La Policía de Córdoba atraviesa una crisis de fondo.  Así lo demuestran una serie de acontecimiento delictivos en los que participan integrantes de la fuerza de (in)seguridad. Solo en los últimos 3 meses se removieron 4 mandos en tres unidades departamentales. Como “el pez se pudre por la cabeza”, información oficial da cuenta que hay, en curso, 720 causas graves contra uniformados, muchas de ellas graves.

Entre lo más reciente se informó que hay agentes implicados en estafas piramidales, como la conocida causa de Generación Zoe, o la denominada “Zoe Azul”.  Por supuesto que también hay uniformados implicados en graves causas como gatillo fácil, el robo de una caja de seguridad de la Comisaria de Carlos Paz, coimas, el robo de computadoras del Poder Judicial; entre otros delitos.

Desde hace años que la Policía es noticia por estar involucrada directa o indirectamente en una cadena de delitos. Sin embargo, el gobierno de Córdoba mantiene en el cargo al mismo personal político que debería dar respuesta por la crisis policial en curso.

El año pasado el gobierno de Juan Schiaretti buscó darse una iniciativa tomando medidas que incluyeron el cambio de la jefatura de la policía, un protocolo de uso de arma de fuego y, la última medida, fue la puesta en marcha de un Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad. Recientemente este organismo emitió un informe que da cuenta que “en tres meses se iniciaron 720 causas graves contra agentes de la Policía, el Servicio Penitenciario y la Fuerza Policial Antinarcotráfico, los organismos de seguridad que se encuentran bajo la jurisdicción administrativa del nuevo tribunal” (La Voz del Interior 3/4)

Para la citada fuente “las causas son graves, gravísimas, y plausibles de destitución”, además, el diario afirma que el número es difícil de valorar, ya que no existen informes publicados sobre el número de causas que se presentaban en el anterior tribunal, pero impacta si consideramos que la anualización del número ronda los tres mil casos, un número similar al total de ingresos a la Escuela de Suboficiales de la Policía en 2021”. Es decir que se descomponen uniformados en la misma proporción de los que egresan de la escuela, brutal.

La descomposición también incluye a los jefes. Esto se ve claramente reflejado en los recurrentes cambios de jefaturas en la Unidad Departamental, con asiento en Jesús María “fueron desplazados la jefa y varios comisarios tras la denuncia de una policía por supuesto abuso sexual y acoso laboral” (La Voz del Interior 3/4)

Hay que tener en cuenta que la ex jefa de la Policía del departamento Colón, Bibiana Mercedes Cabrera, solo llevaba dos meses en funciones tras haber reemplazado en el cargo al comisario mayor Manuel Vera, luego de que este fue desplazado tras una salvaje represión desatada en un evento musical.

También fue removida la jefatura de la Policía de Carlos Paz, tras el escandaloso robo de una caja de seguridad que se encontraba en la propia sede policial. En tanto que la cúpula directiva de la Unidad Departamental de Cruz del Eje fue desplazada tras el “bochornoso escape de un supuesto narco que estaba detenido”, calificó la mencionada fuente.

En este cuadro, días atrás, el cuestionado Ministro de Seguridad de la provincia, Alfonso Mosquera realizó declaraciones en una visita a Rio Cuarto, presentó a los policías estafados en la causa conocida como “Zoe Azul” como “presa fácil”, y prometió que se castigará a los involucrados en el delito. La premura para sancionar la estafa no se condice para nada con las causas de gatillo fácil en las que, quienes tiraron a matar, gozan de libertad.

En ese sentido, el asesino de Isaías Luna sigue impune. En tanto que lxs familiares de Joaquín Paredes denunciaron  “el retraso del poder judicial al dictar la #PreventivaYa a los 3 homicidas liberados con caratula de homicidio e intento de homicidio doblemente agravado. Todo retraso es CÓMPLICE. #JusticiaPorJoaquin y por todos los pibes y las pibas que mató la policía”. El poder político guarda silencio de radio sobre el caso.

Así las cosas, las cifras que se conocen al poco tiempo de poner en práctica el nuevo Tribunal de Conducta policial muestran una descomposición profunda y estructural de la institución policial. Schiareti no puede ir a fondo contra la policía del gatillo fácil, las estafas piramidales, el narcotráfico y los robos, puesto que necesita de ella para reprimir la protesta social, sobre todo en un marco de profunda crisis social. Por eso, un verdadero cambio de la situación de descomposición policial pasa por organizarse por una trasformación social. En esa perspectiva la elección popular de jueces y fiscales, y el desmantelamiento del aparato represivo constituyen planteos centrales con los cuales construir la fuerza para terminar con la impunidad y la represión.