Este jueves 22 de agosto comenzó en la Oficina Judicial de Rawson el denominado “Juicio por el Chubutazo”, donde ocho vecinos de Chubut son perseguidos por la Justicia por haber participado junto a decenas de miles de la pueblada de diciembre de 2021 contra la ley de zonificación del exgobernador Arcioni y sus aliados.

En las afueras de la Oficina Judicial se concentraron vecinos autoconvocados, la asamblea de Vecinos de Rawson-Playa Unión, integrantes de la UACCH Trelew y de la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn, el MTE Rawson-Chubut, y compañeros del Partido Obrero y la UJS (entre ellos, el diputado provincial del Frente de Izquierda Unidad, Santiago Vasconcelos), entre otras organizaciones, como el PTS, Poder Popular y Marabunta.

La fecha no es casual, este jueves 22 de agosto se cumple un nuevo aniversario de la “Masacre de Trelew”, es decir, un claro mensaje de disciplinamiento a los luchadores por parte de las mismas clases dominantes que gobiernan Argentina de 1972 a la fecha.

La acusación contra las y los vecinos la lleva adelante la fiscal Florencia Gómez, conocida por impulsar causas armadas contra la protesta social y las luchas sindicales. Gómez fue quien impulsó el juicio en 2022 contra Santiago Goodman, exsecretario general de Atech, y otros dirigentes, por protestas frente a los incumplimientos salariales contra docentes y estatales en 2019. Más recientemente, esta fiscal participó de otra causa armada contra dirigentes de la estiba, del sindicato Supa.

Santiago Vasconcelos declaró a Prensa Obrera: “Este es un nuevo capítulo de la criminalización de la protesta, en este caso contra vecinos que fueron partícipes de la rebelión popular que fue el Chubutazo en 2021, cuando el gobierno de Arcioni, la Legislatura y el gobierno nacional, impulsaron la zonificación minera bajo una brutal represión. Quienes tienen que estar en el banquillo de los acusados son justamente quienes estafaron políticamente a la población, como Arcioni, que asumió estando en contra de la megaminería. Tienen que estar en el banquillo todos quienes le dieron la espalda al pueblo, quienes nos reprimieron, no la población que salió genuinamente a manifestarse. Esto se enmarca además en una serie de persecuciones que está llevando adelante Torres y Menna contra los vecinos que se manifiestan, con denuncias falsas. Más que nunca tenemos que rechazar todo tipo de criminalización, más cuando el gobierno nacional abrió nuevamente la Side para espiar a las organizaciones sociales que luchan contra el hambre y criminalizarlas, mientras Pettovello deja que se pudran los alimentos. Son ellos quienes deben responder ante la Justicia y nosotros debemos seguir movilizados en las calles para derrotar los planes tanto del gobierno provincial como del gobierno nacional”.

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