Pasan los días y salen a la luz más policías involucrados en diferente tipo de delitos. Solo en la última semana se informó la detención de un sub comisario, un sargento y dos agentes, luego del allanamiento a la jefatura policial por la causa de estafas piramidales conocida como “Zoe Azul”. Además, tomó estado público la aprensión de un agente que habría robado computadoras de la sede del Polo Judicial.

En la causa de estafas piramidales tenemos a policías estafando hasta colegas, y en el hurto a en Tribunales y no descartan que haya más efectivos implicados. Cabe tener en cuenta que el agente imputado cumplía tareas de seguridad en el Polo Judicial de barrio Observatorio, y sin embargo seria quien le robó a la “Justicia”. Hay que tener en cuenta que en esta causa “el primero de estos robos denunciados tuvo lugar a mediados de abril último. Los ladrones se llevaron dos notebooks que tenían instalado un valioso software”, según publicó Hoy Día Córdoba.

La citada fuente también afirmó que “el segundo, en tanto, ocurrió un mes después. Esa vez se constató el faltante de dos computadoras “comunes”. Ya a fines de mayo, ocurrió la tercera sustracción. En esa ocasión, los delincuentes tomaron un mouse, un CPU, una pantalla y un teclado de diferentes equipos”.

“Es como si con todas las partes sueltas hubieran armado una nueva computadora”, declaró una fuente policial al mencionado medio informativo ¿Estamos en presencia de un hurto o en una acción delictiva para impedir el desarrollo de una investigación?

En la causa de estafas piramidales, vale recordar que el pasado viernes 25 de marzo se ordenó el allanamiento de la jefatura de Policía de Córdoba ubicada en la Avenida Colón al 1700, en el marco de la investigación por estafas reiteradas y asociaciones ilícitas. El monto de la estafa superaría el millón de dólares y ya son 12 los imputados, entre ellos sargentos, subcomisarios, un policía federal, un abogado y una contadora expolicía.

Además, dos de los involucrados son hijos de Mirta Graciela “Cuca” Antón, quien formó parte de la fuerza y fue condenada por crímenes de lesa humanidad en la dictadura, según publicó La Voz del Interior. La causa es seguida por el fiscal José Mana y su secretaria dice que esta actividad comenzó al menos en 2019 y que habría al menos más de 100 denunciantes. Aunque recién estás semana se están dando a conocer los cómplices de estas estafas.

En este marco, el ministro de seguridad de la provincia, Alfonso Mosquera, profundamente cuestionado por los casos de gatillo fácil en la provincia, realizó declaraciones a Cadena 3 presentando a los policías como víctimas. Pero, más allá de quienes resultaron estafados, lo cierto y concreto es que la investigación de esta causa de asociación ilícita comenzó en el 2019. Es decir que esta banda de estafadores llevaba años funcionando. El gobernador de la provincia, Juan Schiaretti, guarda silencio de radio.

En Prensa Obrera venimos denunciando delitos de las fuerzas de (in)seguridad, incluidas estafas usando el esquema de Ponzi. Esto requiere de la plena complicidad del Estado, como así también del sistema financiero. No debe sorprender entonces que el aparato represivo aparezca como cómplice directo o incluso forme parte de las organizaciones delictivas.

La participación de las fuerzas de (in)seguridad en el narcotráfico, las redes de trata y el delito organizado en general hacen imperioso desmantelar el descompuesto aparato represivo. A 46 años de la última dictadura cívico, eclesiástico y militar, reclamamos contra la impunidad de ayer y hoy, y denunciamos un aparato represivo descompuesto del que quienes gobiernan se valen para reprimir al pueblo trabajador.