El fiscal Leonel Gómez Barbella, que investiga el asesinato de Lucas González, pidió el procesamiento con prisión preventiva de los seis policías de la Ciudad acusados de encubrir el crimen del joven. Son dos comisarios, un subcomisario y otros efectivos de la Comisaría 4D de Barracas quienes encubrieron a los agentes Gabriel Isassi, Fabián López y José Nieva, los procesados por el asesinato de Lucas. Además, el fiscal Gómez Barbella solicitó al juez Martín del Viso que procese a los efectivos también por las torturas, físicas y psicológicas, infligidas tanto sobre Lucas como sobre sus tres amigos detenidos ilegalmente. Lucas tenía una quemadura de cigarrillo en su mano.

A pesar de haberse ordenado las 12 detenciones, solamente irán a juicio oral por el delito de homicidio Isassi, Lopez y Nieva. Estos tres policías, integrantes de la Brigada de sumarios y prevención en la comuna 4 de la Policía de la Ciudad eran quienes se encontraban arriba del auto de civil desde el que abrieron fuego sobre Lucas y los demás chicos que venían de probarse en el Club Barracas Central.

La reconstrucción del hecho

Esa mañana, alrededor de las 9.30 hs., Lucas y sus compañeros de regreso para sus casas detuvieron el auto frente a un kiosko y bajaron a comprar. Tal como pudo observarse en la reconstrucción del hecho los policías de civiles pasaron por delante a bordo de su vehículo y se detuvieron un par de cuadras por delante esperando a que los chicos retomaran la marcha. Cuando los vieron pasar se colocaron por detrás y aceleraron hasta sobrepasarlos por el costado. Les cruzaron el auto de frente forzando a los chicos a detener la marcha. Los policías se bajaron, rodearon el auto y abrieron fuego hacia su interior. Esto fue observado por un vecino desde una plaza, quien pudo ver cómo los policías sin ningún elemento que los identificara se bajaban del auto, abrían fuego sobre las víctimas.

Se contabilizaron al menos 7 balas que impactaron sobre el auto y a los rededores. Una bala, disparada a menos de dos metros de distancia hacia la frente de Lucas, demostró que tiraron a matar. Pero el joven que conducía solamente oyó silbidos y humo y pensando que estaban siendo robados, en el mismo momento en que la policía abría fuego sobre ellos tiró el auto a la izquierda y salió de la zona. A unas cuadras pidieron ayuda a personal policial de la Ciudad, dos mujeres en concreto. Pero ellas estaban al tanto de todo. Los policías Isassi, Nieva y López momentos después de abrir fuego habían modulado que se habían enfrentado a gente armada y que había heridos.

“A estos negros de mierda hay que darles un tiro en la cabeza”

Las policías obligaron a los chicos a bajar del auto y a ponerse contra unas rejas. Según relataron las víctimas y sus familiares, los policías que llegaron les preguntaron dónde estaba el arma y la ‘falopa’. Los chicos les respondieron que estaban confundidos, que ellos eran futbolistas y que no eran de la zona. Cuando les explicaron que eran de zona sur, de Varela y de Quilmes los policías respondieron “a estos negros de mierda hay que darles un tiro en la cabeza”. Los chicos permanecieron detenidos hasta la noche. A Lucas lo enviaron en una ambulancia al Penna donde implantaron consigna policial para que ni sus padres pudieran verlo.

La implantación del arma

Para las 11 hs. los policías estaban al tanto de lo que verdaderamente había ocurrido. En cuanto Isassi informó que habían tenido un enfrentamiento con gente armada, desde el área administrativa se pusieron a disposición y se apersonaron para darles contención. Pero interrogándolos y viendo que no existía el arma se inició un sumario y se dispuso el pase a disponibilidad. De tal forma, cuando en presencia del comisario de la comisaría de Barracas la división de pericias forenses retiró el arma del auto, estaban todos al tanto de que el arma había sido plantada. Como Isassi, Nieva y López estaban recibiendo contención no podrían haber plantado jamás el arma. Esa fue la razón por la cual se dispusieron las detenciones del personal jerárquico de la comisaría 4 de la Policía de la Ciudad. Los chicos permanecieron detenidos sentados en el suelo. Por la noche se dispuso su traslado al Inchausti a donde fueron conducidos esposados y allí se los encerró en una celda a la espera de alguna respuesta del juzgado interviniente. Los padres pasaron la noche en la puerta del centro de detención.

