En la causa de Lucas González, el joven asesinado por la Policía de la Ciudad, confirmaron los procesamientos del subcomisario Roberto Orlando Inca, el principal Héctor Claudio Cuevas, el comisario Fabián Alberto Du Santos y el subcomisario Juan Horacio Romero.

En la causa dispusieron la falta de mérito para procesar o sobreseer a las policías Lorena Miño y Micaela Fariña que son las oficiales que intervinieron en un primer momento cuando los chicos les pidieron ayuda. “En el marco probatorio descripto, no se vislumbra ni ha sido ponderado ni alegado por las partes, la existencia de una comunicación que las relacione con el despliegue realizado por sus coimputados, ni que permita afirmar que hayan tenido el conocimiento que ellos sí tenían de que no había ocurrido un enfrentamiento armado como se había informado instantes antes. En estas condiciones, ante el peritaje pendiente sobre los rastros hallados en el vehículo y la inconsistencia del cuadro incriminante necesario para sostener el auto dictado, se resolverá la falta de mérito para procesar o sobreseer a Lorena Paola Miño y Micaela Soledad Fariña, disponiendo su inmediata libertad (art. 309 del C.P.P.N.)”.

De acuerdo con las pruebas recabadas, los adolescentes creyeron que eran ladrones que iban a robarles, por lo que huyeron del lugar, momento en que los policías les dispararon desde distintos ángulos. Al menos cinco tiros dieron en el auto y uno de ellos impactó en la cabeza de Lucas, quien horas más tarde murió.

A su vez, un informe pericial sobre los policías acusados de haber asesinado al joven, muestra que tres tenían rastros de haber efectuados los disparos que causaron la muerte.

Si bien por las características del proyectil extraído del cuerpo de la víctima no se podrá determinar, según otro informe balístico, quién efectuó el disparo mortal, este nuevo peritaje consolida la teoría de la coautoría de los tres acusados. Los coautores tienen la misma pena que el autor, de modo tal que la imputación contra los integrantes de la Brigada sigue siendo la de homicidio agravado, que contempla la pena única de prisión o reclusión perpetua (Ámbito, 13/1).

Como próximos pasos en la causa, el 19/1 se extraerán muestras de ADN de los imputados para cotejarlo con las huellas hemáticas y demás rastros humanos presentes en el arma de juguete implantada en la escena.

Aún antes de concluir el año, Correpi registró 417 casos de crímenes policiales y de otras fuerzas de seguridad en el curso de 2021. La movilización y la organización independiente de la juventud contra el gatillo fácil y toda forma de violencia institucional sigue siendo la clave para lograr que se haga justicia. Vamos por justicia y cárcel efectiva a todos los responsables del asesinato de Lucas González y su encubrimiento. Por la apertura de los libros de todas las comisarías y su control por comités de trabajadores y organismos de derechos humanos. Basta de gatillo fácil. El Estado es responsable.