Condena a César Arakaki y Daniel Ruiz: un fallo contra la clase obrera

Busca golpear la movilización popular en las vísperas de un pacto con el Fondo Monetario.

Federico Imas - Ojo Obrero Fotografía

Luego de las palabras finales de César y Daniel se conoció el fallo del juez Javier Feliciano Ríos del tribunal unipersonal número 3 de la justicia federal. A nuestro compañero César Arakaki se lo condena a 3 años y cuatro meses de cumplimiento efectivo por los delitos de intimidación pública, lesiones en agresión y atentado contra la autoridad. Al compañero Daniel Ruiz, se le establece una condena de tres años, también de cumplimiento efectivo por intimidación pública y atentado a la autoridad.

Las condenas a César y Daniel luego de cuatro años, y en las vísperas de las elecciones nacionales, son una señal inequívoca contra todos los que quieran utilizar el derecho a movilizarse contra los atropellos que llevan adelante los gobiernos capitalistas. La sentencia reflejó la presión de todo el arco político patronal, desde el macrismo hasta el gobierno, por golpear la movilización popular en las vísperas de un pacto con el Fondo Monetario. Es significativo en ese sentido el silencio del kirchnerismo sobre el punto. Javier Feliciano Ríos y todo el poder judicial actuaron como brazo ejecutor de un régimen que sabe perfectamente que los trabajadores deberán enfrentar en el próximo período duros ataques.

La sentencia es entonces una sentencia política. Los presuntos argumentos jurídicos de la misma fueron refutados durante el juicio. Por el contrario de exponerse elementos que probaran que César y Daniel habían cometido alguno de los delitos que se le imputan, todas las imágenes de la movilización muestran lo contrario. Tanto es así que el propio policía que se presentó como querellante en la causa abandonó el juicio al constatar que César y Daniel no habían sido responsables de sus lesiones.

Tanto o más absurda que la condena por lesiones es la condena por “intimidación pública”. Una figura que se utiliza en una sentencia por primera vez desde la vuelta a la democracia y que representa una amenaza contra el derecho a movilizarse. El fiscal García Elorrio, que parece haberle dictado la condena a Javier Feliciano Ríos en los pasillos de Comodoro Py, había explicado en su alegato que César y Daniel habrían “intimidado” con su accionar a los centenares de miles de manifestantes. Un verdadero ridículo. Pensar que quienes se defendieron, junto a otros tantos miles de la avanzada policial que pocos días antes había desatado una verdadera cacería, habrían sido responsables de coartar el derecho a la manifestación es una contradicción en términos y una aberración jurídica. No existió ni un solo manifestante ni “testigo” que hubiera formado parte de la movilización y haya señalado que se hubiera sentido “intimidado” por César o Daniel. Al mismo tiempo, por el juicio desfilaron decenas de policías que se contradijeron entre sí infinidad de veces tratando de encubrir las órdenes represivas que emanaron del gobierno.

Como venimos señalando en Prensa Obrera, este juicio fue llevado adelante con la intención de amedrentar y castigar a quienes se manifestaron masivamente el 14 y el 18 de diciembre de 2017 contra la reforma jubilatoria del macrismo y todas las movilizaciones populares que se despliegan en el conjunto del país. Junto a la sentencia, se conocieron nuevos procesamientos contra manifestantes el 14 de diciembre. Las condenas a César y Daniel confirman la intencionalidad política de la clase capitalista de criminalizar la protesta social con el objetivo de hacer pasar todos los planes antiobreros que las patronales, el gobierno y el FMI tienen en carpeta.

Sucede que las movilizaciones del 14 y el 18 de diciembre de 2017 fueron un verdadero punto de inflexión en la situación nacional. Frente al intento del macrismo de proceder explícitamente a un plan de “reformas permanentes” contra los jubilados en primer lugar y luego contra el conjunto de la clase obrera argentina -imponiendo una reforma laboral de ajuste y superexplotación-, la movilización popular hirió de muerte los planes de fondo del gobierno macrista, las patronales y el FMI. Un gobierno que había ganado las elecciones legislativas ese mismo año fue jaqueado por la movilización popular. La reforma laboral que perpetraba el macrismo junto con las patronales y el conjunto de la clase capitalista tuvo que ser guardada en un cajón frente a la movilización masiva de trabajadores, los cacerolazos posteriores a la movilización y el repudio generalizado.

Mientras la “militancia kirchnerista” se congrega en las puertas de los tribunales en ocasión de las causas que tiene Cristina Kirchner en su contra, cuando se trata de defender a los luchadores populares brilla por su ausencia. Saben perfectamente que es su gobierno quien tiene el plan de avanzar con la flexibilización de los convenios colectivos de trabajo en todos los gremios y una reforma laboral integral. Tal es el caso de Toyota, donde el propio Alberto Fernández saludó el contubernio de la burocracia del Smata con la patronal multinacional contra los trabajadores metalmecánicos. Cuando se trata de atacar las conquistas de los trabajadores en beneficio de los capitalistas se cierra cualquier grieta. La burocracia sindical de todos los pelajes, el gobierno y la oposición patronal y la “justicia”, actúan de común acuerdo para que avancen las condenas a quienes luchan por los intereses de los trabajadores.

La lucha continúa

El paso judicial que prosigue es la apelación a la Cámara de Casación, y luego (de ser ratificado el fallo por Casación) la apelación a la Corte Suprema. Solo en esa instancia se podría hacer efectiva la condena. Las condenas dictadas por el juez Ríos han generado el repudio inmediato de miles de trabajadores, organismos de derechos humanos, jóvenes y luchadores de todo el país que se pronunciaron y se movilizaron sistemáticamente por la absolución de César y Daniel.

Iniciamos inmediatamente una campaña de rechazo activo a las condenas dictadas por Ríos y lanzamos una campaña de cara a toda la clase obrera argentina. Vamos por el pronunciamiento y la movilización de todos los trabajadores. Las condenas a César y Daniel son el intento de allanar el camino del ajuste y la reforma laboral del gobierno, las patronales y el FMI. No pasarán. Absolución a César Arakaki y Daniel Ruiz. No a la reforma laboral. Abajo los convenios flexibilizadores. Basta de ajuste contra los trabajadores. Por una salida obrera y socialista.

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