Córdoba: acto en rechazo a la elevación a juicio de una causa contra el movimiento piquetero y sindical

La defensa de lxs compañerxs realizó una presentación por el sobreseimiento de lxs luchadores populares.

Corresponsal

El pasado martes 7 de mayo, a partir de las 9 horas se realizó en Tribunales II un acto en rechazo a la elevación a juicio de una causa contra seis referentes del movimiento piquetero y sindical de la provincia. La convocatoria se realizó poco antes de una audiencia sobre el tema en la Cámara de Acusación, en la que expusieron los abogados defensores. De la actividad fueron parte representantes de sindicatos combativos como UEPC-Capital (trabajadores de la educación), ATE-CTA, Químicos, Sutna (neumático), el Partido Obrero, el Polo Obrero y otras organizaciones sociales y piqueteras.

Cabe recordar que el fiscal Ernesto de Aragón realizó una investigación arbitraria al servicio de la criminalización de la protesta. Lxs compañerxs Soledad Díaz y Emanuel Berardo, dirigentes del Partido Obrero; Federico Giliani, dirigente de ATE; Agustín Nazar del MST; Roxana Carezano del MTR-Cuba; y Marisa Cariddi, de Libres del Sur, son imputadxs por “impedimento u obstrucción de transporte o servicios públicos” (art. 194 del Código Penal). Son criminaolzadxs en una causa armada a raíz de la protesta convocada por la Unidad Piquetera el pasado 5 de abril de 2023.

Lxs abogadxs defensores, entre ellxs Claudia Ferrero, y Jorge Navarro, expresaron en la audiencia de la Cámara de Acusación los derechos vulnerados y ahora el juez de control deberá decidir si eleva la causa a juicio. Como se trata de una causa armada, que tiene como ejes los testimonios realizados por la Policía, es claro que detrás de las imputaciones siempre estuvo el gobierno provincial, que persigue luchadores populares con su justicia adicta.

Así las cosas, la defensa dejó en claro que no hay pruebas para sostener la acusación contra quienes luchan contra el hambre y la miseria. De modo que lo realizado hasta ahora por el Poder Judicial constituye una criminalización de la protesta por cuenta y orden del Ejecutivo provincial. Quieren aleccionar a quienes rechazan el ajuste de quienes gobiernan.

Hay que decir que la persecución de la que son víctimas lxs compañerxs fue preparada por el Poder Judicial. En ese sentido, vale traer a colación una clara posición de criminalización de la protesta,  la del Juez de Control, Juan Manuel Fernández López, quien dijo que las “cabezas deben cortarse”, en relación a referentes de la protesta social, mientras tramitaba un habeas corpus contra las movilizaciones. Tiempo después se sucedieron las arbitrarias imputaciones.

El acto fue un punto de continuidad en la lucha contra el ajuste y la represión de las libertades democráticas, que son dos planos de una misma causa popular. La criminalización de la protesta es compartida por el gobierno de Javier Milei y el de Martín Llaryora. La bochornosa continuidad de esta causa armada es una expresión de lo mencionado.

Hay que decir que luego del acto, el Polo Obrero junto a organizaciones sociales nucleadas en la Utep, y el FOL, realizaron una fuerte protesta contra el desguace del programa Potenciar trabajo; en la convocatoria confluyeron más de 10 mil personas. Se trató de una fuerte denuncia del ajuste, y un claro ejercicio del derecho a la protesta.

Este 9 de mayo, las organizaciones cuyos compañerxs son criminalizadxs serán animadoras de un paro nacional que será activo en Córdoba capital. Los derechos se defienden en la calle, abajo la Ley Bases, basta de ajuste y represión, construyamos la huelga general para derrotar a Milei y sus socios.