La policía de la Ciudad desplazada

El día del hecho, después de que el juzgado interviniente tomara conocimiento de lo ocurrido, desplazó a la policía de la Ciudad de la investigación y le dio intervención a la Policía Federal. La misma, rápidamente se hizo presente con numerosos efectivos en la zona. De tal forma, las tomas de muestras y pruebas corrieron a cargo de esta fuerza. Semanas después, durante la reconstrucción se hicieron presentes en el lugar varios comisarios de la federal a cargo de áreas involucradas en la investigación demostrando el interés de la policía federal en despegarse de estos crímenes y producirle un golpe a la policía de la Ciudad. De tal forma, las diversas fuerzas policiales que en sus jurisdicciones torturan y asesinan pibes son encomendadas a investigar los crímenes que otras fuerzas cometen. No debería extrañar en tal sentido que se sospeche de la posibilidad de que Isassi hubiera ingresado a la policía de la Ciudad habiendo sido pasado a disponibilidad por otra fuerza.

No es un hecho aislado

Pero la intención de la querella y del juzgado de ceñir la acusación por el crimen a los policías que abrieron fuego, desvinculando al resto de este crimen busca jerarquizar las responsabilidades individuales por sobre el carácter social de la fuerza de la cual son partes. En efecto, como el resto de los policías se encuentran acusados por delitos menores tales como encubrimiento o falsedad ideológica podrían ser excarcelados e inclusive recibir penas mínimas al momento de ser condenados. Pero los crímenes de violencia institucional son alentados internamente por las mismas instituciones represivas que reproducen en su interior el lenguaje de odio de la clase capitalista hacia el pueblo trabajador. Expresiones como las que se oyeron el día del hecho no son manifestaciones aisladas de formas de discriminación. Son la expresión canalizada por el aparato represivo, de la discriminación que los explotadores ejercen sobre los explotados.

La muerte de Lucas González, no fue producto de un acto policial individual, ni de 3 policías. Es el resultado de un disciplinamiento en el odio de clase (la única disciplina que reciben las fuerzas), como expresión ideológica del papel que cumplen las fuerzas represivas en nuestra sociedad. Aun cuando tal vez nunca se conozcan las razones por las cuales se encontraba un móvil de la brigada de la policía de la Ciudad de civil en la puerta de la Villa 21 ni el estado en que se encontraban los efectivos a bordo, lo que está claro es que cuando tuvieron la oportunidad tiraron a matar. Que la comisaría 4 de Barracas de la Ciudad a sabiendas de esto intentó ocultar el crimen y que informó a la justicia que tenían detenidos en un intento de robo. Que a pesar de haber tomado estado público por los medios que los chicos no estaban robando y que eran deportistas, la justicia decidió encerrarlos en un centro transitorio de detención de menores.

La complicidad de la justicia con la violencia policial e institucional es total. Pero el gobierno nacional busca a toda costa ocultar la naturaleza social del crimen de Barracas. Cabe recordar que en la movilización al Palacio de Tribunales Dalbón pidió que se deje de hablar de gatillo fácil. Apunta a esconder que se trata de un modus operandi de todas las fuerzas represivas, que finalmente sirven a un régimen social de explotación del pueblo trabajador.

Para el gobierno nacional, la importancia de mostrarse a la cabeza de este caso estriba en buscar desvincularse de los crímenes de violencia institucional contra la población, en momentos en que la Bonaerense comandada por Sergio Berni se encuentra en el ojo de la tormenta por el asesinato de jóvenes en distintos puntos de toda la provincia. De tal forma, no se trata solamente de enfocar las responsabilidades en el gobierno de la Ciudad y en Larreta. Es que el ajuste sobre las condiciones de vida de los trabajadores, que reclama el FMI como prenda de renegociación de la deuda, solo puede avanzar con represión.

Vamos por justicia y cárcel efectiva a todos los responsables del asesinato de Lucas González y su encubrimiento. Por la apertura de los libros de todas las comisarías y su control por comités de trabajadores y organismos de derechos humanos. Basta de Gatillo Fácil. El Estado es responsable.