El caso Jonatan Romo detonó un nuevo capítulo de la crisis policial en la provincia de Córdoba. Hay seis policías presos, que son solo la punta del iceberg de un crimen de Estado que expresa una descomposición en la fuerza y en el poder judicial. La víctima ya había sido reprimida en diciembre del año pasado, cuando cinco policías le perforaron un riñón, y entonces no hubo una investigación de oficio por parte del Poder Judicial.

Ahora la fiscal Paula Kelm se presentó a la sede policial e impidió que el hermano de Romo vea el cuerpo “para no contaminar la escena”, según declaró el abogado querellante Luis Galli a medios de comunicación.

Esta irregularidad se suma a su actuación en el caso Cecilia Basaldua, la joven asesinada en Capilla del Monte en 2020, cuyo crimen permanece impune. En ese caso Kelm pretendió enviar a la cárcel a un albañil sin tener en cuenta pruebas que comprometen a la Policía, algo que no consiguió por la lucha de familiares y el movimiento de mujeres. Los padres de la víctima pidieron que la investigación siga en otra fiscalía a la vez que pidieron juicio político para la fiscal.

La fiscal Paula Kemn quedó nuevamente expuesta en otra muerte ocurrida en Punilla. Pero tras el caso Romo solo se ordenó el recambio del grupo de investigadores que integran la Fiscalía de Cosquín, a cargo de la cuestionada funcionaria, y el cambio en la conducción de la departamental del Punilla.

Además fueron separados de sus funciones el director de Entrenamiento Policial Permanente Marcos Manrique, y el director general de Recursos Humanos, Formación Profesional y Entrenamiento Policial, Julio Faría. Además, dejó el cargo de la jefatura de la Departamental Punilla Norte el comisario Diego Bracamonte. Esto fue anunciado por el Ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera.

El gobierno busca mostrar una iniciativa con la remoción de funcionarios sin tocar el Ministerio de Seguridad, ni volver a tocar la Jefatura policial. En tanto que el fiscal general de la provincia, Juan Manuel Delgado, no cuestiona el proceder de la institución. Con estos anuncios el Ejecutivo busca tener una iniciativa en un caso que vuelve a comprometer al poder político.

En ese sentido, la propia jefa de la Policía reconoció que no se cumplieron protocolos. La Voz del Interior destaca un cambio en el accionar del gobierno en relación a otro crimen de Estado como el de Blas Correa. En relación a que ahora desde el poder ejecutivo salieron a realizar declaraciones. Sin embargo, importa tener en cuenta la esencia del problema: una nueva muerte a manos de la Policía, que hunde sus raíces en una descomposición de la cual no hay salida mediante protocolos.

Cabe tener en cuenta que el caso Jonatan Romo, y sus consecuencias, se suman a lo informado en el pasado mes de mayo, cuando la Policía de Córdoba registró en tres meses cuatro cambios de cúpulas y 720 causas graves. Las cifras dan cuenta de una Institución policial tan descompuesta que no admite reformas.

El de Jonatan Romo es otro crimen de Estado por el que se volverá a marchar en Córdoba. Este domingo 17 la familia convocó a movilizarse en La Falda, la lucha en las calles será determinante para arrancar juicio y castigo a todos los responsables materiales y políticos.

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