En el mes de agosto de este año se cumplieron 3 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Hasta el día de hoy, los sucesivos gobiernos mantienen impune a los responsables, continuando con trabas y dilaciones en la investigación. Frente a esto, Sergio Maldonado y su familia convocaron un Grupo interdisciplinario de expertas y expertos independientes de Chile, Colombia y México para que realice un informe sobre la causa, que fue presentada hace unos días en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y frente al Estado argentino.

La trama de la impunidad

Hace tres años, Santiago Maldonado participaba de un corte en la Ruta 40 de la comunidad mapuche de la Pu Lof Cushamen, Chubut, que reclamaba por sus tierras. Esta acción fue repelida brutalmente por la Gendarmería Nacional, que persiguió a los compañeros y se introdujo en el territorio de la comunidad. Allí fue visto Santiago por última vez, escapando de las balas de la Gendarmería asesina. El gobierno de Macri en su conjunto amparó la represión, con su ministra de seguridad Bullrich a la cabeza apoyando a la Gendarmería (que no contaba con una orden judicial), y también con apoyo de los gobernadores patagónicos.

El gobierno montó una campaña en los medios contra el propio Santiago, su familia y los organismos de derechos humanos. Se sembraron entonces fake news sobre donde se encontraba Santiago para desviar la investigación. A pocos meses, otro operativo represivo contra la comunidad mapuche asesinaba por la espalda a Rafael Nahuel.

La desaparición de Santiago movilizó a miles de personas en todo el país y también en el exterior, pidiendo la aparición con vida y denunciando a la Gendarmería asesina. La movilización popular fue intensa y se manifestó contra la política militarista y la defensa de las Fuerzas Armadas del gobierno nacional.

A tres años de la desaparición de Santiago Maldonado, como señala su familia, su caso está impune. Pero forma parte de una política de Estado.

El conjunto del gobierno busca lavarle la cara a las fuerzas represivas, que han asesinado a un centenar de pibes en el año. La policía bonaerense es la encargada de desalojar y reprimir familias que pelean por tierra para vivir en toda la provincia de Buenos Aires, y protagonizaron la represión brutal en Guernica, bajo el comando explícito del gobernador Kicillof.

Es el mismo gobierno que encubre a la Bonaerense con el caso de Facundo Astudillo Castro, también desaparecido forzadamente y asesinado por la policía al mando de Berni. En este sentido, encontramos una continuidad con la «doctrina Chocobar» impulsada por Macri-Bullrich y las lamentables coincidencias con el caso de Santiago Maldonado. Los atropellos contra la familia e implantes de pruebas y testigos falsos fueron una constante.

A 3 años de impunidad, acompañamos el pedido de justicia de su familia y organizaciones de DD.HH. El Estado y el gobierno son responsables. Castigo a los culpables. ¡Justicia por Santiago Maldonado!