios el accionar de la policía, alegando que Blas y sus amigos estaban armados. Esto último quedó totalmente desmentido luego de que los mismos policías confesaran haber plantado un arma en la escena.

Mosquera, por su parte, le respondió en redes a Cumplido, tildándolo de “difamador”. El exministro iba a declarar el mismo día que Cumplido, pero debido a la extensión del testimonio de este último, se reprogramó para noviembre.
Tanto Cumplido como Mosquera se desempeñaban como funcionarios cuando ocurrió el asesinato. Sin embargo, luego de lo ocurrido, el comisario fue pasado a retiro. Por otra parte, Mosquera fue reemplazado por Julián López el pasado 20 de septiembre. Esta fue una maniobra del gobernador Schiaretti para intentar tapar la crisis y descomposición evidente de las fuerzas de (in)seguridad.

Por otra parte, estos últimos días el tribunal de conducta policial decidió separar de sus cargos a 10 policías, acusados de no asistir a Blas mientras este agonizaba. Cabe aclarar que estos 10 policías no son los mismos 13 que están imputados desde antes. Esto sucedió luego de que Soledad Laciar, la madre del joven, realizara una presentación alentada por la jefa de la policía de Córdoba, Liliana Zárate Belletti. La jefa policial dijo en su declaración que sentía “vergüenza” por el accionar de la policía y que “todo lo que hicieron lo hicieron mal”.

De esta manera, va quedando cada vez más al descubierto lo que en Prensa Obrera denunciamos desde el primer momento: en el caso de Blas Correas hubo una cadena de responsabilidades que alcanza a los altos mandos de la policía, a personas que tienen relación directa con el gobernador de la provincia, Juan Schiaretti. Si bien Lucas Gómez y Gabriel Alarcón confesaron haber disparado contra el auto en el que iba Blas con sus amigos, en el banquillo de los acusados también deberían estar Cumplido y hasta el mismo Mosquera. Estos altos jefes de la policía se encargaron de montar todo un circo mediático para ocultar lo que realmente sucedió la noche que asesinaron a Blas.

El caso de Blas no fue un caso aislado. El 25 de octubre de ese mismo año, la policía le quitó la vida a Joaquín Paredes, un joven de 15 años, en la localidad de Paso Viejo. Apenas unos meses antes, en julio, la policía motorizada asesinó por la espalda a José Ávila, un vendedor ambulante de 35 años, en Villa El Libertador. En todos estos casos la policía trató de entorpecer de una u otra manera las investigaciones. Estos antecedentes dejan en evidencia la descomposición del aparato represivo, que además se ve envuelto una y otra vez en diversos casos de corrupción, crimen organizado y trata de personas, entre otros delitos.

Por todo esto, entendemos que es necesario el desmantelamiento de las fuerzas represivas del Estado. Levantamos bien alto la consigna Basta de gatillo fácil. Justicia por Blas Correas y por todxs lxs pibxs asesinados por disparos de la policía.

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