El miércoles 30 se produjo un nuevo hecho de represión en el Chaco, cuyas víctimas fueron personas nucleadas en el Movimiento Trabajo y Humildad (MTH) que se movilizaron a la Casa de Gobierno exigiendo el cobro de las obras realizadas, la continuidad de las mismas y el aumento de las becas que reciben. Se encarceló a su dirigente, Carlos Barrasa, y fue agredida una funcionaria de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Nayla Bosch.

El gobernador Jorge Capitanich reprime para sostener un recorte feroz del gasto público. Para ello, contrató a Hugo Gustavo Olivello, un represor con antecedentes. Olivello fue designado -a través del decreto 1133/2020 del Poder Ejecutivo Provincial- a cargo de la Subsecretaría de Prevención y Seguridad en el Abordaje Territorial, cuya única función es reprimir a toda organización que cuestione el plan de ajuste mediante movilización.

Esta designación es una muestra más del carácter represivo del gobierno de Capitanich. Ya lo ha demostrado con la vuelta al servicio activo de los policías involucrados en los abusos, golpizas y torturas de las jóvenes Qom del barrio Banderas Argentinas de Fontana.

Con la designación de Olivello se premia al responsable de la represión que terminó con la muerte de Ángel Verón, su antecedente más violento pero no el único. Los trabajadores de la carne debieron aguantar su represión cuando reclamaban contra los despidos y por el salario, como así también los trabajadores de prensa que fueron agredidos y maltratados por el abuso de autoridad contra periodistas, reporteros gráficos y trabajadores de distintos medios de Resistencia. También lo sufrieron los originarios, los campesinos y las organizaciones sociales en represiones que fueron transformadas en cacerías humanas, como la que baleó a ancianos y niños que se desplomaban en la entrada del Parque 2 de Febrero de Resistencia, luego de haber sido corridos a los tiros con postas de goma y plomo por más de veinte cuadras.

Con esta designación se refuerza el aparato represivo y se envía un mensaje a todos los trabajadores -como los de salud, que reclaman el pase a planta y que arriesgan su vida contra el Covid-19 cobrando 15.000 pesos por mes. La contratación de Olivello es un atraso en materia de derechos humanos, como lo demuestran sus actuaciones arbitrarias e ilegales como policía del Chaco. En su haber tiene múltiples denuncias por detenciones ilegales y malos tratos, poniendo en clara evidencia su actitud contraria a la construcción de una vida democrática.

Entre sus casos más públicos se encuentra el del 20 de abril de 2010. Olivello había ordenado entonces la detención del reportero gráfico Gustavo Torres (de El Diario de la Región) cuando tomaba fotografías de una mujer que estaba tendida en el suelo con pérdida de conocimiento. El periodista fue trasladado a una comisaría de Resistencia donde permaneció varias horas incomunicado e incluso lo obligaron a borrar seis fotografías de su cámara. Otro de sus caso es de 2014, contra la periodista de Diario Norte Mónica Kreibohm, quien recibió disparos con postas de goma a corta distancia de parte de Olivello, mientras intentaba ayudar a tres gremialistas que estaban siendo golpeadas y obligadas a tirarse al piso por parte de efectivos policiales. Por último, a Hugo Gustavo Olivello se lo acusó de aplicar la “razzia policial”, y así lo dictaminó el fallo de la jueza de faltas de Barranqueras, Sandra Saidman, que lo responsabilizó en el invierno de 2013 de detener a 17 personas sin justificativo.

Todos estos casos son de público conocimiento. Por eso mismo, este 1 de octubre exigimos la remoción de Hugo Gustavo Olivello movilizando contra la política represiva de Capitanich y en reclamo por la libertad inmediata de Carlos Barrasa. Basta de ajuste y represión para pagar la deuda.