Este martes 9 de abril, a partir de las 10:30 horas, la Cámara del Crimen dictará sentencia en el juicio por la muerte de Rodrigo Sánchez en manos de Lucas Gastón Carranza, policía de la provincia de Córdoba. Está comprobada la responsabilidad del agente en este caso de gatillo fácil.

La familia llevó a cabo una larga lucha. Participó de la coordinadora de víctimas de gatillo fácil por años. Gabriela, mamá de Rodrigo, llegó a encadenarse a Tribunales II porque la Justicia no investigó con premura una acción criminal de un integrante de las fuerzas de (in)seguridad. Una vez arrancado el juicio, el Poder Judicial dilató la causa hasta más no poder.

En la convocatoria a la última audiencia del juicio, la familia planteó: “Desde la querella pedimos y esperamos la pena de 12 años de prisión, que responde a la calificación por homicidio simple con dolo eventual agravado por el uso de arma”.

El acusado, luego de matar a Rodrigo, fue autor del robo de una campera en un shopping: un descompuesto, como la fuerza a la que pertenecía. También suele ser recurrente que los policías con antecedentes delictivos sigan en funciones, como los efectivos que dispararon contra Blas Correa.

La primera fiscal que participó de la investigación, Jorgelina Gutiez, sostuvo la postura de la defensa que pretendió instalar una “legítima defensa” y el cumplimiento de los deberes de funcionario público, y sobreseyó a Carranza. La complicidad judicial con los delitos aberrantes de la fuerza policial es constante, legalizan el encubrimiento agravado. No hubo ningún tiroteo. Carranza le disparó a Rodrigo por la espalda en cinco oportunidades.

Gatillo fácil nunca más

Luego de una masiva marcha el 24 de marzo, la lucha contra la represión y por los derechos humanos continúa. El caso de Rodrigo es un ejemplo de una política sistemática en los años de democracia. Una política de criminalización de la pobreza y protesta. Son fuerzas policiales que se encuentran implicadas en el crimen organizado, en el narco, la trata, los desarmaderos de autos y en bandas de robos y hurtos. Al mismo tiempo se encargan de criminalizar los hurtos famélicos y a los niños y adolescentes que viven en los barrios populares y a los luchadores. Una tendencia que se ha profundizado en los últimos años.

La sentencia en el caso de Rodrigo, si es favorable a la querella, será justicia. El juicio es resultado que es producto de una ardua lucha de la familia y del movimiento antirepresivo y contra el gatillo fácil en Córdoba.

Familiares de Rodrigo fueron impulsores en las últimas siete marchas contra el gatillo fácil, pidiendo justicia por todxs lxs pibes asesinados por las fuerzas policiales. El Estado es y fue responsable.

Lo sucedido a Rodrigo es otro caso de gatillo fácil recurrente en las fuerzas policiales, expresión de una orientación política que las empodera. Todo un aparato descompuesto usado en la política de criminalización de la protesta por parte del gobierno de Córdoba y su ‘’Justicia’’. Llaryora profundiza la política de Schiaretti en relación a “seguridad” y pacta con Milei para destruir las condiciones de vida de la población.

¡Justicia por Rodrigo Sanchez! Desmantelamiento del aparato represivo del Estado, para terminar con una fuerza corrupta y descompuesta; por la elección popular de jueces y fiscales, para terminar con la complicidad constante de la justicia con los negociados de la política y la policía. Basta de impunidad. Gatillo fácil nunca más.

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