Libertades democráticas
3/12/2024
Causa Polo Obrero: Comodoro Py exprés contra los inocentes y lento con los corruptos
El juez Casanello tardó seis meses y medio en cerrar la instrucción de la causa para que pueda ser elevada a juicio, mientras tiene procesos por corrupción con más de 10 años en instrucción.
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Juez federal Sebastián Casanello.
El cierre de la instrucción de la causa armada por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez federal Sebastián Casanello, a instancias del gobierno nacional, batió récords en materia de “celeridad procesal”, contra la dinámica extremadamente lenta que se impone en los tribunales federales en las causas por corrupción, incluyendo el propio Juzgado Federal n° 7 obrante en la causa. El apuro contra el Polo Obrero expone los hilos políticos de una causa testigo contra los luchadores y la naturaleza de clase de una Justicia en manos de los capitalistas.
Las investigaciones contra el Polo Obrero comenzaron con la orden de amedrentamiento y persecución de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich ante los preparativos de la movilización del 20 de diciembre de 2023, a pocos días de asumido el gobierno de Javier Milei. En contados meses, el gobierno obtuvo el llamado a indagatoria de Eduardo Belliboni y otros activistas del Polo Obrero entre mayo y junio de este 2024, los procesamientos en julio y el cierre de la instrucción en noviembre.
Se trata de tiempos récords para la etapa de instrucción, alrededor de seis meses y medio, para una Justicia cuyos tiempos “normales” para estas instancias son ostensiblemente superiores: si tomamos como referencia las causas por corrupción, tenemos que casi el 75% de las instrucciones abiertas llevan más de 6 años de duración, según datos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Quien más causas de este tenor maneja es, justamente, el juez federal Sebastián Casanello, con 221 procesos, de los cuales solo 38 (17%) llegaron a juicio oral, quien llamativamente mantiene varios procesos frizados en la instrucción, un par de ellos contra Julio De Vido (2015 y 2016), algún otro contra empresarios del transporte como Cirigliano (1999) e incluso contra el difunto Carlos Menem (2001), entre otros.
Esta dinámica del Poder Judicial fue advertida por el coordinador del programa de Acceso a la Justicia de ACIJ al señalar que “el Poder Judicial ha mostrado ser muy permeable a los vaivenes de la política y ha utilizado discrecionalmente los tiempos procesales como mecanismo de presión o de negociación en función de criterios completamente ajenos a la búsqueda de la justicia”.
Un ejemplo de esto es la ficha del candidato oficial para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el juez federal Ariel Lijo, quien encabeza el ranking de los “procesos discrecionales”, con la mitad de las causas sobre corrupción de su juzgado en instrucción desde hace 10 años o más. Según datos del Centro de Información Judicial (CIJ), Lijo tuvo en toda su carrera 89 causas de corrupción, de las cuales un tercio (26) continúa en etapa de instrucción.
Existe un top 10 de causas que llevan más de veinte años en Comodoro Py, entre ellas la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Carlos Menem, su ex esposa Zulema Yoma y su hija Zulemita. Otro es el expediente que investiga el rol de la familia Eskenazi en la compra de la empresa YPF, que hace 16 años no muestra avances.
El apuro del juez Casanello por cerrar la instrucción de la causa armada contra el Polo Obrero es ostensible, en tiempo exprés y vulnerando garantías procesales. Esto solo se explica por una decisión política de perseguir a los luchadores y activistas, poniendo de manifiesto que se trata de un procesamiento político, donde los inocentes son procesados en tiempo récord y los corruptos gozan de procesos longevos.
Sumado al hecho de que los procesos “eternos” contra los corruptos suelen terminar con sobreseimientos, falta de mérito, prescripciones y/o directamente archivados.
La causa contra el Polo Obrero es un intento por criminalizar la protesta social y socavar las libertades democráticas, amenazadas permanentemente por una democracia de infantería que reprime sistemáticamente toda manifestación de lucha y resistencia contra el ajuste en marcha. Hay que derrotar esta ofensiva para colocar a los trabajadores en una mejor situación de cara a las luchas actuales y las que vendrán.
