Libertades democráticas
15/7/2025
Chubut: el sobreseimiento de los luchadores sociales evidencia las mentiras del gobierno de Torres para perseguir
Por falta de pruebas se cae la causa armada contra activistas.
Seguir
Sobreseimiento de los luchadores sociales.
En estos días se conoció el sobreseimiento de las y los vecinos imputados por supuestas amenazas, en el contexto de las protestas contra los diputados que habían aprobado la adhesión al RIGI en agosto de 2024. Finalmente, lo que siempre supimos fue confirmado por la justicia: no existieron amenazas ni agresiones. Lo único que hubo fue una enorme campaña de criminalización de la protesta impulsada por el oficialismo, con el vicegobernador Gustavo Menna a la cabeza, y a la que se sumó toda la oposición con excepción del Frente de Izquierda Unidad.
El 15 de agosto de 2024, la Legislatura de Chubut aprobó la adhesión al RIGI. Durante esa jornada, las manifestaciones de rechazo se replicaron en toda la provincia, incluida Rawson, donde un grupo de activistas se hizo presente en la Legislatura para expresar su repudio. En ese contexto, algunas y algunos activistas se acercaron a diputados que se encontraban en un café para interpelarlos por su votación. El oficialismo utilizó este hecho para montar una campaña de persecución y criminalización contra quienes luchan, levantando falsas denuncias de agresiones físicas y verbales, incluso hacia la hija de una diputada. También fue foco de los ataques la banca del frente de Izquierda Unidad, ataques personalizados a la figura del diputado Santiago Vasconcelos que fue acusado de orquestar las agresiones. Es que el FIT-U fue la única fuerza que se pronunció en defensa del derecho a la protesta y de los activistas. El resto de las fuerzas opositoras avalaron y potenciaron la posición criminalizadora del gobierno de Torres.
Con el vicegobernador al frente, se presentó una denuncia contra un grupo de activistas, entre ellos cuatro comunicadores de medios populares. Desde el Ministerio Público Fiscal se informó que se los imputó por “lesiones, amenazas, instigación a cometer delitos, intimidación pública” y “formar parte de una organización para la coerción ideológica”. En consecuencia, se labró un expediente que incluía una restricción de acercamiento de 500 metros a la Legislatura y a los domicilios de los diputados denunciantes, una medida que, dadas las dimensiones de Rawson, complicaba la vida cotidiana de los activistas, impidiéndoles incluso concurrir a sus lugares de trabajo o esparcimiento. Paralelamente, se desató una feroz campaña de hostigamiento mediático, levantando las falsas denuncias, injuriando y exponiendo públicamente a los activistas con nombre y apellido.
La causa fue perdiendo fuerza debido a la evidente falta de pruebas. A los pocos meses se redujo la restricción de acercamiento de 500 a 50 metros, y se fueron cayendo las imputaciones, quedando firme únicamente la acusación por amenazas. Nada de esto tuvo repercusión en los medios oficialistas, como tampoco la tuvo el reciente sobreseimiento dictado por la jueza Martini, quien confirmó que nada de lo denunciado por Menna y la diputada Aguilera fue cierto ni comprobable. Incluso el propio Ministerio Público Fiscal, en su declaración final, advirtió que no sólo no existía delito alguno, sino que considerar una manifestación como delito atenta gravemente contra el estado democrático. Claro está: nada de esto apareció en los grandes medios, que solo replican los comunicados oficiales del Ejecutivo.
La criminalización de la protesta, política de Estado
La denuncia formó parte de una gran campaña de ataque al activismo, orquestada directamente por el poder ejecutivo provincial, no sólo para desviar el eje de discusión sobre el RIGI y la entrega de los recursos provinciales, sino también para disciplinar a toda la población que se atreva a manifestarse contra el gobierno.
Esta denuncia, que debía ser desestimada inmediatamente por la evidente falta de pruebas, avanzó gracias a la fiscal Florencia Gómez, conocida por su extenso historial en causas de criminalización de la protesta. Fue la misma fiscal que actuó contra vecinos y vecinas durante el Chubutazo, y que persiguió a dirigentes sindicales como Santiago Goodman de Atech en el marco de las movilizaciones por la crisis educativa y salarial.
Mientras se multiplican las causas contra luchadores y luchadoras, no existe ningún efectivo policial procesado por las graves lesiones sufridas por manifestantes durante el Chubutazo, y se absuelve a policías denunciados por torturas y vejaciones. No sorprende: la persecución a quienes luchan es uno de los ejes centrales del gobierno de Ignacio Torres que, fiel a Bullrich y Milei, despliega todo su aparato represivo, judicial y mediático para regimentar a la población y profundizar el ajuste.
¡Luchar no es delito!
Desde el partido obrero sostenemos que sólo con la movilización en las calles podremos frenar la avanzada represiva y derrotar el ajuste de Milei y Torres. Llamamos a redoblar la organización y a seguir enfrentando en unidad la persecución política del gobierno de Torres, defendiendo el derecho a la protesta y la libertad de expresión en cada lugar de trabajo, de estudio y en las calles.
