En un estudio titulado “La foto revelada” elaborado por investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica de Córdoba, y el Conicet, se dieron a conocer estadísticas que pintan de cuerpo entero a las fuerzas represivas del Estado. En la investigación se destaca que desde el regreso a la democracia hasta 2019 hubo al menos 463 asesinados por las fuerzas de (in)seguridad de nuestra provincia.

De acuerdo al estudio mencionado, los casos de gatillo fácil representan el 47 % de las muertes a manos de la policía. Mientras que el 35 % de las víctimas corresponde a crímenes en contextos de encierro. Además, el 54 % de quienes son asesinades por el aparato represivo del Estado son menores de 25 años.

En el mismo informe se hace hincapié, entre otros puntos, sobre el funcionamiento de la policía barrial puesta en pie en 2016 por el gobernador Juan Schiaretti. Según las cifras que se presentan a la fecha, ese cuerpo cuenta con 22.000 efectivos: 625 agentes por cada 10.000 habitantes. Sin embargo, esto no implicó una disminución de delitos, todo lo contrario, en el primer semestre de 2019 se registran aumentos en los delitos contra la propiedad en un 6,3 % respecto del 2017 y de 3,2 % en relación a 2018. La tasa de homicidios, en el primer semestre de 2019 fue de 1,7 por cada 100 mil habitantes, mientras que en el mismo período de 2018 era de 1,5.

Sin dudas esta información refuerza una caracterización que consiste en señalar que el reforzamiento del aparato represivo no trae consigo más seguridad para la población. Vale decir que ante el surgimiento de hechos delictivos es muy común relacionar el crecimiento de la inseguridad con el de la pobreza. Se trata de una lectura que no tiene en cuenta el impacto del crimen organizado, tales como el narcotráfico, la trata de personas, los desarmaderos de autos o el robo de armas. Todos los delitos señalados no pueden desarrollarse sin tener una complicidad del aparato policial descompuesto.

El caso de Blas puso en la órbita mediática el accionar impune de las fuerzas represivas del Estado, pero no es el primero, en Córdoba en los que va de la cuarentena la policía estuvo involucrada directamente en el asesinato de 5 personas.

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En este marco es necesario desarrollar la movilización popular para conseguir justicia y tirar abajo la orientación represiva de quienes gobiernan. La jornada de lucha y movilización contra el gatillo fácil del próximo 27 de agosto será un pronunciamiento por justicia, contra la impunidad. En esa perspectiva se inscribe el planteo de poner en pie un plenario nacional contra la represión junto a familiares y amigues de las víctimas de la maldita policía en todo el país.

Más que nunca exigimos el desmantelamiento del aparato represivo del Estado, para terminar con el gatillo fácil y la impunidad de un aparato represor de las luchas obreras y populares.

 

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